David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, citó ayer muy temprano a los integrantes del Consejo de Dirección de la ASF. Durante tres horas revisaron el informe ejecutivo sobre la Cuenta Pública 2017
David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, citó ayer muy temprano a los integrantes del Consejo de Dirección de la ASF. Durante tres horas revisaron el informe ejecutivo sobre la Cuenta Pública 2017, el primero elaborado completamente por este nuevo equipo.
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia, recibió el compendio y de conformidad con la legislación vigente, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados deberá enviarlo al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al que pronto se integrará la nueva fiscal especializada en la materia, María de la Luz Mijangos.
Una revisión puntual de los aspectos torales de la reforma educativa peñista y la memoria de la fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de México están entre las separatas que acompañan el informe de Colmenares Páramo. Ambos asuntos y los reportes sobre los recursos autorizados para la atención de los damnificados de los sismos de septiembre del 2017 forman parte de los “temas relevantes” del último paquete de auditorías.
La ASF emitió 9,514 observaciones, de las cuales, 1,932 fueron pliegos de observaciones —cuando existe la presunción de daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos—; 143 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal —mediante las que la ASF informa a la autoridad competente, como el SAT, el IMSS, el ISSSTE, entre otros, sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal— y 2,789 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias, con los cuales la ASF notifica a los órganos internos de control la detección de posibles responsabilidades administrativas.
La tercera entrega de informes individuales identificó 68,136 millones de pesos, como pendientes de aclarar por las instancias auditadas. Y el auditor superior se ha comprometido a presentar las denuncias penales de la Cuenta Pública 2017 cuando recabe todos los elementos que permitan proceder contra los presuntos responsables. Colmenares Páramo estableció que simultáneamente, la ASF analiza los asuntos de las Cuentas Públicas del sexenio peñista (2014, 2015 y 2016).
Colmenares Páramo ha presentado 54 denuncias. “Estamos en un proceso de revisión de lo atrasado con la Fiscalía General de la República, para el seguimiento, coadyuvancia y presentación de las denuncias de hechos”, advirtió.
En la estructura de la ASF ahora funciona una Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, donde analizan la información para integrar 1,202 expedientes para un posible fincamiento de responsabilidad resarcitoria, de los cuales, en 152 casos ya se iniciaron los procedimientos correspondientes. En un periodo de cuatro meses, de octubre del 2018 a febrero del 2019, se han procesado 4,447 acciones. Colmenares Páramo requiere superar la conclusión de 5,000 acciones cuatrimestrales para revertir el rezago que se acumuló de 15,603 acciones.
EFECTOS SECUNDARIOS
INCERTIDUMBRE. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desahogó ayer 18 juicios. En la orden del día no se incluyó el proyecto para resolver las quejas contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que decretó la pérdida de registro de Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 1 de julio del 2018, que fueron radicados a la ponencia de Federico de la Mata Pizaña. El vicecoordinador de los legisladores del PES en San Lázaro, Jorge Argüelles, urgió a los magistrados a emitir un fallo, que espera favorable a su causa. “Tuvimos los votos y tenemos la representación política en el Congreso de la Unión que así lo acreditan”.
A CUENTAGOTAS. El Ejecutivo federal designó a Nadine Gasman como titular del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coincide con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurel, en el ejercicio de su doble nacionalidad: la funcionaria de ONU Mujeres también es brasileña. Concluido este proceso de designación, en el Senado de la República procederán a la ratificación de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y antes de que concluya la semana, el pleno también resolvería sobre la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego del retiro de Margarita Luna Ramos. En las semanas previas, dos de las tres aspirantes han sido señaladas por sus nexos familiares y políticos. Una de ellas es Loretta Ortiz, quien cuenta con una trayectoria de cuatro décadas en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y pide que se valore a las participantes por su trayectoria profesional y académica, no por sus relaciones matrimoniales.
INOPORTUNOS. El senador Juan Zepeda ha condicionado su estancia en las filas perredistas: si las corrientes mayoritarias respaldan su intentona de convertirse en líder nacional del sol azteca, el excandidato a la gubernatura del Estado de México se queda; pero en caso contrario, aceptará la invitación de Dante Delgado para integrarse a las filas convergentes. En el centro de la pugna entre las corrientes del partido izquierdista está el financiamiento público, tal y como denunció el recientemente depuesto líder del PRD en la CDMX, Raúl Flores García, quien asegura que desde la Dirigencia Nacional Extraordinaria se quiere imponer una presidencia “pelele” en el comité estatal, para dar manga ancha a Nueva Izquierda y ADN en el manejo de los 59 millones de pesos que representa la prerrogativa anual de dicho instituto a nivel local.
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