Hace una semana, cuatro jóvenes itamitas —Regina Uribe Bornacini, Roberto Borbolla Torres, Harnoldo Horacio Reyna de la Garza y Juan Carlos León Villarreal— acudieron al Poder Judicial para impugnar la validez de la consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo aeropuerto de México. El trámite fue turnado al Juzgado … Continued
Hace una semana, cuatro jóvenes itamitas —Regina Uribe Bornacini, Roberto Borbolla Torres, Harnoldo Horacio Reyna de la Garza y Juan Carlos León Villarreal— acudieron al Poder Judicial para impugnar la validez de la consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo aeropuerto de México. El trámite fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia administrativa, donde fue admitido el trámite, pero fue negada la suspensión provisional, pues la instalación de las mesas de votación no generaba un daño inminente e irreparable.
Los alumnos de esa casa de estudios fueron a la segunda instancia con un alegato sorprendente: la consulta convocada por la administración entrante era negatoria de su derecho de participación, al igual que le ocurriría a 98% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, residentes en los municipios que no fueron considerados por los organizadores del inédito ejercicio. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmaron la negativa, pero emplazaron al presidente electo —como autoridad responsable— a rendirle un informe previo.
No hace falta, como decía el futuro consejero jurídico del gobierno federal, Julio Scherer Ibarra, que los empresarios que desarrollan las obras en Texcoco acudan ante la justicia federal para que la administración entrante justifique sus decisiones, más allá de los resultados de la consulta.
En el plano administrativo, sin duda, pero también en el terreno de lo político-electoral.
A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial fue turnado el expediente SUP-AG-0129-2018 remitido por la presidenta de la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey tras de recibir la impugnación tramitada por la experredista y ahora priista Luz María Flores Guarnero, por “diversos actos del presidente electo, relacionados con el aeropuerto de la Ciudad de México”. El expediente fue turnado a la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez.
AMLO denunció que los impulsores del NAIM en Texcoco querían construir “una nueva Santa Fe” en sus inmediaciones. Y el secretario de Turismo de la administración saliente, Enrique de la Madrid Cordero, dejó ver que un grupo de empresarios podría entrar al quite y rescatar el proyecto, diseñado por el laureado arquitecto Norman Foster.
Ya sea por resolución judicial o por la acción de los empresarios, la suerte del nuevo aeropuerto está en vilo.
Al cierre del 2017, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX atendió a 44.7 millones de pasajeros (122,000 diariamente) tras de 449,664 operaciones; 1,250 aterrizajes, y despegues cada día, con un tránsito de aproximadamente 300,000 personas —entre pasajeros, visitantes, empleados, autoridades y proveedores— cada 24 horas.
Tras de la construcción y puesta en operación de la terminal 2, en el 2006, la capacidad del AICM pasó de 20 millones a 32 millones de pasajeros en condiciones óptimas. Después de 12 años, el desgaste acelerado de la infraestructura y una prestación de servicios comprometida forzaron a la declaratoria de saturación que, entre otras consecuencias, limitó a 61 operaciones —40 aterrizajes y 21 despegues— por hora.
La adecuada operación del AICM y un eficiente plan de mantenimiento están entre las propuestas que exdirectivos de ASA, el Seneam y la terminal aérea hace un mes y medio hicieron llegar a la casa de transición y al equipo encabezado por Javier Jiménez Espriú.
“En tanto se materializan otras estrategias e infraestructura, el AICM puede continuar operando”, apuntan las conclusiones del documento ejecutivo de cuatro cuartillas entregado a Sergio Samaniego, “hay múltiples deficiencias en la administración que pueden corregirse, tanto a nivel interno como acciones coordinadas con terceros. Si bien el espacio aéreo es limitado, puede aprovecharse con estudios y reglas claras, así como acciones en tierra, utilizando los espacios disponibles y otros aeropuertos”.
En particular, ese estudio advierte que hay espacios “cuyo uso no es el óptimo” y sostiene que los vuelos oficiales contribuyen al congestionamiento del AICM. “Reubicando los vuelos oficiales, los espacios de Sedena, Policía Federal, Marina, PGR y/o Banxico, quedarían disponibles para estacionamiento y mantenimiento de aeronaves o la reubicación de otros servicios, lo que permitiría más posiciones de estacionamiento y comercializar horarios nocturnos”.
“Bajo las políticas anunciadas por la próxima administración, la plataforma del hangar presidencial y de Sedena, así como sus instalaciones o parte de ellas son útiles para operaciones de embarque y desembarque de pasajeros y estacionamiento de aeronaves y autos. Por su ubicación, existe potencial conexión con la T2”.
EFECTOS SECUNDARIOS
INMINENTE. El pleno de la Suprema Corte entrará a resolver la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. El proyecto que el ministro Jorge Pardo someterá a la consideración de sus pares plantea que no son acordes a la Constitución federal cinco asuntos básicos: el concepto de amenazas, porque es amplio e indeterminado; las facultades discrecionales para la atención de riesgos a la seguridad interior, porque no plantea la necesidad de una declaratoria previa; el que haya manifestaciones que puedan ser consideradas como amenazas a la seguridad interior; que las Fuerzas Armadas puedan actuar sin la solicitud de apoyo o auxilio de las autoridades civiles, así como el uso legítimo de la fuerza a partir de protocolos y no de las leyes.
PENDIENTES. Los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado del primer circuito resolverán si confirman un amparo otorgado a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en contra de Banobras, el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el Órgano Interno de Control en Capufe. Al inicio del sexenio, Banobras concesionó a Capufe la administración de tramos carreteros, por lo que Capufe debía cobrar el peaje y telepeaje de las carreteras y depositarlo mensualmente al Fonadin. Sin embargo, Capufe incumplió su obligación por más de un año, causando un daño patrimonial de más de 1,000 millones de pesos. Banobras se abstuvo de iniciar acciones legales.
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