Se cumplen cinco años de la llegada de Enrique Peña a Los Pinos. En 12 meses, el nuevo presidente de México deberá asumir las riendas del país. Ya entonces se habrá concretado la premisa planteada por José Antonio Meade Kuribreña: continuidad o despeñadero. Voto de castigo o voto de miedo. Antisistema o establishment. Las campañas … Continued
Se cumplen cinco años de la llegada de Enrique Peña a Los Pinos. En 12 meses, el nuevo presidente de México deberá asumir las riendas del país. Ya entonces se habrá concretado la premisa planteada por José Antonio Meade Kuribreña: continuidad o despeñadero.
Voto de castigo o voto de miedo. Antisistema o establishment. Las campañas del 2018 tendrán a la corrupción, la inseguridad y la incertidumbre sobre el TLC como principales temáticas. A la hora de definir a los contendientes, la honestidad —más que la experiencia— ha sido el factor determinante. Pero tal es el grado de desconfianza entre los votantes que cualquier esfuerzo de los candidatos para presentarse como “limpios” podría resultar insulso.
La vuelta al poder del PRI en el 2012, producto de la mayor corrupción política en el uso del dinero público y privado y la incapacidad institucional de contenerlo, ha acelerado el proceso de deterioro político que vivimos en México hasta límites inimaginables. Han pasado cerca de 30 años desde 1988 y casi 18 años del primer gobierno de alternancia, y nuestro país tiene inaceptables niveles de pobreza y mayor desigualdad; mayor inseguridad, violencia y muerte; más corrupción, injusticia e impunidad y, además, una profunda desesperanza.
Hoy habría que sumar la amenaza de un gobierno republicano en Estados Unidos que nos ha colocado como enemigos y que pretende deportar a nuestras y nuestros compatriotas, frenar el comercio y construir un muro en la frontera.
La frustración ciudadana frente al sistema electoral y la aún mayor insatisfacción con la democracia, prevalecen. Esta crisis de representación política ha creado condiciones para la irrupción social. La disputa electoral enfrenta a los partidos tradicionales contra la sociedad. La clase política controla la representación popular, las instituciones y la democracia misma. El sistema partidista, definido como el monopolio de quienes han usado el dinero público y la representación en beneficio de sí mismos, de quienes en silencio o con millones invertidos en propaganda, forman parte del pacto de impunidad a través del cual se gobierna en México.
Esta disyuntiva también involucra a los medios de comunicación. La desconfianza en las instituciones también les involucra y la prensa, que corre el riesgo de convertirse en parte del mismo establishment que indigna y envilece.
Hace 12 años, Felipe Calderón derrotó a AMLO con apenas 250,000 votos de diferencia (con 36 por ciento de la votación, 0.56 por ciento más que el abanderado de la entonces Coalición por Todos) y en el 2012, Enrique Peña Nieto lo superó, con casi 20 millones de votos, que representaron a 38 por ciento de los votos válidos.
Esta vez, por obra y gracia del Pacto por México, serán admitidos los candidatos independientes en la carrera presidencial. La fragmentación del voto —coinciden todos los analistas— abonará a los escenarios catastrofistas: que el 1 de julio del 2018, el ganador obtenga un tercio de la votación, o menos.
La propuesta panista de incorporar la segunda vuelta, aun entonces, tenía todo el sentido. El PRI contrapropuso la reducción de curules y escaños. Y la primera forma de vencer al puntero de la carrera quedó en el olvido.
¿Podrán llegar los independientes a la boleta electoral? Hasta ahora, la recopilación de las firmas ha sido lenta y engorrosa. Y sólo Margarita Zavala y el Bronco parece que cumplirán con las 866 mil firmas antes del 19 de febrero.
El Bronco tendrá que dejar la gubernatura de Nuevo León a más tardar dentro de tres semanas. Y entonces entregar el control de aquella entidad norteña… a un político de partido. De su gastada narrativa ya desapareció el uso intensivo de la propaganda en redes sociales, pero se mantiene la apuesta por generar simpatías en un segmento del electorado tan inconforme como esperanzado en que un outsider puede gobernar mejor que los políticos tradicionales.
El Frente por México sigue siendo la mayor incógnita. Y principalmente, por las acciones que deberán tomar Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle, que podrían dar la puntilla al esfuerzo de conjuntar a este inédito frente político-partidista.
Alejandra Barrales y Ricardo Anaya mantienen sin cambios su conograma. Y en las próximas dos semanas deberán definir el método para seleccionar al candidato. El 15 de diciembre es la fecha límite. Las campañas comenzarán oficialmente el 30 de marzo del 2018.
EFECTOS SECUNDARIOS
AMISTOSO. Franco, como buen “bárbaro del norte”, Ernesto Ruffo Appel casi siempre dice lo que piensa, aunque a menudo sin pensarlo. Y en la rueda de prensa en la que anunció la acción de inconstitucionalidad suscrita por 47 senadores contra la llamada ley Döring, el panista materializó su defensa de la autonomía del IFT y su muy particular visión sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. Los medios de comunicación —describió— volverían a tener manga ancha “para que digan lo que quieran sin mediar aclaración de si es fuente de información de hechos o es su opinión. Y luego, van a poner su propio defensor de las audiencias, éste habrá de rendirle cuentas al mismo medio de comunicación y no al IFT, que se le ha visto reducida su capacidad de una manera grave. Y por último, pues ahora van a tener la capacidad de tener su propio código de ética, díganme ustedes ¿cuántas éticas hay?, sólo hay una. ¿Y cómo es posible que entonces cada medio vaya a decir qué está bien y qué está mal?”. Así acabó la conferencia, aunque todavía se alcanzó a escuchar cuando Ruffo Appel se quejó de los representantes de los medios. “¡Ay, se quedaron muy calladitos!, ¿por qué será?”.
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