En 2021, Franco enfrentaba una denuncia por violencia familiar, ante lo cual estaba amparado. Sin embargo, el 13 de marzo de ese año policías ministeriales lo detuvieron
Lo que parecía el fin del castigo inmerecido contra el ex secretario de gobierno de Veracruz en el periodo 2016-2018, Rogelio Franco Castán, sólo fue un engaño más de la fiscalía, que previamente a la cita interpuso una revisión del amparo sin avisarle ni al inculpado ni a su defensa, de tal manera cuando todo mundo consideraba inminente la liberación del ex líder del PRD en Veracruz, resultó que no se presentó la parte acusadora ni los representantes de la fiscalía, en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
Para Luis Enrique González Lira, defensor de Franco, se trata de un atropello más contra su cliente, ya que desde el principio de su acusación se ha utilizado esta misma estrategia de aplazar audiencias y dejar plantado al acusado para ganar tiempo. Se trata de una detención bajo una ley que se dio de alta para poder detenerlo, de ahí que se piense que, desde el principio, la intención fue sacarlo de la jugada, ya que en ese momento era candidato a una diputación federal plurinominal.
La Ley Franco, denominada así por ser hecha a la medida de Franco Castán, no era otra cosa que la represiva norma legal denominada ultrajes a la autoridad, que consistía en que, si el ciudadano se resiste a la detención, debe ser mayor la sanción, sea culpable o no de los delitos por los cuales se le aprehende.
Este es sólo el inicio de lo que caracteriza una historia de injusticas que al parecer no terminan, porque al no ser notificada la defensa ni el inculpado de que había una revisión del amparo, presentada por la fiscalía antes de la audiencia el 4 de abril, automáticamente queda nulificada dicha revisión, por lo que el defensor anunció que recurrirán a autoridades federales para que vuelva a abrirse la audiencia que se canceló de manera ilícita.
Desde el inicio de la detención de Rogelio Franco, una veintena de integrantes de partidos de oposición y funcionarios incómodos para el gobierno estatal han sido encarcelados en lo que va de la administración de Cuitláhuac García, el gobernador que llegó al poder en Veracruz en diciembre de 2018.
En 2021, Franco enfrentaba una denuncia por violencia familiar, ante lo cual estaba amparado. Sin embargo, el 13 de marzo de ese año policías ministeriales lo detuvieron.
Cuando Franco ya estaba detenido, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrió otras carpetas de investigación por peculado equiparado, extorsión, abuso de autoridad, contra la administración pública y sustracción de menores.
En marzo pasado, la defensa de Franco informó que, tras dos años de detención, había obtenido la libertad por los delitos de ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, peculado equiparado, extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Pero en diciembre de 2022, la fiscalía de Veracruz obtuvo dos prisiones preventivas más, por los delitos de violencia familiar, además de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público.
En mayo del año pasado, los abogados de Franco informaron que habían obtenido otro amparo —el número 11— contra la prisión preventiva por violencia familiar. Sin embargo, una semana antes, el ex funcionario fue imputado por el delito de sustracción y retención de menores, lo que lo mantiene encarcelado.
El PRD exigió la liberación inmediata del perredista, a quien describe como preso político, y acusó al gobernador y a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de ordenar su arbitraria detención.
Los intentos del PRD por liberar a Franco no le han funcionado, menos ahora que perdió el registro.
El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, acusó a Cuitláhuac García de perseguir a opositores y a la prensa y no aceptar críticas. Pero dentro del PRD, Franco tuvo una importante traición, sin la cual no hubiera podido estar tantos años en la cárcel: su primer abogado defensor fue Jesús Velázquez, a quien Franco había introducido a la política y elevado a niveles altos dentro del partido. A la hora de tener que actuar como defensor lo abandona a su suerte para quedare con la curul en la Cámara de Diputados, de cuya diputación federal era suplente. Prácticamente el caso jurídico debió volver a empezar.
El PRD pidió que Franco Castán tomara posesión desde la cárcel, juramento que fue tomado por el diputado Augusto Gómez Villanueva, decano de la Cámara de Diputados. Al pasar el tiempo que estipula la ley para que el titular de la diputación se presente, tomo el cargo quien fuera su abogado defensor.
Desde el momento de su detención Franco Castán ha enfrentado 6 procesos penales por 11 delitos, y aunque ninguno prosperó debido a que los amparos fueron concedidos por la justicia federal todavía no puede alcanzar la libertad.
Su abogado, Luis Enrique González Lira, explicó que hubo violación de derechos humanos contra Rogelio Franco, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Juzgado Décimo Octavo Distrito, que son los encargados del amparo liso y llano que se le decretó para que le dictaran auto de no vinculación a proceso «por un injusto delito de retención de menores».
Es evidente que la causa de la retención de Franco Castán en arresto domiciliario es política, la proximidad de las elecciones intermedias en Veracruz, pueden ser una salida para que su situación pueda tener claridad y transparencia, o puede suceder todo lo contrario.
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