Esto, más la Ley de Supremacía Constitucional, le da patente de corso al régimen para hacer lo que sea con las leyes constitucionales y cualquier ley secundaria
Hoy se puede pronosticar lluvia para el Valle de México, prácticamente se puede garantizar alguna calle bloqueada, pero hoy no es posible tener certezas de hacia dónde va el país después de la consumación del capricho autoritario de ayer 01 de junio.
Las posibilidades de obtener un Poder Judicial libre, autónomo, eficiente, totalmente independiente son prácticamente nulas. Nunca fue el espíritu de esta reforma, porque ese no es la esencia del régimen que lo propuso.
Pero tampoco es posible saber quién podrá quedarse con todos los hilos de las decisiones judiciales, a todos los niveles que ahora fueron expuestos a la manipulación, cuando los perfiles de los diferentes candidatos respondían a múltiples poderes políticos y fácticos de México.
Lo que hoy se ha consumado es producto de un arrebato, de un capricho claramente autoritario del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien, en ninguna campaña, plan de gobierno o libro habló de esta desintegración del Poder Judicial.
Dos hechos marcaron políticamente, al menos ante la opinión pública, la suerte de ese poder hoy apabullado, el fracaso en la reelección del ministro Arturo Zaldívar y la osadía de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, de no inclinarse ante el gran poder presidencial.
La desintegración de la autonomía judicial fue algo tan improvisado que de hecho a este golpe al Estado de derecho se le llama también el Plan C.
Hoy se acumulan las evidencias del fracaso de la elección y del desaseo para imponer ciertos nombres que en breve habremos de conocer como las grandes ganadoras de los asientos de la Corte.
Esto será un golpe muy duro para el Instituto Nacional Electoral que no sólo quedará mal ante una parte muy ampla de la sociedad, sino que se echaron la soga al cuello demostrado que pueden llevar a cabo elecciones, así sea éstas, sin presupuesto.
Pero, sobre todo, lo que priva hoy es la incertidumbre de cómo se manejará un país que no puede ofrecer garantías de independencia judicial y no sólo por la garantizada alineación que tendrán la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Esto, más la Ley de Supremacía Constitucional, le da patente de corso al régimen para hacer lo que sea con las leyes constitucionales y cualquier ley secundaria.
Pero en ese mundo de nombres, boletas y opciones para votar, que ayer aparecieron ante los que decidieron acudir a las urnas, hay muchos puestos que no tendremos certeza a qué intereses responden.
La incertidumbre de tener que averiguar con la práctica si por ahí se pudieron colocar garbanzos de a libra que respeten las leyes o si hay, como los había en la boleta, candidatos que representen al crimen organizado o a otros poderes fácticos.
Hoy no sabemos hacia dónde va México, no sabemos si el golpe a la institucionalidad y división de poderes que se acaba de concretar derivará en un autoritarismo que se pueda disfrazar en las leyes y las elecciones para evitar cualquier cuestionamiento externo.
No hay manera de saber si las libertades se van de la mano de las inversiones.
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