El nuevo régimen recurrió a prácticas de antaño, a la hora de limpiar a la administración pública federal
El nuevo régimen recurrió a prácticas de antaño, a la hora de limpiar a la administración pública federal. Así fue con la categórica decisión de “rescatar” a Notimex capturada por la cúpula sindical que, con la anuencia de la directiva, hizo de la agencia de noticias del Estado mexicano un feudo.
La limpieza de Notimex sería implacable con la dirigencia sindical, encabezada por Conrado García, pero también con la plantilla de reporteros, corresponsales, editores y fotógrafos. Entre despidos y demandas laborales, la nueva directiva avasalló al Sutnotimex, mientras el Sindicato Independiente engrosaba sus filas.
El viejo sindicato —que ahora conduce la reportera Adriana Urrea— urgió a la mediación de las autoridades laborales en la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo firmado por las partes, en el 2018. Los términos de ese acuerdo resultan inaceptables a la directiva encabezada por Sanjuana Martínez e imposibles, las pretensiones de renivelación salarial.
Entre el recuento y la huelga —un nuevo emplazamiento, para el próximo 21 de febrero, será formulado por la membresía representada por Urrea—, Notimex está a punto de la quiebra, por el cumplimiento obtuso de la instrucción presidencial de acabar con las mafias sindicales.
En el Instituto Fonacot tienen los mismos afanes purificadores, aunque utilizan términos de etapas blanquiazules. “Tenemos una responsabilidad como servidores públicos, pero además tenemos una gran oportunidad de contribuir al bien común”, apeló el director general, Alberto Ortiz Bolaños, a los empleados de ese organismo.
El funcionario nuevamente utilizó el correo electrónico para comunicarse con los mandos, medios y superiores, y por esa vía les remitió una relatoría de su peculiar cumplimiento de las instrucciones presidenciales.
El plural mayestático fue el recurso de Ortiz Bolaños para compartir los logros de su primer año de gestión. “A través del esfuerzo conjunto al cuidar los recursos, logramos reducir de forma importante los gastos operativos en 1,050 millones de pesos”, presumió: “Prácticamente todo el ahorro vino de contrataciones de servicios con terceros, donde el gasto se redujo a 1,030 millones de pesos”.
De 3,195 millones de pesos de gastos operativos, al cierre del 2018, a 2,105 millones en el 2019. La vigencia de contratos plurianuales (“muy onerosos”, describió) impidió mayores ahorros y cumplir con los objetivos estratégicos de esta administración: convertirse en la opción más económica y reducir el costo de los créditos de nómina.
¿Su fórmula? Prescindir de proveedores y contratistas, además de los funcionarios que —a su juicio— permitieron “la apropiación por privados (sic) de recursos públicos”. Según sus datos, las aseguradoras que daban cobertura a los acreditados en caso de cesantía, invalidez o defunción, obtuvieron el sexenio pasado un margen financiero de 4,319 millones de pesos, lo que equivale a 30% del patrimonio actual del instituto. Y la anterior directiva, que encabezaba César Martínez Baranda, pasó de 520 millones en el capítulo 3000 —servicios generales— en el 2013, a 2,290 millones en el 2018.
Ejemplos claros abundan, según el director general del Instituto. Y adjuntó a su correo un archivo PDF con el nombre del exdirector de comunicación social, Dante Pinal, al que responsabilizó de haber autorizado un pago por 11.4 millones de pesos por un manual para uso de redes sociales. En realidad —sostuvo— fue una adjudicación directa, por derechos de autor, por un material plagiado y que siempre estuvo disponible, gratuitamente, en la web.
Luego aludió a los múltiples sistemas por los que se pagaron millones de pesos y ni siquiera funcionan…
“La instrucción presidencial es muy clara: estas prácticas ya no son toleradas y quien las cometa o haya cometido tendrá que responder administrativamente por ellas”, sentenció. ¿Acaso nada debe investigar la Función Pública? ¿Los presuntos responsables no tienen derecho de audiencia? ¿Y el debido proceso?
Efectos secundarios
MOCHES EN LA MIRA. El Consejo Consultivo del IMSS en Tamaulipas recibió una denuncia anónima para alertarlos sobre una presunta red de corrupción que involucraría al delegado saliente de ese organismo en aquella entidad fronteriza, Fernando López Gómez, al bróker Marcelo Sierra Garza, y al extitular de servicios administrativos, Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez. Por extorsionar a los proveedores a cambio de contratos, es la denuncia.
PERSISTENCIA. La séptima edición de Las 100 empresas con mejor Responsabilidad y Gobierno Corporativo en México 2019 de Merco está en circulación y por sexto año consecutivo Grupo Bimbo apareció en el primer lugar de ese ranking. La empresa de Daniel Servitje cuenta con una flotilla sustentable de 400 vehículos de reparto eléctricos desarrollados por su filial Moldex y recientemente anunció que incrementará este número a 4,000 vehículos eléctricos más, incorporando 1,000 por año, comenzando en este 2020.
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