Donald Trump es un presidente que ha causado grave daño a las instituciones de gobierno y a la democracia de Estados Unidos con sus controvertidas políticas y graves omisiones
Publicado originalmente en Los Angeles Times
Estados Unidos vive ya momentos de incertidumbre, tensión y confrontación que aumentan a medida que se aproxima lo que se espera sea una cerrada y conflictiva elección presidencial, que podría terminar en violencia, manifestaciones de inconformidad, despliegue militar y un golpe de estado técnico, que invalide el voto mayoritario, como advierten generales retirados al alto mando del Pentágono.
Donald Trump es un presidente que ha causado grave daño a las instituciones de gobierno y a la democracia de este país debido a sus controvertidas políticas y graves omisiones, como el letal fracaso en prevenir y detener la incontenible expansión de la pandemia de coronavirus, y sus efectos en el desempleo, la crisis económica, de salud y la amenaza de 50 millones de desalojos y confrontación racial.
No es casual que las encuestas de opinión nacionales lo coloquen al fondo de las preferencias, a diferencia del demócrata Joe Biden su contrincante, quien goza de una cómoda ventaja de 7.3 puntos porcentuales a nivel nacional, aún en estados en los que el presidente ganó hace 4 años.
Como es de esperarse, Trump rechaza esa realidad. Desde la burbuja en que vive, está rodeado de vasallos que le hacen pensar que “su presidencia es vista con aprobación por la mayoría de estadounidenses”.
La única forma en que yo podría perder en esta elección, es si la elección es sucia y manipulada” afirma Trump, asegurando que “no va a perder, a menos que los demócratas hagan trampa”.
Trump sugiere que el envío de millones de boletas electorales por correo, “no es para prevenir la expansión de COVID-19, sino para corromper el proceso, cometer fraude con los resultados y propiciar la interferencia de otros países”, que dice, causará un “caos masivo” y confusión que “impedirá conocer pronto los resultados de la elección”, anunciando una feroz lucha legal.
A la cabeza de este esfuerzo estará William Barr, procurador general de justicia, que se unió al coro de voces que ataca el envío de las boletas electorales a través del Servicio Postal, argumentando que “el correo significa el fin de la santidad de la boleta electoral” sin considerar las medidas de protección adoptadas por los estados en ese sentido.
Incondicional del presidente, Barr sin recato alguno tergiversó el Reporte Mueller que ocultó por completo, igual que la acusación del denunciante anónimo sobre Ucrania; manipula documentos y hasta conduce falsas indagaciones sobre los investigadores de la colusión del equipo de campaña de Trump, con Rusia, todo para complacer a su jefe.
Cuando se preguntó al Presidente Trump si aceptaría el resultado electoral a favor o en contra y si podría garantizar la transferencia pacífica del poder, respondió: “Las boletas electorales (por correo) son un desastre, podríamos deshacernos de ellas, así habría paz, no habría transferencia”, revelando un aparente plan B, ya no para triunfar con el voto, sino para crear un caos, descalificar y poner en duda la elección, para mantenerse en el poder, causando nerviosismo, incertidumbre, tensión y preocupación en el Congreso, en el Pentágono, agencias federales e instituciones involucradas de alguna forma en el proceso de transición.
Aunque el general Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos considera que “en caso de una disputa relacionada con las elecciones, por ley, las Cortes Federales y el Congreso son los responsables para resolverlas, no el Ejército, altos jefes retirados, expresan preocupación”.
Señalan que “el presidente de Estados Unidos activamente debilita el sistema electoral, amenazando con permanecer en el cargo, en franco desafío a la Constitución”.
“En poco tiempo, ustedes tendrán que decidir entre desafiar a un presidente ilegal o traicionar su juramento para defender la Constitución, no al presidente que resulte electo y rinda su juramento el 20 de enero” advirtieron los generales retirados John Nagl y Paul Yingling, veteranos de Irak, en una carta abierta.
Si Donald Trump se rehúsa a abandonar la Oficina Oval cuando expire su mandato constitucional, las fuerzas armadas de Estados Unidos deben removerlo por la fuerza y ustedes deben dar esa orden”, advierten los generales retirados, que promueven un debate sobre el papel de las fuerzas armadas en caso de que Trump, -cuya gestión concluye el 20 de enero-, invoque la Ley Anti-Insurrección de 1807, para justificar el desplazamiento de tropas en las calles de Estados Unidos, para sofocar protestas y acusar a manifestantes de “sedición”, como trató de hacerlo, a lo que se opusieron Mark Esper, secretario de Defensa y el general Milley.
Los militares de alto rango señalan que “debido a la peligrosa confluencia de circunstancias, el escenario antes inimaginable de un gobierno autoritario en Estados Unidos, ahora es una amenaza real”, porque ante la inminente derrota electoral, “Trump debilita la confianza en las elecciones”; pues “su derrota resultará en cargos criminales” y porque “el presidente prepara un ejército privado (de supremacistas) que debe ser contenido por las fuerzas armadas de este país”.
La Cámara Baja del Congreso también preocupada, prepara audiencias con los principales responsables de la Seguridad, para recordarles su juramento y compromiso de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, no al presidente, en caso de que Trump, sin haber ganado, quiera mantenerse en el poder.
Trump y sus aliados republicanos planean estrategias como que al cierre de las casillas, cuando se anuncie la ventaja del presidente en algunos estados clave, él pueda aparecer proclamándose vencedor y tratar de anular los votos siguientes, argumentando que no deben ser contados “por ser fraudulentos”.
También iniciaron ya una ofensiva para poner en duda la legitimidad de la elección, exhibiendo como “evidencia” 9 boletas de militares en Pensilvania que dicen “fueron abiertas inadecuadamente y descartadas”, 8, a favor del presidente Trump.
David Freed, Fiscal Federal en ese estado pidió una investigación del Departamento de Justicia, mientras el Partido Republicano sugirió que “la legislatura estatal nombre electores que decidan quien ganó la elección”, en lugar de determinarlo con el voto popular, argumentando que “toma mucho tiempo contar”.
En Carolina del Norte, dos republicanos, integrantes del Buró Estatal de Elecciones, renunciaron al cargo como protesta por un acuerdo que permitirá a votantes del estado que omitieron datos, corregir las boletas con la información que faltaba. El vice-gobernador republicano, Daniel Forest, pidió al procurador Barr, quien apoya la teoría de “fraude electoral” con evidencia de 8 boletas en más de 1 millón 680 mil procesadas, otra investigación del Departamento de Justicia sobre el acuerdo.
Aparentemente, el ahora primer mandatario, promueve que gobernadores y legislaturas estatales bajo control republicano, designen delegados al Colegio Electoral que voten por Trump, al margen del resultado de la votación, bajo el argumento de fraude electoral, que Christopher Wray, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya desmintió.
No hemos visto, históricamente, ningún tipo de esfuerzo nacional coordinado de fraude electoral en las más grandes elecciones ya sea por correo o de otra forma”, dijo el director del FBI a un Comité del Senado.
Ante el tenso panorama, ensombrecido por la pandemia de coronavirus y la eventualidad de violencia, millones de estadounidenses formaron largas filas en el estado de Virginia, para depositar ya su “voto temprano” en casillas, mientras Carolina del Norte envió por correo 1 millón de boletas de “votos de ausencia” a quienes, por razones de edad, salud o para evitar el contagio de Covid-19 o el riesgo de actos de violencia, no votarán el 3 de noviembre, en persona.
La “votación temprana” se abrirá gradualmente a partir del día 18 de octubre en Rhode Island y sucesivamente en otros estados donde se espera una copiosa votación, a pesar de los esfuerzos republicanos por suprimir el voto de las minorías, hasta el día 2 de noviembre.
Hasta el momento, más de 5 millones han solicitado boletas de voto de ausencia, a través del servicio postal.
Trump y sus seguidores confían en que las demandas de anular las elecciones o para pedir la supresión de boletas, podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia, para lo que el presidente no perdió tiempo en nominar a Amy Coney Barret, para ocupar la plaza que dejó la magistrada Ruth Bader Ginsberg, confiado en que ella, con Brett Kavanaugh y John Gorsuch que también nominó apoyen su caso sin importar la verdad.
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