Trump acusa al presidente Joe Biden de “usar el Departamento de Justicia como arma política,” para “eliminarlo violentamente” de la contienda presidencial, lo que es tan falso, como la mentira sobre su “elección robada de 2020”
TRUMP INSISTE EN DEPORTACION MASIVA AL ASUMIR EL PODER, QUE PREPARA SU GABINETE
TAMBIEN EN TARIFAS PARA MEXICO, CANADA Y CHINA IGNORANDO ADVERTENCIAS DE INFLACION
Y REITERA AMENAZAS DE INVESTIGAR Y ENCARCELAR A TODOS LOS QUE LO INVESTIGARON
El presidente electo Donald Trump anticipó decisiones autoritarias, al margen del alto costo, desafíos legales o severos impactos en la economía estadounidense, riesgo de inflación y mas elevados precios para los consumidores, generando alarma por el peligro que eso representa para la economía y la democracia.
En su primera entrevista de televisión tras la elección, Trump insistió en que “aplicará tarifas” “que harán mas rico a Estados Unidos, gravando productos importados de China, México y Canadá, ignorando advertencias de inflación, alto costo y la eventualidad de una guerra comercial.
El presidente electo considera que Estados Unidos “ha subsidiado a México con mas de 300m millones de dólares al año y Canadá con 120 millones de dólares anuales lo que, dijo, en su caso, podría evitarse si se convirtieran en “estados de la unión americana,”
Trump insistió en “deportaciones masivas”, ignorando el dispendio de mas de 315 mil millones de dólares, el severo impacto a las industrias agrícola, ganadera, de construcción, empacadoras de carne y de servicios o la separación familiar y reducciones dramáticas en la recaudación de impuestos.
Refrescó amenazas de encarcelar a “los que lo investigaron, procesaron y querían verlo encarcelado,” como a integrantes del Comité Especial Selecto del Congreso, que acumuló toneladas de evidencia, testimonios, fotos y videos, sobre su responsabilidad en la violenta insurrección, que condujo al asalto al Capitolio, el 6 de Enero de 2021 e insistió en que indultará a terroristas domésticos, que purgan sentencias por sus crímenes.
Trump acusa al presidente Joe Biden de “usar el Departamento de Justicia como arma política,” para “eliminarlo violentamente” de la contienda presidencial, lo que es tan falso, como la mentira sobre su “elección robada de 2020”.
Dice que “no nombrará un fiscal especial” que investigue al presidente Joe Biden, pero dará carta blanca a su nominada Pam Bondi, para que proceda, si encuentra algo que lo amerita. También, para que investigue a quienes lo investigaron, comenzando con el Fiscal Especial Jack Smith, quien abrió 4 casos en su contra por injerencia ilegal en el proceso electoral,, amenazando e intimidando funcionarios asi como el robo y retención ilegal de documentos altamente clasificados.
Pero, ante todo, Trump insiste en que su mandato comenzará con una histórica deportación masiva de 15 millones de inmigrantes, “de contado o a plazos anuales,” de la que los Dreamers de DACA, podrían ser excluidos.
También, una reforma a la Enmienda 14th de la Constitución, que concede ciudadanía automática a niños nacidos en esta nación.
Por eso, a marchas forzadas, el nuevo gabinete, legisladores y organizaciones anti-inmigrante de Estados Unidos, trabajan intensamente para hacer realidad la más grande remoción de indocumentados, en la historia de Estados Unidos, el 20 de Enero de 2025.
Mientras sus nominados visitan el Senado, luchan por su confirmación en el Senado, en especial el nominado para secretario de Defensa, Pete Hegseth, para el Departamento de Defensa y Josh Patel, para la dirección del FBI, equipos legales supervisan docenas de proyectos de órdenes ejecutivas que firmará Trump, a su retorno a la Oficina Oval.
Como la declaración de “emergencia nacional por invasión de inmigrantes” que le permitirá usar fondos del Pentágono y movilizar tropas, para ”asegurar la frontera,” o brindar apoyo logístico en la identificación, arresto, detención y deportación de migrantes, de acuerdo al plan de Stephen Miller, quien de escribir discursos presidenciales, se convirtió en artífice maquiavélico de la mas despiadada política anti inmigrante en la historia de este país y quien ahora regresa como subjefe de Gabinete.
Desde la Casa Blanca, Miller coordinaría con el “Zar de la Frontera” Tom Homan, la compleja operación, -inspirada en la Operación Wetback” bajo la presidencia de Dwight Eisenhower- cuyo costo se estima en unos 315 mil millones de dólares, sin contar el devastador impacto para la economía estadounidense, desplazando una impresionante e intimidatoria fuerza militar y policial, capaz de crear una atmósfera de ocupación y control, como en naciones gobernadas por dictaduras autoritarias.
Esa fuerza policiaca-militar, integrada por la Patrulla Fronteriza, Inmigración y Aduanas, HSI (Agencia de Investigaciones de Seguridad Interna), Marshal federal y estatales y otras corporaciones policiacas federales, estatales y locales, tiene la orden de identificar, capturar, transportar, encarcelar y deportar a millones de inmigrantes detenidos sin prueba de ciudadania, residencial legal o permiso de trabajo, comenzando con solicitantes a los que se negó asilo político y enfrentan ordenes de remoción, estudiantes con visa vencida y criminales.
Subestimando obstáculos para sus deportaciones masivas, el presidente Trump continúa sus planes, a pesar de la resistencia de quienes quiere deportar y exigen audiencias judiciales, con base a una decision de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en 1993, que establece que “todos los inmigrantes, documentados e indocumentados, que han vivido 2 o mas años en Estados Unidos, tienen derecho a debido proceso en los procedimientos de deportación, incluida audiencias aumentando el rezago de Jueces de Inmigración, lo que podría obstaculizar los planes del presidente electo..
Los migrantes tienen apoyo de organizaciones de defensa de derechos humanos, o la renuencia de algunos países de origen que se niegan a recibir a los deportados, como Venezuela, Cuba, China, Bahamas, Panamá, Grenada, Nicaragua, Barbados y otras naciones.
Trump dice que si no deporta a los indocumentados a sus países de origen, entonces podría hacerlo a México y otras naciones, desestimando otros obstáculos legales, que, asegura, no detendrán las deportaciones masivas que -dice-se harán “a la velocidad de la luz”.
Entre las operaciones planeadas para la deportación, se cita la verificación, puerta por puerta, de casas, edificios de departamentos, hoteles, redadas sorpresivas en fábricas, oficinas, inclusive en instalaciones sensitivas, como escuelas e iglesias; en supermercados, campus universitarios, bibliotecas, museos, centros de diversión, eventos deportivos, cines, bares, discotecas, clubes deportivos, construcciones, campos agrícolas y donde menos se imagina, para sembrar pánico e incertidumbre, en la comunidad inmigrante.
Basados en perfiles raciales, instalarán retenes en todas las ciudades y poblaciones de los 50 estados de la union americana, para detener vehículos y pedir documentos a todas las personas, documentadas o indocumentadas; quienes no los tengan consigo, serán detenidos, transportados e internados en cárceles locales, estatales o federales, o en campos de detención improvisados, como los que se preparan en el estado de Texas y eventualmente, e n bases militares, como ocurrió con afganos que luego de trabajar para el gobierno de Estados Unidos, tuvieron que salir de su país.
De acuerdo a funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, Trump podría incrementar gradualmente las deportaciones cada año, manteniendo ese tipo de operativos, ademas de imponer el uso obligatorio de programas como “E-Verify”, para confirmar el estatus migratorio de los empleados en las empresas y otros centros de trabajo.
Para ese propósito, legisladores Republicanos preparan iniciativas para canalizar mas recursos al Departamento de Seguridad Interna, a fin de que adquieran más vehículos necesarios para el transporte, terrestre y aéreo, tanto internamente como a sus países de origen, para lo que se requeriría triplicar la actual capacidad de esa agencia federal, asi como el numero de tribunales de Inmigración y duplicar la infraestructura, -especialmente de transporte, alojamiento y comunicaciones-, de las agencias que le apoyen,
Por ahora, se prevé que el funcionamiento sea financiado parcialmente, con recursos antes orientados a neutralizar amenazas a comunidades o prevención del crimen, lo que expertos consideran, reducirá la cooperación de la población con las policías, por el temor a ser deportados.
Minuto a minuto
