Han transcurrido dos semanas del triunfo contundente e inobjetable de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Un breve lapso. La administración saliente procedió a un repliegue estratégico que permitió ver los alcances y las limitaciones del estilo de mando del dirigente izquierdista. Si la incoherencia del discurso y la desorganización logística son las fallas … Continued
Han transcurrido dos semanas del triunfo contundente e inobjetable de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. Un breve lapso. La administración saliente procedió a un repliegue estratégico que permitió ver los alcances y las limitaciones del estilo de mando del dirigente izquierdista.
Si la incoherencia del discurso y la desorganización logística son las fallas más evidentes —que no las más graves— tal vez no haya tanto problema. Tras bambalinas, empero, surgen detalles sobre la displicencia sobre las directrices del gobierno en ciernes. La petición de que nadie hablara de asuntos de los que no tienen competencia fue cumplida parcialmente, aunque —eso sí— sólo aquellos que ocuparán un puesto en el gabinete legal están autorizados a conceder entrevistas. ¿Cuándo y a quién? Nadie puede decirlo con certeza.
Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero tienen jefes de prensa. Otros, como Javier Jiménez Espriú, Graciela o Carlos Urzúa, cuentan con la asesoría de despachos de comunicación y relaciones públicas. Muy pocos —Alfonso Durazo, entre ellos— han desafiado a los manuales de imagen y sin rubor han accedido a entrevistas banqueteras.
Los futuros secretarios son los únicos autorizados a emitir declaraciones. Habrá ocasiones —como le ocurrió a Sánchez Cordero tras de su comida “privada” con el Colegio de Notarios de la CDMX— que trasciendan palabras dichas en un entorno de confianza, a puerta cerrada y sin cobertura mediática.
Y otras —como la reunión del pasado miércoles 11 con los gobernadores electos o la sesión de la Conago— donde las filtraciones sean interesadas. “Nada de politiquería”, pidió a los próximos integrantes de los Congresos electos el pasado 1 de julio, a quienes recomendó no hacer política tradicional, del viejo molde. “No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar”, señaló en la versión que trascendió del encuentro en el Salón Luz de la colonia Roma Norte.
Lo que tuvieron a bien guardar fue la notificación lopezobradoriana de que quedarían proscritas las gestorías parlamentarias, lo que implica la cancelación de los moches. ¿Acaso las reglas de la austeridad republicana aplicarán para el resto de las bancadas?
Funcionarios y congresistas de Morena podrán hablar de propuestas y modificaciones, pero evitarán aludir a las “reformas estructurales”. La Cuarta Transformación tendrá que inventar su propio léxico y una nueva narrativa que trascienda al Pacto por México o cualquier otro periodo reciente de diálogo y negociación.
Son 35 los proyectos prioritarios. Y el primer año del nuevo sexenio será el plazo límite para su instrumentación. ¿Y lo demás? Nada más, porque la administración saliente deja un paquete de obras de infraestructura en curso que deberán solventarse.
Los coordinadores estatales del programa de desarrollo en el sexenio lopezobradorista no dependerán de la Oficina de la Presidencia ni tampoco tendrán ligas con la Secretaría de Hacienda o Gobernación, sino que —ratificó AMLO— estarán adscritos a Desarrollo Social, la única instancia de la Federación con infraestructura y recursos humanos suficientes para esa tarea titánica.
Ni reformas estructurales ni reforma del Estado. La Cuarta Transformación necesita de un nuevo entramado legal para adecuar el ejercicio del poder a un nuevo estilo de gobernar que estaría más proclive a incorporar nuevas figuras del gobierno participativo —por ejemplo— legislar nuevas reglas para la competencia electoral que incorporen la segunda vuelta.
El enunciado general sobre las iniciativas para modificar la Constitución y las nuevas leyes implica que en el corto plazo podrían incorporarse propuestas como la instauración de la figura de jefe de Gabinete, la ratificación del programa de gobierno y los secretarios de Estado, la moción de censura, las sesiones de control y las iniciativas razonadas —todos éstos, anhelos y exigencias de la sociedad civil a los partidos políticos. Pero la agenda legislativa del lopezobradorismo también tiene prioridades: la austeridad republicana, más que la rendición de cuentas. La eliminación del fuero. Y la revocación del mandato.
EFECTOS SECUNDARIOS
MENSAJE. En el Día del Abogado, Alfonso Navarrete Prida habló a nombre del gobierno federal. Y antes fue el portavoz del mensaje presidencial ante los integrantes de ese gremio. La preservación del Estado de Derecho y la gobernabilidad —definió el secretario de Gobernación— son tareas cumplidas por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. “Es un asunto de todos y un asunto de Estado”, señaló, “a los gobiernos en sus distintos niveles toca una parte importante de la gobernabilidad que es hacerla valer. Y en esto no puede haber claudicaciones ni negociaciones ni mucho menos conveniencia”.
¿FICHA ROJA? El sexto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito encontró procedentes dos órdenes de aprehensión giradas contra el empresario Gastón Azcárraga en el juicio por la desincorporación de los activos de la extinta Mexicana de Aviación. Ahora, la Cancillería y la PGR podrían solicitar apoyo a la Interpol para cumplimentar esas citaciones judiciales. Los exempleados de Mexicana confían en que la nueva administración federal reactive las operaciones de la línea aérea. ¿Será?
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