La resistencia de la comunidad académica a las imposiciones de la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, han catalizado un movimiento estudiantil que crece paulatinamente
El regreso a las aulas, en el 2022, ha sido intermitente y convulso. Apenas la mitad de la matrícula de las escuelas públicas de educación básica ha reabierto plenamente, a pesar de la insistencia de las autoridades federales por regresar a la normalidad.
Maestros, trabajadores administrativos y padres de familia ya están vacunados. Y tienen refuerzo. Muchos niños y jóvenes han sido blanco de la cuarta ola de Covid-19, por lo que las clases en línea seguirán vigentes… hasta nuevo aviso.
En la educación media y superior hay agitación. La resistencia de la comunidad académica a las imposiciones de la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, han catalizado un movimiento estudiantil que crece paulatinamente.
La flama de la inconformidad saltó a finales del año pasado al Instituto Politécnico Nacional, donde —al igual que en el CIDE— amplios sectores rechazan las acciones del director general, Arturo Reyes Sandoval, de indudables credenciales como docente e investigador, al igual que José Antonio Romero Tellaeche.
Cambios recientes en la estructura de mandos en Zacatenco y los nombramientos en ciernes de nuevos directores en las escuelas superiores se han visto obstruidos. Y la amenaza de un paro general —a raíz del movimiento iniciado en la ESIME— está latente, sin diálogo entre las partes.
El director del Poli cuenta con el respaldo de la SEP y del consejo general consultivo, pero la designación de Federico Anaya Gallardo como abogado general —a quien se ubicó cercano al exsenador Martí Batres— ha significado una ruptura con la alta burocracia de la institución, donde los exdirectores aun influyen.
Otros conflictos están latentes en la Fonoteca Nacional y en la ENAH. Ninguno se compara con la beligerancia de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ni de los afiliados a la CNTE que reclaman reivindicaciones salariales en Michoacán —pero también en Guerrero y Chiapas— que perderán, con la federalización de la nómina.
En esa misma línea, los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Chapingo —un sindicato con 1,900 afiliados— han emplazado a huelga para el 14 de marzo, ante la negativa de las autoridades escolares por revisar las condiciones salariales del contrato colectivo de trabajo.
La universidad tiene su sede central en Texcoco, así como Centros y Unidades Regionales que se localizan en Durango, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Morelia, Nayarit, Sonora y Jalisco. Sus aulas llevan 22 meses, por la emergencia sanitaria si usar. Y sus 10,500 alumnos siguen en confinamiento. Hace un mes, el SAT emitió una notificación de una multa por 25 millones de pesos a las autoridades de esa casa de estudios, por no timbrar los cheques de los trabajadores y no retener impuestos.
Por esas irregularidades y en demanda de un aumento de 7% al tabulador salarial y de 10% en prestaciones, además del pago de la “medida de fin de año”, un bono de 13,500 pesos por trabajador y que fue cancelada, no obstante estar en los lineamientos específicos de ejercicio fiscal 2021.
Efectos secundarios
DESLINDES. Enrique de la Madrid Cordero fue uno de los primeros en su generación en simultáneamente matricularse en derecho en la UNAM y economía, en el ITAM. Su padre era presidente de la República y por lo mismo —recuerdan sus condiscípulos— en ningún momento formó parte orgánica o estuvo subordinado a la tecnocracia reclutada por Pedro Aspe en esos años para el salinismo. Después de graduarse en Boston, regresó a México y sin timideces militó en el PRI. Cuando su partido lo llamó, accedió a ser candidato a la alcaldía Álvaro Obregón, a la mitad del gobierno de AMLO en la CDMX. Valga esta aclaración, a propósito de la anterior entrega de este espacio, donde también se enlistó a la Plaza México entre las propiedades de la familia Bailleres. El viejo coso de la Colonia de los Deportes fue adquirido por Antonio Cosío Pando y el extinto mandamás de Grupo Bal, junto con Javier Sordo Madaleno, fungía como administrador.
REGRESO. El PRI recuperó el gobierno municipal de Toluca, luego de seis años de administraciones opositoras, y también el ayuntamiento de Metepec, donde ahora gobierna Fernando Flores Fernández. La expectativa ciudadana es alta y contrasta con la actitud del empresario que encabezó la coalición PAN-PRI-PRD, quien se ha encapsulado en sus oficinas y se muestra débil, sumado a que tiene especiales retos en el combate a la inseguridad, así como en la generación de oportunidades y empleos para los habitantes de la comunidad.
ANÓMALOS. El arrendamiento de vehículos es un área gris, en la mayoría de los gobiernos subnacionales. Allí está, por ejemplo, el contrato asignado por el ayuntamiento de Guadalajara a la Integradora de Apoyo Municipal, por 792 millones de pesos. El PAN tapatío impugnó esa asignación y anunció que interpondrá una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa por un presunto fraude de 400 millones de pesos. El proceso para asignar la renta de 763 vehículos dedicados a la seguridad municipal corresponde al concurso LPN 010/2021 y algunos participantes ya habían solicitado la nulidad de la licitación, petición avalada por un segmento de los ediles.
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