En las próximas 72 horas se desharán muchos de estos entuertos
Por WhatsApp, en conversaciones grupales, están escritas las microhistorias de las últimas semanas de Mario Delgado y Martí Batres. Ambos cumplirían esta semana un año en sus cargos –el primero, coordina la bancada morenista y simultáneamente preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mientras que el segundo encabeza la mesa directiva del Senado de la República– pero los rezagos en el desahogo de la agenda legislativa y la disputa de las distintas facciones de Morena por los espacios de poder han minado sus liderazgos.
El exfuncionario ebrarista públicamente anunció –hace tres semanas– que buscará la presidencia nacional del partido en el gobierno. Desde entonces, circula profusamente en el chat de los legisladores morenistas un reclamo anónimo, luego de que impulsara cambios en el reglamento interno del grupo parlamentario y en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados para asegurar su permanencia en sus cargos en los tres años de esta Legislatura.
Si Delgado pide licencia como diputado federal –condición sine qua non para ser elegible por la dirigencia morenista– nadie estará obligado a cumplir su ofrecimiento a la oposición, para que la primera minoría (el PAN) presida la mesa directiva a partir de la próxima semana, que se reanudan sesiones ordinarias. Horacio Duarte o Dolores Padierna están en espera de sus definiciones.
La campal por el liderazgo en el Senado comenzó con cortesías. El pasado miércoles 14, después de la sesión de la Comisión Permanente, ambos acordaron las reglas de la consulta a la que convocarían a los 59 legisladores que justo un año ante habían erigido al Grupo Parlamentario de Morena. La primera votación, para decidir sobre la ratificación de Batres como presidente del Senado, condicionaba la otra, sobre la mujer que encabezaría la nueva mesa directiva a partir del próximo 1 de septiembre.
La urna sería transparente y con la votación, nominal. Para dar fe de la legalidad del proceso, además de un notario público, serían convocados los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria. Y así ocurriría, el pasado martes 19. El presidente de esa instancia, Héctor Díaz-Polanco, fue testigo privilegiado de los acontecimientos.
El primer boceto de la cédula de votación precipitó los acontecimientos. Y es un alcance a la convocatoria que definió que la primera boleta incluyera al resto de los integrantes de la mesa directiva. Al mediodía del jueves 15, Mónica Fernández Balboa remitió un oficio a Monreal para solicitar que su nombre no apareciera en el apartado “reelección de mesa directiva”. Y dos horas después, a través del chat del grupo parlamentario, oficializó su candidatura.
“Mi intención es y será siempre lograr la unidad, privilegiar consensos, redignificar nuestro quehacer parlamentario y mantener la fortaleza del grupo”, definió la legisladora teapaneca.
Desde ese momento, un equipo de operadores monrealistas desplegó una sutil operación para conseguir votos… aunque otro bloque –con el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen como principal cabildero– realizó similares operaciones, para postular a la legisladora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera.
¿Quién era el Plan A y quién era comparsa? Esta batalla justo comenzó cuando el exgobernador zacatecano “destapó” a un cuarteto de senadoras –que completaban postular a Freyda Maribel Villegas Canché e Imelda Castro Castro– como probables remplazos de Batres.
“Monreal necesitaba conseguir los votos suficientes para tronar a Martí y eso derivó en la apertura de varios frentes”, revela uno de sus asesores, “y si lograba ese propósito, después iría en la búsqueda de un consenso”.
Al finalizar esa semana, los monrealistas presumían de contar con 35 votos y las 72 horas previas a la votación fueron de intensos cabildeos. El lunes, algo sabría Batres que decidió no presentarse a la plenaria y en vez de apelar a la legalidad de los votos sembró el sospechosismo: primero, con la supuesta disolución de la bancada del PES para intervenir en la interna morenista, y después con su denuncia sobre los “cañonazos”. ¿Y por qué nadie dijo nada de la injerencia de al menos dos secretarios de Estado –Energía y Seguridad Pública– a favor de Martí?
En las próximas 72 horas se desharán muchos de estos entuertos. Y es que el próximo jueves 29, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a la comida, previa a la clausura de la tercera plenaria de los legisladores morenistas.
EFECTOS SECUNDARIOS
DESLINDES. Aun resuenan los ecos de las posturas planteadas en la consulta pública sobre el etiquetado para alimentos y bebidas, celebrado hace una semana en el Senado de la República. La utilidad de esta herramienta estuvo en el centro de la discusión en la que participaron expertos médicos y representantes de organizaciones sociales que han abrazado la bandera de mejorar la calidad de la alimentación de la población. Un etiquetado frontal de advertencia en México similar a los octógonos que ya existen en países como Perú y Chile fue un punto de coincidencia, pero como resaltó Ana Larrañaga Flota, de ConPeso, la regulación debe hacerse con base en evidencia y su diseño, evaluación e implementación es un rol del Estado, no es competencia de la industria. La especialista llamó la atención por su denuncia contra el etiquetado GDA, impulsado en México por instancias cercanas a la industria de alimentos procesados. “Si fueran diagnosticados con diabetes, irían a pedir consejería médica a un Oxxo?”, cuestionó sobre esa interferencia disfrazada.
PRIORIDADES. Los integrantes de la Asamblea Nacional de Gobernadores del PAN están en pie de guerra, con la SEP. Y al arranque del ciclo escolar 2019-2020 externaron su inconformidad por la decisión federal de eliminar el programa U080, cuyos recursos estaban destinados al desarrollo de un sistema educativo de excelencia, y la implementación de nuevas iniciativas como La Escuela es Nuestra, que a su juicio presenta graves deficiencias administrativas, presupuestales y operativas, mismas que si no son resueltas dejarán sin atención a regiones de alta necesidad y zonas vulnerables.
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