Así quedó registrado en el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias, construido conjuntamente por Causa en Común, Perteneces-Justicia e Igualdad, e Impunidad Cero
En vísperas del primer aniversario de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en la Cámara de Diputados se preparan para concluir con el proceso que definió el marco normativo y legal de la Guardia Nacional. El compromiso formulado en la toma de posesión de la mandataria morenista queda completamente cumplido.
Y la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, queda garantizada. Su desempeño y efectividad están bajo escrutinio. Los resultados de los primeros 12 meses resultan contradictorios, a juzgar por los estudios de opinión pública disponible; en parte, por su incipiente institucionalización, pero sobre todo porque la tarea de combatir al crimen organizado es atribuida a las Fuerzas Armadas y la violencia no cesa en una amplia extensión del territorio nacional.
La consolidación de la Guardia Nacional es una de las prioridades externadas por Sheinbaum Pardo en su discurso inaugural. Una definición que tardó un sexenio para concretarse. En 2019, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que permitió la creación del nuevo cuerpo policiaco. Un punto de inflexión en el abordamiento del gobierno federal a los desafíos de la seguridad pública que además estableció las bases para un realineamiento de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional.
El pasado 16 de julio apareció la nueva Ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación, como derivación de la reforma constitucional que justo hace un año —el 30 de septiembre del 2024— fue expedida, con la finalidad de emitir los nuevos lineamientos para establecer una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial y personal civil de confianza, con funciones técnicas, profesionales y administrativas.
Para hacer frente a la delincuencia, la Guardia Nacional requería contar con dinámicas de operación suficientes para proteger a la población, por lo que la presidenta Sheinbaum propuso las reformas constitucionales y legales que finalmente la adscribieron a la Secretaría de la Defensa Nacional. De modo que se establecieron los mecanismos necesarios para que el mando castrense dirija a los elementos de la Guardia Nacional.
Así, esta nueva policía se integra a las instituciones responsables de la seguridad pública; está facultada para operar en el ámbito federal y tiene la misión de garantizar el orden público, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 21 de la Constitución. Hay destacamentos en 266 regiones del país y un estado de fuerza de 135,000 elementos en todo el territorio nacional. La armonización legislativa también le permitirá ser parte de las investigaciones delictivas, en coordinación con el Ministerio Público federal.
Con todo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para consolidar a las policías y las fiscalías estatales. En este punto, el incremento a los presupuestos controlados por las Fuerzas Armadas contrasta con la disminución de fondos federales destinados a la seguridad a nivel subnacional.
Así quedó registrado en el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias, construido conjuntamente por Causa en Común, Perteneces-Justicia e Igualdad, e Impunidad Cero.
La mitad de las policías estatales carece de sistemas de servicio profesional de carrera. En materia de profesionalización, persisten limitaciones importantes en equipamiento e infraestructura, además de la falta de planificación en los procesos académicos. En el ámbito disciplinario, se evidencian debilidades en sus capacidades de supervisión, inspección e investigación interna, lo que dificulta la prevención de conductas ilegales. En materia de seguridad social, la mayoría incumple la obligación de establecer sistemas complementarios establecidos por ley a favor de los policías. Se observó un incumplimiento generalizado en cuanto a los mecanismos para regular, evaluar, supervisar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.
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