La Profeco y la Secretaría del Trabajo fueron, en el terreno federal, las dependencias que en primera instancia intervinieron en el conflicto que mantiene en vilo las operaciones de Aeroméxico Connect. Y antes, por petición de una de las partes, las autoridades judiciales de la Ciudad de México. Las redes sociales potencializaron el malestar de … Continued
La Profeco y la Secretaría del Trabajo fueron, en el terreno federal, las dependencias que en primera instancia intervinieron en el conflicto que mantiene en vilo las operaciones de Aeroméxico Connect. Y antes, por petición de una de las partes, las autoridades judiciales de la Ciudad de México.
Las redes sociales potencializaron el malestar de los usuarios, que entre el azoro y la desesperación observaron la peculiar movilización de protesta, motivada por acciones contra la base afiliada a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
La STPS minimizó el paro de actividades del pasado martes 28 en la T2 del AICM, que afectó a más de 60 vuelos –entre demoras y cancelaciones —y dejó en tierra a casi 10,000 pasajeros. “No fue una huelga, no obedeció a ningún procedimiento laboral, ni tuvo alguna causa o justificación legal y tampoco fue ordenada o autorizada por dicha organización sindical”, argumentaron.
La protesta, describió la autoridad laboral, fue motivada por la inconformidad de algunos pilotos ante la rescisión del contrato de trabajo de uno de sus compañeros, quien presumiblemente ha incurrido en ausentismo a sus jornadas de trabajo en forma reiterada. Y al tratarse de una acción que carece de sustento legal y que tampoco fue autorizada por la ASPA, tanto al patrón como al sindicato les asiste el derecho de interponer los procedimientos y acciones disciplinarias que, en términos de la ley, los reglamentos y los propios estatutos sindicales procedan en contra de los trabajadores que unilateralmente decidieron suspender actividades.
¿Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Con sigilo, pero con efectividad, ya intervino en el caso.
Hace un par de días se hicieron públicas las diferencias gremiales al interior del ASPA que encabeza Mario González Aguilera, después de que el capitán disidente José Manuel Fernández de Aeroméxico Connect conminara de manera ilegal a que entre 30 y 40 pilotos de Aeroméxico ejecutaran el paro laboral. En este sentido han trascendido los intereses gremiales detrás de las acciones de Fernández, quien desafiando el liderazgo de González Aguilera ha venido actuando por su cuenta sin consultarlo y mucho menos a la membresía; es decir, ha venido actuando de manera unilateral. Lo relevante de esto es que hace unas semanas Fernández encabezó un altercado, al usar una pistola con la que amenazó a su compañero Carlos Smith, quien sin dudarlo procedió a denunciar los hechos ante las autoridades del ministerio público, más allá del paro laboral por presuntamente estar en contra de la iniciativa de la diputada Cristina Díaz para sumar 10 horas a la jornada laboral mensual de los pilotos como sucede en todo el mundo y por un supuesto despido injustificado de un piloto que ha presentado recurrentes faltas laborales, la actitud y los incidentes del capitán Fernández ya prendieron las alertas de seguridad.
La Dirección General de Medicina del Transporte, de la SCT, ya ha estado localizando sin éxito al capitán Fernández para realizarle los exámenes psicométricos correspondientes sin que éste se haya presentado para que le sean realizados. Tal omisión podría derivar en el retiro de su licencia de aviación por parte de las autoridades aeronáuticas.
Aeroméxico, en más de un sentido, tendrá que asumir los costos del pleito al interior de la organización sindical que aglutina a los pilotos comerciales. la empresa que encabeza Andrés Conesa decidió el despido de un grupo de sindicalistas en el que se cuentan José Manuel Fernández, actual secretario de Trabajo del ASPA, cuya conducta no sólo amenaza a la directiva de la organización, sino a la seguridad aeroportuaria. Y si no que le pregunten a Carlos Smith Villafán, titular de la cartera de organización, quien sufrió vejaciones a mano armada en plena asamblea. Ese asunto quedó en manos del ministerio público y la empresa decidió actuar contra quienes considera que significan un riesgo.
EFECTOS SECUNDARIOS
LLAMADOS. A la Asamblea Legislativa de la CDMX acudió el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, quien tuvo que atender dos pistas: los temas relativos al periodo anual y los avances en la reconstrucción de la ciudad. Sobre el primer rubro, destaca el llamado que hizo Tungüí a los asambleístas para solicitar juntos a la Federación los poco más de 6,000 millones de pesos que hacen falta para concluir la ampliación de la Línea 12 del Metro. La obra registra un avance de 24%, y por la falta de fluidez financiera, en cinco años sólo se ha podido avanzar en una parte del túnel. La importancia de tenerla hasta Observatorio recae en que ahí llegará el Tren México Toluca, y de no llegar simultáneamente, se provocaría un nudo en la zona. De la reconstrucción, Tungüí Rodríguez insistió en que se avanza con las demoliciones de inmuebles con alto riesgo de colapso. Cada caso es diferente, pero si hablamos que en promedio cuestan 8 millones de pesos cada una, y se requerirán al menos 100 millones, tendrán que disponer de 800 millones para ejecutarlas. La prioridad, dijo, es la seguridad de las personas e inmuebles aledaños.
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