En vísperas de una Revocación de Mandato viable financieramente pero indebida —porque no cumpliría los preceptos constitucionales—, la apuesta por la polarización se ha redoblado… pero también ha mostrado sus limitaciones
El affaire Loret, vaya manera de desperdiciar el bono democrático obtenido en las urnas. Acompañado por un grupo compacto de colaboradores y una sólida alianza con grupos de interés del norte y el sur del país, Andrés Manuel López Obrador se convirtió hace tres años en el huésped principal del Palacio Nacional.
El respaldo popular —interpretó el político tabasqueño— lo obligaba a emprender la batalla final contra la partidocracia. ¿O sacar de la marginación a los más castigados por el modelo neoliberal? La promesa de un “verdadero cambio” movió a millones de mexicanos a las urnas. ¿Y el ajuste de cuentas con el pasado de corrupción e impunidad?
La transición a la democracia ha tenido un alto costo para el erario. La desconfianza en los resultados electorales de 1988 y 1991 ha derivado en dos generaciones de instituciones electorales y un cúmulo de partidos que gastan mucho y producen poco. El órgano administrativo capturó la base de datos de los ciudadanos, cuya actualización requiere de un servicio profesional eficiente, pero una alta burocracia pudiente y ensimismada.
El INE y el INAI presumen su ranking en los índices de confianza hacia las instituciones, aunque sus resultados en la consolidación de la cultura política son endebles. Y ahora, con los efectos persistentes de la Covid y la recesión técnica, la baja confianza interpersonal emerge como un fenómeno cuya intensidad daña la cohesión social.
El respaldo obtenido en las urnas tampoco justifica la actitud pendenciera del Gobierno de la República en su primer trienio. Menos, la soberbia de la Cuarta Transformación, plagada de zapatistas sin pasamontañas, funcionarios deshonestos y empresarios consentidos. ¿Dónde está la diferencia con los de antes?
La disputa por el poder no justifica el encono. Menos el revanchismo de la izquierda social mexicana. La crisis de confianza en México afecta a las instituciones, sin duda, pero también impacta al desarrollo económico, debilita al Estado de derecho, exacerba la inseguridad y agranda las brechas sociales.
“No somos iguales”, repiten sin pausa. Las virtudes comunicacionales de López Obrador no aplican para todas las materias y menos, a la hora de establecer las ventajas comparativas. Porque una cosa es la justicia social y la cimentación de una sociedad igualitaria —dos de las propuestas más claras de la izquierda— y otra muy distinta el cretinismo político.
Alejados de la moderación, AMLO y sus corifeos han decidido enarbolar una presunta superioridad moral. La autoridad intelectual que presumían los tecnócratas o la eficacia administrativa que aladean los viejos priistas son facetas de un mismo monstruo ideologizado.
Unos y otros —asesorados por publicistas sin escrúpulos— han apostado al “contraste” para las campañas electorales. Para la ejecución de las políticas públicas, la Cuarta Transformación ha optado por la fórmula tabasqueña: primero los pobres y también ha combatido las antiguas recetas neoliberales, casi en todos los campos, desde el uso de herbicidas o semillas genéticamente modificadas, hasta la distribución de medicamentos. El costo de estas correcciones ha sido —literalmente— elevadísimo.
En vísperas de una Revocación de Mandato viable financieramente pero indebida —porque no cumpliría los preceptos constitucionales—, la apuesta por la polarización se ha redoblado… pero también ha mostrado sus limitaciones.
AMLO apela a su “autoridad moral” para denunciar a los mercenarios del periodismo. La reacción a ese talante autoritario ha sido de tal magnitud que podría ser un punto de inflexión en la ruta de la Cuarta Transformación.
La apuesta por la honestidad valiente y la austeridad republicana han resultado insuficientes para afrontar las crisis en curso. La falta de resultados contundentes y la cercanía del final han generado un ejercicio del poder impaciente e impetuoso, dispuesto a superar cualquier obstáculo sin reparar en los medios. Una lógica que además de restarle eficacia, es proclive al sectarismo y —como ya es visible— al fanatismo.
En aras de la reconciliación y el progreso, la Cuarta Transformación pudo fortalecer las instituciones y combatir la desinformación. Sus embates a la prensa tradicional y a las instituciones generadas por la alternancia obedecen a una lógica distinta, al nacimiento de un nuevo régimen. Tan lejos del 2024 y tan cerca de la consulta sobre la Revocación del Mandato, esa opción enfrenta su prueba de fuego.