La proyección es que el mercado negro, de vapeadores y productos de tabaco, alcance los 20,000 millones de pesos en un periodo de dos años, desde 5,000 millones
No hay debate: inhalar sustancias es nocivo para la salud. Pero el argumento de la prohibición del régimen para usar vapeadores y cigarrillos electrónicos no parte de una respuesta estratégica sanitaria de Estado, sino del capricho personal y autoritario del expresidente López Obrador.
Si un hijo menor de edad tiene problemas de adicción, la respuesta es la cercanía, la atención y los cuidados. Pero cuando López Obrador firmó el decreto inicial, en mayo del 2022, comentó que tomó la decisión de promover la prohibición después de que se percatara de que su hijo Jesús Ernesto había utilizado uno de esos dispositivos. Esa es una respuesta megalómana, no de un padre de familia.
En ese momento la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición de importación y comercialización de vapeadores y dispositivos similares, por las afectaciones comerciales que implicaba.
Los decretos presidenciales no suplen la necesaria atención paternal, pero era López Obrador y lo dijo con todas sus letras: “Voy a enviar una iniciativa de ley antes de irme para prohibir los vapeadores… ¿Cómo me voy a quedar así nada más porque ya (el exministro Javier) Laynez decidió?
Y como estamos en el “año siete”, claramente se cumple con el capricho autoritario de quien evidentemente no soltó el bastón de mando.
Es discutible si la prohibición es el mejor camino para combatir las adicciones, pero definitivamente es la peor alternativa cuando se trata de un interés personal, en un país dominado por la informalidad, bajo el yugo de la delincuencia organizada y que toma decisiones así, sin estrategias de salud, y sin importar los efectos colaterales de este autoritarismo en un país de leyes débiles.
Criminalizar la cadena formal completa, con una enorme ignorancia de cómo también castigan productos alternos a la combustión del tabaco, parece, además del traspaso de una irresponsabilidad paternal, una aportación más de los abrazos y no balazos a la delincuencia organizada.
El negocio va a pasar por completo a las manos de la delincuencia organizada, porque además el consumo no estará penado. Los cigarrillos tradicionales, que están controlados por la vía tributaria, implican una participación de mercado del crimen con productos ilegales entre 18 y 28 por ciento.
El Colegio de México calcula que, con estas modificaciones legales, las pérdidas fiscales anuales superarán los 13,000 millones de pesos por evasión del IEPS y otras licencias sanitarias.
Estudios de la industria tabacalera y de expertos de ese sector calculan que actualmente el valor del mercado negro de esos dispositivos, previo a esta nueva prohibición, es de 5,000 millones de pesos anuales.
Y la proyección del crecimiento con este regalo legislativo AMLO-Morena es que el mercado negro, de vapeadores y productos de tabaco, alcance los 20,000 millones de pesos en un periodo de dos años.
En México la informalidad es la norma y el crimen organizado dicta las reglas del mercado negro y esta ley no hace sino financiar la violencia. La prohibición no combate la adicción, sino que oficializa la transferencia de 20,000 millones de pesos del fisco y el comercio formal a los bolsillos de los cárteles.
Es una demostración muy clara de que la voluntad personal de un Presidente siempre fue más importante que el Estado de derecho.
La proyección es que el mercado negro, de vapeadores y productos de tabaco, alcance los 20,000 millones de pesos en un periodo de dos años, desde 5,000 millones.
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