Ya sea que recopilen los datos a través de sus plataformas virtuales o en sus centros de atención al cliente, las telefónicas debe verificar la información con el Registro Nacional de Población y generar un folio para cada línea validada
Dicen que siempre será mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así razonaron las cabezas de las principales operadoras del servicio de telefonía celular hace un año, cuando el gobierno entrante los emplazó para levantar un registro nacional de usuarios.
Inicialmente, el equipo encabezado por José Peña Merino los había convocado para anticiparles que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contemplaba enviar una iniciativa legal para integrar un padrón nacional. Cuatro años antes, a mediados del sexenio lopezobradorista, esa propuesta naufragó… después de que el Pleno del Inai y diversos senadores de la oposición interpusieran una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros declararon inconstitucional.
Las reformas constitucionales del 2024 extinguieron al Inai, al IFT y a ls SCJN. Aún así, el nuevo gobierno no se aventuró a un nuevo escándalo. La Agencia para la Transformación Digital y Telecomunicaciones instrumentó una prueba piloto del acopio de los datos, justo antes de que fuera instalada la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, instancia que justo hace dos meses expidió los lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles.
Tras un breve periodo de consultas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó y emitió los lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas. La información –estipularon los comisionados— será resguardada por las empresas de telefonía celular. Y los usuarios del servicio deben presentar una identificación oficial (credencial para votar o pasaporte) y su CURP certificada.
¿La justificación del gobierno? La nueva estrategia nacional de seguridad contempla castigar duramente la extorsión, delito de gran ocurrencia a través de llamadas telefónicas —en una gran mayoría— desde reclusorios.
Los expertos en cuestiones criminalísticas y en telecomunicaciones saben perfectamente que es posible —y necesario— restringir el acceso a los teléfonos celulares y la conexión satelital en los penales estatales y federales. A los encargados de la seguridad del país se les ocurrió que es más efectivo vincular a cada línea con una persona física o moral.
Las primeras cuatro semanas de este nuevo acopio de datos personales abonan al pesimismo y la suspicacia. Primero, por la exhibición de las vulnerabilidades de la plataforma instrumentada por el principal operador telefónico. Y ahora por una inminente crisis de saturación en los centros de servicio al clientes de los operadores. En cinco meses deberían completar su inscripción en este registro casi 150 millones de líneas celulares.
La gente no acude al registro en línea obedece a que la población no siente que tal medida cuente con mecanismos suficientes de seguridad ni garantías claras de que su implementación va a contribuir con la reducción efectiva de delitos, mientras que implica una vigilancia generalizada de la población.
Ya sea que recopilen los datos a través de sus plataformas virtuales o en sus centros de atención al cliente, las telefónicas debe verificar la información con el Registro Nacional de Población y generar un folio para cada línea validada. ¿Quién resguarda y protege los datos personales?
El tratamiento de los datos es el gran tema a resolver. Los responsables de la Agencia de Transformación Digital han reiterado que la responsabilidad recae en los operadores de los servicios telefónicos pero hasta ahora no sabemos si estos han contratado a empresas para recabar y procesar los datos. Y en sus explicaciones hay una mezcla preocupante de conceptos, pues no se distingue claramente entre datos genéricos y datos biométricos.
Pero deslindar responsabilidades entre los encargados y los responsables ya ha generado problemas en el pasado. Hace dos años, para ser más precisos, cuando el escándalo por la presunta extorsión infligida a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol por dos funcionarios del extinto Inai.
Minuto a minuto
