El Tribunal Electoral está por resolver una de las paradojas generadas por las sucesivas reformas a las reglas de la competencia por el poder político con la instrucción del juicio JDC-0035-2018 y sus acumulados. No resulta una exageración afirmar que lo que este mediodía decida la Sala Superior modificará la conformación de las planillas que … Continued
El Tribunal Electoral está por resolver una de las paradojas generadas por las sucesivas reformas a las reglas de la competencia por el poder político con la instrucción del juicio JDC-0035-2018 y sus acumulados. No resulta una exageración afirmar que lo que este mediodía decida la Sala Superior modificará la conformación de las planillas que postularán los partidos y coaliciones en las elecciones concurrentes que se resolverán el próximo 1 de julio.
Hace una semana, los magistrados aceptaron ejercer la facultad de atracción invocada por Rosendo Galeana Soberanis y otros cuatro militantes del PAN, quienes habían impugnado las providencias emitidas por la dirigencia nacional del blanquiazul para garantizar la paridad de género en la selección de los candidatos a diputados locales y alcaldes en el Estado de México.
Los criterios para el cumplimiento de las acciones afirmativas quedaron identificados bajo las claves SG/137/2018 y SG/138/2017 y llevan la firma del actual secretario general del CEN panista, Marcelo Torres Cofiño. En esencia, quedó establecido que en municipios mexiquenses gobernados por alcaldes hombres serían reservados para que en su lugar fuese postulada forzosamente una candidata a la presidencia municipal. En la mayoría de esos casos, las candidaturas corresponderían a personalidades que serán seleccionadas por las fuerzas políticas aliadas al blanquiazul que integran la coalición Por México al Frente.
En el turno de expedientes hay otras siete impugnaciones por parte de alcaldes, síndicas y regidoras mexiquenses, todos del PAN. En total, otros 32 casos que serán defendidos por la abogada Ingrid Tapia, aunque dichas impugnaciones podrían ser interpuestas en los municipios del país donde se celebren comicios similares.
Entre los demandantes están los alcaldes de Ozumba, Marco Antonio Gallardo Lozada ; de Jilotzingo, Erick Javier Olivarez Chávez; de Xalatlaco, Alejandro Dávila Téllez; de Coyotepec, Pedro Luna Vargas, y de Xonacatlán, Carlos González González quienes decidieron desconocer los compromisos signados por las cúpulas partidistas y mantener su decisión de ejercer su derecho a la reelección, junto con los miembros de sus respectivos cuerpos edilicios, actualmente en funciones.
Cierto es que la paridad de género y la potencialización de los derechos de las mujeres alcanzaron rango constitucional, como también la reelección consecutiva, sostiene la abogada Tapia. “El PAN está obrando contra derecho, puesto que debió procurar la coexistencia y aplicación de ambas figuras, al señalar como reservados para candidatas aquellos municipios que al día de hoy no estuviesen gobernados por un alcalde o estuviesen gobernados por mujeres, permitiendo así la viabilidad de las dos figuras”.
Los actores en los juicios sostienen que la paridad de género y la elección consecutiva son plenamente compatibles, postulando a mujeres en municipios aún más competitivos que en los que actualmente han sido reservados por el partido.
EFECTOS SECUNDARIOS
NEGATIVAS. Alexandro Argudín y Yuriria Mascott, por separado, comunicaron a este espacio que mantienen una relación de respeto, comunicación y coordinación. “No existe ninguna diferencia o distanciamiento”, y la marcha de los asuntos en el AICM y la Subsecretaría del Transporte transita con normalidad, insisten en el entorno del secretario Ruiz Esparza.
PRESIONES. Al arranque del 2018 fueron las alzas unilaterales de los industriales de la tortilla. Y después, las versiones sobre un segundo gasolinazo (sic) prendieron las alertas en el gabinete peñista. Las presiones inflacionarias aturdirían la economía, sin duda, pero también afectarían la aprobación presidencial y hasta las expectativas meadeadistas. Justo a punto de las intercampañas, los lecheros de México han exigido a Liconsa un incremento en el pago a los proveedores del producto. Y es que —sostienen— en lo que va del sexenio la inflación acumulada ha sido aproximadamente de 20%, de acuerdo con el Inegi, y la variación del tipo de cambio ha tenido una fluctuación promedio de 50%; la empresa paraestatal no ha modificado su política de pagos al productor mexicano. Estos incrementos inflacionarios y la paridad del tipo de cambio han incrementado notablemente el costo de producción de la leche; sin embargo, esto no se ha visto reflejado en una actualización de las políticas de compra de Liconsa, provocando la desaparición de una gran cantidad de establos y poniendo en riesgo de desaparecer a miles más, que son la base del sustento para muchas familias de nuestro país, afectando en especial, a pequeños y medianos productores cuya actividad lechera es de tipo familiar y es el sustento diario de éstos.
MOLESTIA. La amnistía presuntamente ofrecida por AMLO a Napoleón Gómez Urrutia generó reacciones en contra, particularmente dentro del gremio minero. El líder del Sindicato Nacional Democrático Minero, Ismael Leija Escalante, recordó el litigio con Grupo México por los 55 millones de dólares entregados a la directiva del STMMRM y que nunca fueron entregados a los mineros. Y también, la deuda por 16 millones de pesos en bonos de productividad que tiene con sus 14,000 afiliados. El Sindicato Nacional Democrático Minero es una de las cuatro fracciones que representan al gremio y hace algunos días buscaba un acercamiento con AMLO; el anuncio sobre Napito cayó como balde de agua fría y la intención quedó suspendida. “No puede haber conciliación con quien se llevó nuestro dinero”, insisten.
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