Las nuevas disposiciones criminalizan todo tipo de ayuda que se brinde a los latinos indocumentados
El presidente Donald Trump intensificó su guerra sin cuartel, contra la inmigración indocumentada Latina, abriendo nuevos frentes.
Acatando sus instrucciones, la procuradora general de Justicia, Pam Bondi, anunció que “el combate contra la inmigración Latina es una de las más altas prioridades del Departamento de Justicia” y ordena transferir recursos de la lucha contra la corrupción e investigaciones de crímenes de “cuello blanco”, para expandir la capacidad federal de expulsar indocumentados y castigar drásticamente a indocumentados criminales.
En una docena de memorandums que firmó el 5 de febrero, para eliminar a los carteles de droga, restaurar la pena capital, redefinir procedimientos criminales, urge a los fiscales federales en todo el país, a “aplicar todos los estatutos a su alcance y presionar por sentencias con la pena capital, a criminales indocumentados.
Bondi levantó de inmediato la moratoria a la pena de muerte federal y convirtió el cruce ilegal de la frontera y estancia sin documentos, en un agravante más, para endurecer sentencias y castigar con la pena de muerte a indocumentados, que incurran en abuso y violación de menores, prostitución, pornografía, terrorismo, homicidio, narcotráfico o asesinen a policías.
Además, criminalizó cualquier tipo de apoyo que nacionales y extranjeros brinden a migrantes indocumentados.
Las nuevas disposiciones criminalizan todo tipo de ayuda que se brinde a los latinos indocumentados. Advierte que todas las personas que ayuden de cualquier forma a personas sin documentos, “están cometiendo una ofensa criminal seria, que tendrá severas consecuencias, como elevadas multas, largas sentencias en prisión, cadena perpetua y hasta la pena de muerte.”
El memorándum, cita el capítulo 8 del Código Penal Criminal, secciones 1324(a), (1) (A) como referencia de las consecuencias legales y castigos por tráfico y transporte de indocumentados, a cambio de un pago, esconder alojar o facilitar de alguna forma la permanencia ilegal en el país, de una persona sin documentos, rentar vivienda a indocumentados, arreglar matrimonios falsos para la obtención de tarjetas de residencia.
Las medidas son tan extremas que en casos de familiares que tratan de detener la salida del país de alguna persona sin visa ni documentos, o de médicos que recomienden a pacientes con visa de estudiante vencida, que permanezca en este país, porque es el único en ofrecer algún tratamiento que requiere, o de maestros que recomienden a sus alumnos amparados bajo DACA, que esperen una eventual ley que les brinde la ciudadanía.
De acuerdo con la Comisión Federal de Sentencias, la violación del título 8 del Condigo Federal Criminal, puede sancionarse con diez años de prisión; por transportar y alojar a indocumentados a permanecer ilegalmente; con 5 años de cárcel por alentarlos y si las ofensas son a cambio de dinero, las sentencias se duplican y triplican, si el indocumentado incurre en crímenes o afecta la salud de otra persona.
La postura del gobierno federal ha endurecido también la actitud hostil de militantes de MAGA y grupos tradicionales anti inmigrante, que intensifican y aumentan el terror en que vive la comunidad Latina indocumentada, que en muchos casos ha optado por esconderse y no salir ni siquiera a comprar alimentos o dejó de enviar sus hijos a la escuela.
Parte de las instrucciones es revisar todos los recientes casos en los que los fiscales federales y estatales no buscaron la pena capital y reanalizar 37 casos en que el expresidente Joe Biden conmutó la ejecución, por cadena perpetua, “porque consideran que “ameritaban” y eran “elegibles” para la pena de muerte.
También anunció que, -a través del sistema penitenciario federal- “el gobierno federal, “ayudará a estados que tienen problemas para adquirir las inyecciones letales necesarias para las ejecuciones “y usan “medios experimentales, más dolorosos y “menos confiables.”
Desafiando múltiples dictámenes de cortes federales y estatales que lo declararon anticonstitucional, los memorándum de la Procuradora Bondi incluyen nuevas medidas para cortar fondos de las denominadas “ciudades santuario” que protegen a los indocumentados.
Bondi anunció que “el Departamento de Justicia detendrá fondos federales por 60 días a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que brindan servicios de apoyo básico a inmigrantes Latinos, (que a diferencia de indocumentados europeos, son los únicos perseguidos), y que después de ese plazo, determinará si continúan recibiendo financiamiento.
En otro memorándum, la Procuradora Bondi ordena a fiscales federales investigar a los actores estatales y locales que no brinden información a funcionarios de inmigración, “se resistan, obstruyan o no acaten los esfuerzos contra la inmigración indocumentada Latina, lo que -anuncia en otro memorándum- criminaliza con sanciones más drásticas..
El servicio de Inmigración y Aduanas ha abierto líneas telefónicas a través de las cuales ciudadanos comunes pueden denunciar a personas que consideren, video en calidad de indocumentados, para que agentes que realizan las redadas, los detengan.
El defensor publico Federal, Geremy Karens, y Organizaciones defensoras de los derechos humanos, criticaron las medidas del Departamento de Justicia, diciendo que se trata de criminalizar solo con base al origen étnico y perfil racial.
En las medidas -también contenidas en el controversial Proyecto 2025- que apuntan a los inmigrantes indocumentados latinos, se incluyó a
activistas universitarios acusados de antisemitismo, aún cuando muchos de ellos son judíos, porque se unieron a las protestas mundiales, por las masacres del gobierno Israelí en Gaza y el apoyo de Estados Unidos, abasteciendo de armas.
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