Las lagunas jurídicas siempre son campo propicio para la corrupción y la trampa. Y en el caso de los desastres naturales hay resquicios jurídicos que facilitan que, de la desgracia en que caen cientos de personas, surjan negocios millonarios que no pasan por procesos de licitación ni verificaciones rígidas. Un caso no documentado porque los … Continued
Las lagunas jurídicas siempre son campo propicio para la corrupción y la trampa.
Y en el caso de los desastres naturales hay resquicios jurídicos que facilitan que, de la desgracia en que caen cientos de personas, surjan negocios millonarios que no pasan por procesos de licitación ni verificaciones rígidas.
Un caso no documentado porque los actores prefirieron evitar la denuncia pública para no salir perjudicados, a la larga, en sus negocios es el ocurrido en el caso del Huracán Manuel, el año pasado en Acapulco, Guerrero.
Manuel causó severos destrozos en infraestructura pública que, por fortuna, está respaldada por empresas aseguradoras en caso de daños.
Si bien las aseguradoras no sueltan a la brevedad los recursos que se les reclama hasta en tanto no concluyan peritajes y quede evidencia plena de que no hubo omisiones o cualquier otro acto que pudiera llevar a la aplicación de las cláusulas de exclusión (para no pagar), el hecho es que cuando pagan se activa uno de los mejores espacios para el amasamiento de fortunas para algunos privilegiados de la información, los que entienden los procedimientos y las lagunas.
En el caso de Manuel una infraestructura eléctrica tuvo daños cuantiosos. La pérdida fue total. La aseguradora concluyó las revisiones y realizó el pago correspondiente.
Pero aquí viene el tema, al provenir de una aseguradora no implican necesariamente recursos públicos. Por lo tanto no están precisamente sujetos a fiscalización y menos a que para el restablecimiento de la obra se supedite a procesos de licitación para asignar la obra al mejor postor en términos de precio, calidad y condiciones.
Ahí está el vacío legal.
Por ello existe plena y absoluta posibilidad discrecional de entregar la obra a quien mejor convenga, sean familiares, amigos o empresas afines.
Una de las quejas de algunos contratistas que regularmente participan en licitaciones públicas es que en el caso de obras para reconstrucción que no requieren recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), pues están aseguradas, es que si bien no hay procesos de licitación sí se simulan procesos de concurso para establecer montos, características y especificaciones.
Lo anterior sirve para tener documentos de apoyo ante las aseguradoras y tomar las ideas de otros para el desarrollo de las obras.
El tema viene al caso porque Los Cabos y la Paz, en Baja California Sur, sufrieron cuantiosos daños en su infraestructura. Y en el caso de la eléctrica, una de las más graves de toda la historia en el país.
Se están destinando recursos fiscales a través del Fonden para recuperación de infraestructura pública y otros apoyos en beneficio de la población afectada y con el afán de reactivar la economía de Los Cabos, que es la más importante en Baja California Sur.
Pero es factible que muchos recursos más vendrán del pago de las aseguradoras.
Y ahí es donde habrá que estar atento en la asignación de obras a reconstruir, que –en el caso de la electricidad- no necesariamente son las de postes y cableado que están siendo atendidas directamente por persona de la Comisión Federal de Electricidad, sino aquellas de mayor valor.
Pero no sólo las de la CFE sino de otras dependencias gubernamentales.
Y habrá que estar atentos porque en el caso de los destrozos de Manuel no sólo hubo asignaciones directas, sino obras inconclusas, de especificaciones bajas y alto costo que favorecieron los bolsillos de unos cuantos.
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