Desde luego, el escándalo abarca también a funcionarios del Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, del extinto PRD
El martes 22 de julio se dio a conocer que Arturo Ávila, diputado de Morena, propuso crear una comisión especial para indagar responsabilidades políticas y administrativas sobre el “cártel inmobiliario”, que cimbrará la clase política, principalmente de oposición.
A pesar de la gravedad de los delitos que implica se conoce poco del cártel inmobiliario, se considera que sólo implica delitos de orden administrativo, cuando en realidad, tiene que ver con la muerte de una persona, al estallar un tanque de gas, debido a las malas condiciones del inmueble.
El 16 de agosto de 2021, explotó una lavadora en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, por acumulación de gas por más de 5 horas, debido a las malas conexiones del edificio, recién construido. Murió una persona y 29 resultaron heridas. Los constructores nunca se hicieron responsables de los daños, ya que contaban con los permisos necesarios de la corrupta alcaldía.
En la investigación pudieron advertir que todos los departamentos estaban a nombre de una sola persona, casualmente vinculada a la alcaldía, encargada de autorizar una serie de anomalías como pisos de más, departamentos no autorizados, usos del suelo prohibidos, espacios tomados por la fuerza a otros vecinos, etc.
Los principales funcionarios implicados en estas obras son el panista Christian Von Roehrich: ex alcalde de Benito Juárez, detenido por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa; otro panista, Jorge Romero Herrera, ex delegado y actual líder nacional del PAN; Nicias Aridjis Vázquez; ex director de Obras, acusado de enriquecimiento ilícito y uso de empresas fachada; Luis Vizcaíno: Ex director jurídico, vinculado a extorsiones y favores a constructoras; Santiago Taboada: ex candidato del PAN a la jefatura de gobierno de la CDMX. Algunos de ellos están en la cárcel.
Desde luego, el escándalo abarca también a funcionarios del Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, del extinto PRD.
Desde 2009, se usaron constructoras vinculadas a funcionarios para obtener permisos irregulares. Algunas empresas entregaban departamentos como sobornos o realizaban pagos simulados, así, se detectaron más de 130 inmuebles bajo investigación y sobornos millonarios.
Se empezará por investigar los procesos ya iniciados en la capital del país, con delitos que se señalan en general, son: enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones y facultades, asociación delictuosa, extorsión, falsificación de documentos y omisión de permisos, lavado de dinero, desvío de recursos y homicidio imprudencial.
Casualmente las lluvias echaron a perder los archivos que son el soporte de autorizaciones y aprobaciones. Al inundarse inexplicablemente el lugar donde se encontraban dichos documentos.
Los funcionarios exigían pagos a constructoras para permitir obras fuera de norma. En este proceso, se detectaron más de 260 pisos excedentes en al menos 130 edificios. Las ganancias ilegales superan los 7 mil millones de pesos.
Por lo que Claudia Sheinbaum opinó que si el Poder Legislativo está de acuerdo en iniciar este procedimiento, que está dentro de sus atribuciones, sería muy bueno que se realizara.
Recordó además que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se abrió esa investigación, ligada a militantes de Acción Nacional. “Si el congreso quiere revisar esto, hay bastantes sustentos”, declaró.
“Varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quién entregaron el dinero, a partir de moches para violar el uso de suelo, a eso se le llamó el cártel inmobiliario y hay detenidos”, recordó al hacer mención de los panistas.
Buena parte de este proyecto está impulsado por empresarios de la construcción, para que haya deslinde de las empresas que participaron en las obras del cártel y que son cómplices de los funcionarios panistas.
“Yo presenté el punto de acuerdo la semana pasada, y ya tengo en mi oficina, citas, muchas de empresarios que fueron presuntamente extorsionados, de ex funcionarios públicos que están dispuestos a relatar la red de corrupción en la Benito Juárez y de una gran cantidad de personas, que quieren abonar sin duda a esta muy seria investigación”, expuso Arturo Ávila, diputado federal iniciador de este proceso, y quien ha recibido amenazas de muerte por esta causa.
Estos procesos legales representan un duro golpe para el PAN, porque desde que se anunció la posibilidad de crear la comisión empezó la desbandada de panistas, de por sí con muy pocos militantes.
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