Las familias afectadas por la explosión requieren de respuestas y justicia de un gobierno que en lugar de mentir sobre la velocidad de la pipa les cumpla con los recursos de todos los contribuyentes o se endeude, y no con la buena voluntad de los particulares
Con mi sincero, consternado pésame a los familiares y amigos de la periodista Débora Estrella
Pipazo
La explosión de la pipa con saldo superior a un centenar de víctimas entre muertos y heridos destapa la incapacidad gubernamental para precisar las causas y prestar auxilio.
Apenas ocurrió la tragedia, el oficialismo perfiló un falso “exceso de velocidad” como razón, lo que avaló después la fiscal Bertha Alcalde:
“El vehículo, efectivamente, iba a exceso de velocidad, de acuerdo con el carril por el cual circulaba”, dijo.
En vez de un peritaje científico, la afirmación parece basada en que el camión cisterna iba en el ilusorio carril “de alta velocidad”, donde rodaba en realidad al mismo paso lento el par de autos que le precedían y sin signos de imprudencia, como lo revelaron Canal 6 y MILENIO Televisión de Grupo Multimedios.
La narrativa del “exceso” se antoja maniobra para desviar la atención en las responsabilidades.
¿Qué confianza merecen los peritos de la Fiscalía capitalina?
La funcionaria dijo también que la investigación y la causa penal por homicidio culposo, lesiones y daños culposos continúan “más allá del fallecimiento del conductor” (Fernando Soto Munguía), pues el objetivo es “establecer con claridad” lo que sucedió, pero hasta hoy la causa del siniestro es turbia.
Y luego un anuncio preocupante: la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un “comité de solidaridad” para las víctimas, integrado por la ONU, la UNAM, la Cruz Roja, “la sociedad civil” y su área de “Bienestar”, aunque un fondo de caridad no suple el deber elemental del gobierno de responder con recursos propios a una catástrofe en su territorio. No se trata de recurrir a la filantropía, sino de actuar con responsabilidad institucional.
Pero desde el arranque de su gestión, Andrés Manuel López Obrador extinguió el Fondo Nacional para Desastres Naturales, y en CdMx lo más “natural” es el deplorable estado de calles y avenidas, así como los habituales congestionamientos vehiculares.
¿Por qué la administración de Brugada no tiene una reserva de recursos etiquetados y verificables para atender emergencias?
En lugar de activar un mecanismo de Estado se apela a la “solidaridad social” con respetables supervisores que no se tuvieron cuando pegó el huracán Otis u otras desgracias multitudinarias.
La nobleza de la solidaridad pública es incuestionable. Lo reprobable es que un gobierno se refugie en esa fórmula para enfrentar sus obligaciones y no tenga presupuestado un fondo para contingencias.
Como ha ocurrido ya en tantas otras incontables ocasiones, lo previsible es que el “fondo supervisado” se vuelva un embrollo y que difícilmente se sepa qué destino tenga cada peso donado.
Las familias afectadas por la explosión requieren de respuestas y justicia de un gobierno que en lugar de mentir sobre la velocidad de la pipa les cumpla con los recursos de todos los contribuyentes o se endeude, y no con la buena voluntad de los particulares…
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