El nuevo régimen político y de gobierno remite a la discrecionalidad, de ahí que los sectores económicos hayan sido los primeros en mostrar su preocupación
Las definiciones del INE y del Tribunal Electoral en la integración de Cámaras aclaran el panorama. Los ganadores de la elección invocan el triunfo electoral no sólo en el sentido de ejercer el gobierno, sino como su derecho a cambiar el régimen democrático que, no sin imperfecciones, había construido la sociedad. Todavía no se sabe hasta dónde llegará la reforma, pero la eliminación de los órganos autónomos y la afectación al Poder Judicial y a la Corte para hacer valer la constitucionalidad de leyes y los actos de autoridad, son suficientes para hablar de un nuevo sistema político sin real división de poderes, con una aplicación de la legalidad funcional al régimen y sin garantías a las libertades fundamentales.
El nuevo régimen político y de gobierno remite a la discrecionalidad, de ahí que los sectores económicos hayan sido los primeros en mostrar su preocupación. El trato particularizado beneficia a quienes tienen capacidad para ello, que son muy pocos, o bien, a quienes prefieren actuar al margen de las reglas, lo que remite a un asunto de ilegalidad y de impunidad.
Pero el problema no sólo es para los inversionistas y la economía. El deterioro de la legalidad, del escrutinio al poder y de la rendición de cuentas afecta a todas las personas. La ley es un límite y un referente para todos, gobernantes y gobernados, y es la condición insustituible para la certeza y confianza y consecuentemente para la civilidad. La ley existe por la capacidad de hacerla valer y en esto radica la importancia del Poder Judicial y la de la Suprema Corte. Afectar la ingeniería constitucional que remite a la división de poderes daña a la República y, desde luego, a la democracia.
Los juzgadores federales —jueces, magistrados y ministros—, así como el personal que les asiste —actuarios, secretarios proyectistas, etc.—, de lo que tenemos, son de lo menos malo del servicio público. Es injusta la condena por los fallos que no favorecieron al Congreso o al gobierno, sobre todo, porque en todos éstos actuaron con riguroso apego a la Constitución. En otras palabras, se les condena por hacer su trabajo; la referencia a la supuesta corrupción generalizada no tiene sustento y es sólo un pretexto para acabar con una pieza fundamental del régimen democrático.
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