El Poder Judicial de la federación, la PGR y la Segob solicitaron al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de entrada en vigor gradual, a partir del 24 de noviembre de este año, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en Durango y Puebla en su primera fase. En la firma de la solicitud, el … Continued
El Poder Judicial de la federación, la PGR y la Segob solicitaron al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de entrada en vigor gradual, a partir del 24 de noviembre de este año, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en Durango y Puebla en su primera fase.
En la firma de la solicitud, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, indicó que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado una política de seguridad y de procuración de justicia que busca que México cuente con un Estado de derecho sólido y eficaz, en el que la ley se cumpla sin excepción.
Peña Nieto, expuso el comisionado, impulsó una legislación procesal única que fuera válida en todo el territorio nacional, para lograr una armónica transición de las instituciones del país al sistema de justicia penal acusatorio, que incluye los juicios orales.
Detalló que 18 estados ya se incorporaron al sistema acusatorio y otro número importante está por hacerlo, pero para que esta reforma logre sus objetivos se requiere que la federación lo adopte, y para ello se necesita la puesta en vigencia del código mencionado.
En representación del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio, Rubido García señaló que antes de la expedición del Código Nacional, el 5 de marzo de 2014, convivían 34 códigos procesales penales en todo el país, lo que impedía la operación de un modelo unificado de justicia penal.
Subrayó que el nuevo código, aprobado por el Congreso en enero de este año, generó un modelo único que será aplicado en todo el país, e incorpora el sistema de justicia penal acusatorio oral, que deberá entrar en vigor a más tardar en junio de 2016.
Con esto disminuyen los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y se genera una misma protección jurídica en todo el país, lo que favorece la igualdad jurídica; se brinda mayor seguridad y certeza jurídica, y se estandarizan los criterios de interpretación de los juzgadores de todo el territorio nacional, añadió.
A su vez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, especificó que en una primera etapa se implementará el nuevo sistema de justicia penal en Durango y Puebla.
Luego, en una segunda etapa seguirán Yucatán y Zacatecas, y en la tercera se implementará en Baja California en marzo de 2015, aseveró el ministro presidente.
Silva Meza destacó que en una cuarta etapa están previstos San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos, en junio de 2015, y en la quinta y última fase, que concluirá en enero de 2016, el nuevo sistema se establecerá en Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz.
En su turno, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que el nuevo código afianza el federalismo, “no lo desaparece ni lo enturbia”, ya que unificará procedimientos en favor de la impartición de justicia.
Durante la firma de la solicitud, dirigida a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, participó la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow.
Así como la subprocuradora Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, y consejeros de la Judicatura Federal.
Con información de Notimex
Minuto a minuto
