En la desaparición masiva de personas, ocurrida en el municipio de Allende en marzo de 2011, actuaron ex servidores públicos en complicidad con Los Zetas, entre ellos dos agentes de la Policía Municipal que están detenidos y enfrentan cargos por secuestro, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La dependencia aseguró que el … Continued
En la desaparición masiva de personas, ocurrida en el municipio de Allende en marzo de 2011, actuaron ex servidores públicos en complicidad con Los Zetas, entre ellos dos agentes de la Policía Municipal que están detenidos y enfrentan cargos por secuestro, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La dependencia aseguró que el número de desaparecidos no fue 300, como originalmente informaron algunas autoridades -entre ellas el alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez-, sino 28.
La Procuraduría aseguró que “se tiene la certeza jurídica” de que 11 (nueve varones y dos mujeres) fueron asesinados y calcinados para borrar “cualquier evidencia”.
Se dio a conocer que además de las víctimas asesinadas, hay 17 personas no localizadas; de ellas, se sabe que 15 huyeron a Estados Unidos para ponerse a salvo de la ola de violencia de los municipios de la zona norte de Coahuila.
Desde entonces, el Ministerio Público solicitó a varios jueces un número no determinado de órdenes de aprehensión, pero en tres años solo logró detener a cuatro personas: María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, ex policías municipales, así como Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez, identificados como integrantes de la banda delictiva Los Zetas.
“Estas personas enfrentarán un proceso penal por el delito de secuestro calificado, con la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia. La penalidad que pueden alcanzar es de hasta 45 años de prisión; respecto a dos de ellos (los funcionarios), el delito de secuestro calificado resulta agravado por haberse cometido al desempeñarse como elementos de seguridad pública en el momento de los hechos, por lo cual su sentencia puede llegar hasta los 50 años”, dijo en conferencia de prensa el procurador Homero Ramos Gloria.
Con información de La Jornada
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