Ha pasado un mes de la aparición, en el Diario Oficial de la Federación, del último emplazamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dirigido a Gerardo Pavón Luna, exgerente de servicios TI en Banobras. En curso, el procedimiento resarcitorio DGR/C/06/2018/R/13/273 para que el funcionario, quien fue cesado debido a las indagatorias por los … Continued
Ha pasado un mes de la aparición, en el Diario Oficial de la Federación, del último emplazamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dirigido a Gerardo Pavón Luna, exgerente de servicios TI en Banobras. En curso, el procedimiento resarcitorio DGR/C/06/2018/R/13/273 para que el funcionario, quien fue cesado debido a las indagatorias por los contratos de prestación de servicios otorgados por esa institución bancaria —a través de su dirección de administración— con la Universidad Autónoma del Estado de México para actualizar sus sistemas computacionales.
Pavón Luna habría omitido dar “el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato DAGA/026 —vigente desde el 1 de abril del 2013—, cuyo objeto consistió en prestar los servicios de fábrica de software para sistematizar y automatizar los procesos relevantes de la institución, así como el mantenimiento y las mejoras de portafolio de aplicaciones vigentes de Banobras”.
Entre los servicios contratados estaban el desarrollo y la entrega de la automatización de los procesos, mediante la implantación del Sistema Integral Bancario (Siba) y del GRP. Y los recursos presupuestales salieron en la Cuenta Pública 2013, al igual que los montos de al menos otros contratos asignados por la dirección de administración de Banobras —amparado en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones— al Fondict-UAEM entre el 2013 y el 2015, por 372 millones de pesos. El contrato plurianual DAGA/045/2013, por los servicios de control, operación y soporte de tecnologías de la información y comunicaciones, pudo haber alcanzado 206.1 millones de pesos, pero quedó cancelado, el 31 de noviembre del 2015 tras de que la ASF detectó sobreprecios y pagos por trabajos que no se realizaron, además de que quedó acreditado “la falta de capacidad del proveedor”. Por las mismas razones, Banobras rescindió el contrato plurianual DAGA/055/2013, por 180.4 millones de pesos, para la dotación del servicio LAN y una red inalámbrica y telefónica IP.
El probable daño al patrimonio de Banobras por las omisiones de Luna Pavón en la implantación del Sistema Integral Bancario y GRP ascendería a 15.4 millones de pesos. El pasado 1 de agosto, el exfuncionario estaba citado a una audiencia de responsabilidades en la nueva sede de la Auditoría Superior de la Federación. Desde el pasado 23 de abril, el exfuncionario de Banobras había tramitado un amparo en la sexta sala metropolitana del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa que se resolvió negativamente el pasado 5 de junio.
Cuatro días antes, Banobras empezaba nuevamente con la implementación del sistema GRP, luego de que un mes antes hubiera asignado el contrato abierto plurianual DAGA/034/2018 a la firma SAP México. La vigencia de contrato es de 18 meses contados a partir del pasado 2 de junio. El precio mínimo es de 3.2 millones de dólares y el máximo es de 8.2 millones de dólares, más IVA.
En octubre del 2014 ocurrió el primer intento de Banobras para renovar el SIBA a través de la plataforma SAP. Vía licitación, el contrato fue asignado a la firma Advanzer, y en sus cuatro años de ejecución podía alcanzar hasta 439.5 millones de pesos, más IVA. Ese contrato contemplaba la modalidad del Uso del Sistema (SaaS) de renta de licencias, en vez del modelo tradicional de la compra de éstas. Y, peor aún, no consideró los módulos de Mercados Financieros, Administración Integral de Riesgos, Derivados Financieros y Fiduciario para operar bajo una misma plataforma. Derivado de esas objeciones del OIC del banco y de las recomendaciones de la ASF, el contrato fue cancelado, aunque para entonces ya se habían erogado 250 millones de pesos.
En la época de Alfredo del Mazo, como director general de Banobras, hubo un uso reiterado de ese artículo —que permite contrataciones directas entre instituciones públicas, pero donde éstas a su vez subcontratan la mayoría de los servicios para los que fueron contratados— para la actualización de los servicios tecnológicos de esa institución. Con el Fondict-UAEM fueron 423 millones de pesos en los primeros dos años de la administración peñista. Pero la Auditoría Superior de la Federación, en una revisión forense de la Cuenta Pública 2014, determinó que además de los sobreprecios, la universidad mexiquense no tuvo la capacidad de cumplir las adjudicaciones directas y subcontrató a empresas escogidas por Banobras a las que se pagaron trabajos nunca realizados.
Ahora, Del Mazo es gobernador del Estado de México. En dos semanas cumplirá un año al frente de la primera magistratura mexiquense. Y este lunes acudió a Chimalhuacán, para la apertura del ciclo escolar 2018-2019 de la UAEM, a la que aprobó un incremento de 15% a su presupuesto, que equivalen a 975 millones de pesos.
EFECTOS SECUNDARIOS
BORREGAZOS. Hace una semana, coincidiendo con la ausencia del país de Germán Martínez Cásarez, comenzó a circular la versión de que su nombramiento como director del IMSS se había caído. “Su fuerte es lo legal”, insistían las voces que colocaban al senador tabasqueño Fernando Mayans Canabal en esa posición. Además del paisanaje, el doctor haría valer la relación de amistad de su hermano Humberto con AMLO. Antes de su viaje, el exdirigente panista y exsecretario de la Función Pública sostuvo un par de reuniones con el candidato ganador de las elecciones presidenciales para consensuar las líneas estratégicas que desplegará al frente del IMSS y, entre otras directrices, está en pie la mudanza de la dirección general a Morelia.
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