Resulta un majar para el populismo el poder echar mano a los 7,528,340.30 millones de pesos que administran las Afores, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro
En plena pandemia, legisladores al servicio del régimen de López Obrador propusieron en el Congreso una iniciativa para eliminar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y nacionalizar los recursos de los trabajadores.
Era, por supuesto, un buscapiés que se topó con un rechazo generalizado y la realidad de no tener en ese momento mayoría calificada para cambiar las leyes.
En abril del 2024 la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que simplemente se adjudicó los recursos “no reclamados” de las Afores.
Y es que resulta un majar para el populismo el poder echar mano a los 7,528,340.30 millones de pesos que administran las Afores, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro.
Y sobre todo cuando ha habido tal dispendio de recursos públicos y cuando las transferencias a sus programas asistencialistas crecen de manera exponencial cada año.
No se puede descartar que ahora que tienen esa mayoría calificada artificial en el Congreso pretendan insistir en el uso de una parte de esos recursos para sus planes de gasto.
Entre todos los compromisos de gasto que tiene el régimen hay uno que ya es prioritario por la amenaza financiera que implica y que tiene que ver con la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Petróleos Mexicanos solicitó autorización para listar bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores que actualmente ya se operan en los mercados.
Son 3,777 millones de dólares que son un pelo de gato frente a la deuda de 120,000 millones de pesos que Pemex mantiene en los mercados financieros y con proveedores.
Este es otro buscapiés que más allá de pensar en el apetito de los que quieran altos rendimientos en una empresa que esconde la información de sus auditorías, que prefiere perder dinero con una refinería que explotar petróleo, que perdió su estatus de empresa productiva para ser de nuevo apéndice gubernamental y, sobre todo, que tiene calificación de papel basura, parece que prepara el terreno para buscar esos abundantes recursos para el retiro.
La misma nota de la cual rehúyen en los mercados externos, es la misma referencia que tienen los inversionistas locales, quizá con el entendido de que aquí queda claro que los compromisos de Pemex son asumidos como responsabilidad gubernamental, faltaba más.
Pero, desde el otro lado, es muy oneroso para las finanzas públicas pagar premios tan altos con el respaldo de una economía que todavía conserva el grado de inversión.
Sin embargo, el traspaso, así sea de una parte de esa deuda, provocaría casi en automático la pérdida de ese privilegio del grado de inversión.
Es ahí donde se pueden poner autoritarios y creativos y forzar el uso de los recursos del ahorro para el retiro en un híbrido de papel de deuda de Pemex, pero con los costos de la deuda soberana mexicana.
¿Qué detendría al régimen de hacer cuanto cambio necesiten las leyes para forzar ese tipo de inversiones?
El manejo de Pemex ha sido un desastre desde hace muchas décadas, pero las decisiones de los últimos años terminaron por sellar la suerte de un fracaso financiero que puede arrastrar a las finanzas públicas.
Resulta un majar para el populismo el poder echar mano a los 7,528,340.30 millones de pesos que administran las Afores, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro.
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