¿Clientes cautivos o usuarios privilegiados? La mayoría de los beneficiarios de los programas asistenciales del gobierno federal, por definición, radica en regiones geográficamente aisladas. Cada bimestre, religiosamente, pagadores del gobierno acuden a los puntos de entrega para entregar los apoyos. En efectivo. Incidentes recientes en “zonas rojas” hicieron que el personal de Bansefi viajara escoltado … Continued
¿Clientes cautivos o usuarios privilegiados? La mayoría de los beneficiarios de los programas asistenciales del gobierno federal, por definición, radica en regiones geográficamente aisladas. Cada bimestre, religiosamente, pagadores del gobierno acuden a los puntos de entrega para entregar los apoyos. En efectivo.
Incidentes recientes en “zonas rojas” hicieron que el personal de Bansefi viajara escoltado por guardias de seguridad. Y obligaron a los responsables de la banca de desarrollo y de los programas sociales a encontrar mecanismos novedosos para entregarles sus apoyos sin mermas o robos.
En esas estaban, cuando los sismos de septiembre del año pasado. Y la institución encabezada por Virgilio Andrade quedó en el ojo del huracán, luego de que fuera exhibida la vulnerabilidad de las tarjetas de débito entregadas a los damnificados por los sismos en Chiapas, Oaxaca y Puebla. De la acusación —dolosa, por adventicia— de la falta de fondos en el istmo de Tehuantepec, a una presunta clonación masiva, la ofensiva mediática derivó en una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una nebulosa incursión en las oficinas de los funcionarios involucrados cuya legalidad tendrá que ser sancionada por la Secretaría de la Función Pública.
Recién llegado a la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya giró instrucciones para acallar el escándalo y controlar el problema, cualquiera que fuera la causa. Ese golpeteo —había detectado el equipo de su antecesor— estaba vinculado a la definición del candidato presidencial del PRI. Y sí, aunque directamente no afectaba a José Antonio Meade.
¿Hubo fuego amigo entre los hacendarios y los funcionarios de la banca de desarrollo? Esa hipótesis involucra a otros integrantes del primer círculo meadenista —léase Vanessa Rubio y Jaime González Aguadé— pero no llega al fondo del asunto: ¿hubo una omisión deliberada en la integración de los padrones en las zonas afectadas por los sismos y en la dispersión del erario para la reconstrucción de las viviendas?
La atención de las instrucciones presidenciales —apoyar a los damnificados con prontitud y comedimiento— implicaba encontrar la manera expedita de entregar los fondos; la única opción viable entonces eran los plásticos de Bansefi, que en una primerísima instancia sólo contaban con una banda magnética y, para finales de octubre, contaban con chip.
Más de 180,000 beneficiarios recibieron los plásticos —55% con chip, el resto con banda magnética— activados y con saldo, sólo con un bloqueo temporal que se levantaba una vez que era confirmada su entrega. Las primeras historias sobre las tarjetas sin fondo aparecieron en televisión nacional, fueron resueltas relativamente rápido y sin mayores aspavientos.
Las historias sobre la presunta clonación, por el contrario, implicaban una intervención de la CNBV pues, según la normatividad vigente, un reclamo de esa naturaleza debe ser rembolsado en 24 horas, sin mediar investigación alguna, con costo para el banco, de acuerdo a la normatividad vigente.
Más que el escándalo, Bansefi estuvo a punto de sufrir un importante daño patrimonial, porque detonó una mala práctica y familias completas, principalmente en dos comunidades —una en Chiapas y otra en Oaxaca—, acudieron a las sucursales de Bansefi a desconocer los cargos. Al final, sólo 250 reclamos fueron procedentes, principalmente aquellos casos en que existían cargos recurrentes idénticos en gasolineras, o fuera de los estados de los beneficiarios, por un monto de aproximadamente 2 millones de pesos. Cargos “sospechosos” que en donde existe presunción de elementos que confirmarían un delito, principalmente fraude, son los 47 que se presentaron a la PGR. La última semana de noviembre ya no hubo solicitudes de aclaraciones. No existe ninguna evidencia de que hayan existido clonaciones.
Disipadas las sospechas, Bansefi tiene luz verde para arrancar la migración —de “canal cerrado” a “canal abierto”— de los beneficiarios del programa Prospera, lo que permitirá en una primera etapa que 1.3 millones de empadronados puedan disponer de sus recursos en sucursales y cajeros automáticos al finalizar el primer bimestre del 2018. Otros 1.7 millones de beneficiarios de programas sociales migrarán de puntos temporales a canal abierto, con la incorporación de Telecomm como corresponsal de Bansefi.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿PROTEGIDOS? De regreso, tras las fiestas navideñas, las dos salas de la Suprema Corte reanudan trabajos. Y de inmediato, un asunto candente: la definición de los derechos de los testigos protegidos —o “testigos colaborativos”, según la terminología derivada de la reforma al sistema judicial— que ha provocado que muchas investigaciones se vengan abajo y en otros casos que, a cambio de la libertad o privilegios, estos testigos incriminen a otras personas sin pruebas de por medio. En Chihuahua hay polémica por el uso de esta figura en el caso de la periodista Miroslava Breach. Hay otros ejemplos: en Querétaro un sicario aprehendido y confeso por intento de homicidio, meses después de estar encerrado en prisión, “recordó” quién supuestamente contrató sus servicios y, sin más prueba que su dicho, dos personas fueron acusadas de la autoría intelectual del intento de homicidio y, el sicario confeso, inexplicablemente, puesto en libertad. Con la figura del testigo colaborativo —consideran abogados penalistas y, sobre todo, familiares de las víctimas— los jueces otorgan una amnistía de facto a criminales que logran acuerdos con procuradurías y fiscalías.
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