Como resultado de la campaña emprendida por el PAN, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal admitió 600 denuncias ciudadanas por el daño patrimonial que ha causado el cierre parcial de la Línea 12 a usuarios de Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa. Las denuncias en contra de Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, … Continued
Como resultado de la campaña emprendida por el PAN, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal admitió 600 denuncias ciudadanas por el daño patrimonial que ha causado el cierre parcial de la Línea 12 a usuarios de Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa.
Las denuncias en contra de Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, y Francisco Bojórquez, ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, fueron interpuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El asambleísta Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro, precisó que las denuncias se fundamentan en la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Esa norma establece la obligación de las autoridades para indemnizar a quien vea alterado su patrimonio, como resultado de las acciones u omisiones del gobierno.
“Ahora se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas por parte de las autoridades involucradas en las fallas técnicas, las que deberán ser citadas ante una audiencia con las 600 personas que firmaron las denuncias para ser indemnizadas”.
“Veremos si hay una resolución favorable para estos ciudadanos, que puedan ser indemnizados por parte del gobierno del Distrito Federal en una primera estancia y que el gobierno tenga la oportunidad de repercutir en la indemnización contra los responsables”, dijo.
Téllez Hernández pidió que el proceso administrativo sea “rápido y oportuno”, pues se está dando un voto de confianza al contralor Hiram Almeida Estrada, aun cuando no han concluido las investigaciones del caso y falta deslindar la responsabilidad de otros servidores públicos.
Insistió que la bancada pugnará por conseguir que los denunciantes sean indemnizados por un monto equivalente al gasto acumulado que han tenido que realizar como consecuencia del cierre parcial de la Línea 12, el cual se estima que fluctúa entre tres y cinco mil pesos por usuario.
Con información de Notimex.
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