Los más de mil 700 servidores públicos que han sido inhabilitados han incurrido en ilícitos o faltas administrativas según la Contraloría
El titular de la Contraloría General capitalina, Eduardo Rovelo Pico, informó que en lo que va de 2016, el gobierno de la Ciudad de México ha inhabilitado a más de mil 700 servidores públicos que han incurrido en ilícitos o faltas administrativas.
Sobre el caso específico del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, dijo que hasta el momento no lo han citado, porque no se tiene en su contra ningún procedimiento administrativo.
Detalló que el funcionario local fue llamado por el caso de su ex director jurídico, así como otros dos asuntos que investiga la contraloría en esa demarcación.
Dicha instancia indaga la responsabilidad administrativa del ex director jurídico de la Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, pero toca a las autoridades investigar el origen lícito o no de los 600 mil pesos con los que fue sorprendido el 15 de septiembre pasado, precisó.
Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el funcionario dijo que bajo ninguna circunstancia una pesquisa de transparencia debe trasladarse a una arena política.
Destacó que en el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, se han recibido 44 mil 628 declaraciones patrimoniales en el ejercicio 2016, que suman 14 mil 139 más que en 2015.
El contralor general informó que se promovió la imposición de mil 807 penas convencionales por poco más de 280 millones de pesos, en mil 31 contratos.
Con relación al rubro de Responsabilidades, durante el periodo se emitieron dos mil 147 sanciones administrativas y 145 sanciones económicas en cinco bloques de sancionados.
Asimismo, dijo que se registraron 15 mil 580 solicitudes de atención ciudadana: mil 473 con atención inmediata, seis mil 198 turnadas a otras autoridades para su atención, y siete mil 909 registradas de manera oficial.
Señaló que se gestionó la expedición de 53 mil 321 constancias de no inhabilitación búsqueda, que permitió detectar y evitar que 219 funcionarios sancionados accedieran a la Administración Pública de la capital del país.
El contralor general señaló que durante el periodo que se informa, se pusieron en operación los lineamientos de la Evaluación Preventiva Integral (EPI), como mecanismo de Control de Ingreso a la Administración Pública de la Ciudad de México.
Con ello, Rovelo Pico destacó que la Contraloría General garantiza a la sociedad que los servidores que se incorporan, cuentan con la integridad y competencias necesarias para desarrollar su labor con calidad.
En lo que concierne a la estrategia de Atención Ciudadana, dio a conocer que se registraron 914 verificaciones, y durante estas actividades se recibieron 51 denuncias.
De igual manera, indicó que la Red de Contraloría Ciudadana se incrementó a 893 integrantes que participaron en la supervisión de mil 104 procedimientos de adjudicación y arrendamiento.
En tribuna comentó que desde que tomó posesión Ricardo Monreal como jefe delegacional en la Cuauhtémoc, sólo ha presentado una denuncia y no 100 como ha señalado el funcionario.
Redacción
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