En el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública quedó registrada una queja, por la convocatoria emitida por las integrantes de los consejos Consultivo y Social de Inmujeres, que derivó en entrevistas a una treintena de aspirantes a encabezar ese organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
En el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública quedó registrada —por cuestión de turno— bajo el expediente DE-01/2019. Es una queja, por la convocatoria emitida por las integrantes de los consejos Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres que derivó en entrevistas a una treintena de aspirantes a encabezar ese organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
La Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval dio trámite a la denuncia presentada por María Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva y encargada del despacho del Inmujeres desde que éste quedó acéfalo hace 10 meses y medio, tras de la renuncia de Lorena Cruz Sánchez.
Cualquier omisión en estas materias es causal de responsabilidad. Y más, en los tiempos de la cuarta transformación. Eternod Arámburu, como suplente de la presidenta del instituto, tuvo que dar vista al Órgano Interno de Control y a la Secretaría de Gobernación de un informe elaborado por el coordinador jurídico, Pablo Navarrete.
Habían pasado apenas 48 horas de la publicación de una convocatoria sui géneris para intervenir en el proceso de elección de la terna de la que saldrá la nueva titular del Inmujeres. Suscrita por las integrantes de los dos consejos de ese organismo, establecía un periodo para entrevistar a las interesadas, quienes debían ser “representativas de los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el país y a la inclusión del principio de igualdad de género en todas la esferas públicas y privadas”.
¿Un proceso espurio? La legislación vigente estipula que el presidente de la República nombrará a la titular del Inmujeres de una terna integrada por consenso (énfasis de la redacción) por la Junta de Gobierno o, en caso de no lograrse, por acuerdo de las tres quintas partes de los miembros de esa instancia.
Hace dos meses —el 7 de diciembre del 2018, en una sesión convocada con carácter de extraordinaria—, la secretaria de Gobernación propuso a la Junta de Gobierno una terna en la que figuraban Nadine Gasman, representante de ONU Mujeres en Brasil; la diputada jalisciense Candelaria Ochoa y la exdiputada michoacana Fabiola Alanís. Fuera de la propuesta había quedado Carol Arriaga, secretaria de Mujeres de Morena, quien tiene el respaldo incondicional de la senadora Malu Micher y de un amplio sector del movimiento feminista.
Oficialmente, se informó que esa propuesta no obtuvo el respaldo de las 16 consejeras —ocho son del Consejo Consultivo y el resto del Consejo Social—, pero tampoco acudió la mayoría de los 16 representantes de las instancias secretariales, con asiento en la Junta de Gobierno.
La sesión se reanudaría el viernes 14 de diciembre, pero finalmente se reprogramaría —de acuerdo con diversas fuentes consultadas— en vísperas de Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. El cúmulo de asuntos que deben ser resueltos por la Secretaría de Gobernación relegó la renovación del Inmujeres, no obstante que su coordinador de asesores, Jorge Alcocer, y la subsecretaria, Diana Álvarez Maury, han dialogado con las organizaciones.
Las integrantes de los Órganos Auxiliares del Inmujeres se reunieron con la secretaria Sánchez Cordero, el viernes 18 de enero, para reiterarle su interés de que la terna fuera construida a partir de “un proceso participativo que incluya deliberaciones abiertas sobre la idoneidad de los perfiles de las candidatas”. La funcionaria ofreció dos semanas para concluir las consultas, por lo que expirado ese plazo apareció la convocatoria, el 29 de enero.
El segundo párrafo de convocatoria —de la que quedaron al margen los integrantes de la Junta de Gobierno— estipula que es para participar en el proceso de selección de la terna que será sometida a la consideración del presidente de la República. “La Ley del Inmujeres no menciona como atribución de los Órganos Auxiliares la de emitir este tipo de actos”, reportó Navarrete Gutiérrez a su superior inmediato y a la secretaria Sánchez Cordero en una tarjeta informativa elaborada inmediatamente después de la publicación de la convocatoria.
Tras de recibir el oficio que le remitió el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto, Marcela Eternod tuvo de dar vista al OIC y a la Secretaría de Gobernación. La Función Pública radicó la denuncia e inició una investigación que podría derivar en un juicio de responsabilidad administrativa. Y puede dar vista a la FGR por usurpación de funciones por parte de las consejeras…
EFECTOS SECUNDARIOS
CHILORIO POWER. Como antaño, a la hacienda Cantalagua temprano comenzaron a llegar camionetas con algunos de los personajes más conspicuos del peñismo. El pasado viernes 8 fue el torneo de golf y el primer día de los festejos por el cumpleaños 70 del exdiputado federal David López Gutiérrez, quien a mediados del anterior sexenio tuvo que hacer una pausa en sus tareas como vocero y asesor del Ejecutivo federal para atender un problema de salud que superó, tras un trasplante y una recuperación ejemplares. El político sinaloense obsequió a sus invitados una moneda de plata con la efigie de Adolfo López Mateos en el anverso, y en el reverso el logotipo de la administración Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
VÍSPERAS. Bajo el sello de Ediciones Proceso y la firma de Ernesto Villanueva, llega a librerías Kate del Castillo contra el gobierno mexicano: del Estado de Derecho al Estado de consigna. La actriz, quien se embarcó en la inverosímil misión de encontrar a Joaquín el Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado, regresó a México después de dos años de un autoimpuesto exilio y demandó al Estado mexicano por daño moral. “La sociedad mexicana la juzgó siguiendo la línea marcada por el gobierno: (y la encontró) culpable”, resumen los editores del texto.
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