En México, por el contrario, ya no parece haber una disyuntiva de pesos y contrapesos internos; el andamiaje institucional ha sido domesticado para servir al poder
Este segundo año, del segundo periodo de Donald Trump, podría ser uno en el que, finalmente, consiga su muro.
Pero no el muro fronterizo que pretendió en su primer mandato, y que cambió después por una barrera de aranceles y amenazas, no, la barrera que está a punto de conseguir el Presidente de Estados Unidos es la de sus propias instituciones.
Claro que está a prueba la propia democracia estadounidense, porque en repetidas ocasiones el republicano ha retado al modelo que Occidente tomaba como ejemplar.
El caso más emblemático se dio el 6 de enero del 2021 cuando Trump, dos meses después de su derrota electoral, incitó a una insurrección en el Capitolio en Washington D.C. para mantenerse en el poder.
Cinco años después, a manera de celebrar ese episodio y haber salido librado con impunidad, Trump le dijo a un grupo de congresistas republicanos que ni siquiera deberían tener elecciones intermedias ante la supuesta maldad de los demócratas, lo cual es algo más que una provocación retórica.
Además de la aduana electoral de noviembre, que puede frenar por completo la actuación autocrática de Trump, la Corte Suprema debería ya fallar en cualquier momento sobre la legalidad de su política arancelaria, otro momento cumbre para ese país.
Incluso la cancelación misma del T-MEC tiene reglas de aplicación que le reclamarían, no los mexicanos, sino sus propias empresas que verían el derrumbe de sus negocios.
Ese muro de las instituciones que enfrenta Trump en su segundo año puede encontrar fisuras si, por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en un Estado de guerra.
Sin embargo, prevalece la esperanza de que aquel país esté en un proceso de contención de un ego monumental y no en un camino de dar un giro estructural como el que sí presenta México.
Si algo puede envidiarle Trump a la Presidenta mexicana es que acá el régimen se ha pavimentado una ruta de poder sin topes, algo que en Estados Unidos todavía parece imposible.
Así que este 2026 es una oportunidad para las instituciones estadounidenses para ver si pueden meter el freno de emergencia. Porque acá en México su rediseño está hecho para ser el acelerador del Ejecutivo.
Las trampas electorales puestas por el régimen mexicano, para deliberadamente torcer la ley y forzar una sobre representación artificial, fueron el antecedente de la reforma al Poder Judicial que logró eliminar la última trinchera de resistencia legal que quedaba.
Si Trump lanza una amenaza contra el orden democrático, el sistema estadounidense cruje, pero resiste; si en México se propone una vulneración similar, el sistema legislativo no solo la aprueba, sino que la constitucionaliza.
Para Estados Unidos, el reto en este 2026 es demostrar que su democracia es más fuerte que el ego de quien la encabeza y que el muro de sus leyes es infranqueable, incluso para un Presidente como Trump.
En México, por el contrario, ya no parece haber una disyuntiva de pesos y contrapesos internos; el andamiaje institucional ha sido domesticado para servir al poder.
Lo más lamentable es que ante esa orfandad institucional, sin un sistema judicial independiente y sin una oposición sólida, el único límite real para el avance del régimen mexicano termina por ser la voluntad disruptiva del propio Trump.
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