El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), el perredista Silvano Aureoles, pidió a las autoridades administrativas de San Lázaro llegar hasta las últimas consecuencias contra el Director General Editorial y de Imagen Legislativa, José Raúl Márquez Córdova, quien ostenta una licenciatura y una cédula profesional que son falsas, … Continued
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), el perredista Silvano Aureoles, pidió a las autoridades administrativas de San Lázaro llegar hasta las últimas consecuencias contra el Director General Editorial y de Imagen Legislativa, José Raúl Márquez Córdova, quien ostenta una licenciatura y una cédula profesional que son falsas, según reportes oficiales de la secretaría de Educación Pública (SEP).
“Que se investigue y que se aplique la ley. Si hay alguien que está usurpando una profesión o dice que tiene una profesión y lo acredita con un documento que es falso, simplemente está cometiendo un delito”, dijo.
Este lunes se dio a conocer el oficio número DGP/DJ/1354/2014, en el que la Dirección General de Profesiones de la SEP informó que no existen antecedentes profesionales que este funcionario público, el cual percibe un sueldo mensual bruto de 123 mil 976 pesos, tenga una carrera académica reconocida.
“Informo a usted que la consulta realizada en el Sistema del Registro Nacional de profesionistas (SEP) no se encontraron antecedentes profesionales a nombre de José Raúl Márquez Córdova, con licenciatura en Economía, y la cédula 2475700 corresponde a otra persona”, detalló en el oficio la jefa del Departamento Jurídico de la Dirección General de Profesiones, Ingrid Mercedes Jaso López.
Además, el funcionario público usa una cédula de profesional que de acuerdo con la misma SEP le pertenece a un ciudadano identificado como Jesús Alfredo Molina Vázquez, quien es Licenciado en Derecho por la Universidad Valle del Bravo, en Tamaulipas.
En ese sentido, el perredista recordó que de comprobarse este caso se habría incurrido en un delito grave, por lo que pidió a los jefes superiores de este funcionario aclarar este caso, pues no solo se trata de un engaño, sino del uso de datos que le corresponden a otra persona.
Con información de El Universal
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