Un proyecto integral, originalmente estimado en 3,500 millones de pesos, aunque para Conagua, la presa y el acueducto requerirán 6,930 millones
Para asegurar la demanda futura de agua potable en el corredor Fresnillo-Zacatecas, el gobierno federal autorizó hace dos años el megaproyecto Milpillas, para construir una presa de almacenamiento —de 70 hectómetros cúbicos de capacidad y 89 metros de altura—, además de una línea de conducción de 166 kilómetros para un gasto de 1.3 metros cúbicos por segundo, tres plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, así como la adquisición de terrenos y pago de indemnizaciones, estudios, supervisión y gerencia externa del proyecto.
Un proyecto integral, originalmente estimado en 3,500 millones de pesos, aunque para Conagua, la presa y el acueducto requerirán 6,930 millones a ejercerse en los cinco años que le restan al sexenio lopezobradorista.
Milpillas, sin embargo, lleva dos años sin avances. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, la Cámara de Diputados asignó 169.7 millones de pesos para ese megaproyecto hidráulico, pero fue reportado un avance de 0.12% al cierre del ejercicio fiscal.
El 19 de junio de ese año, cuando quedaban apenas cinco meses del sexenio peñista, arrancó el proceso de licitación de los contratos para la construcción del sistema de la presa de almacenamiento; de las 19 empresas interesadas en el proyecto, seis fueron descalificadas en una primera etapa y al final sólo fueron consideradas cinco propuestas, que estuvieron debajo del presupuesto base.
El fallo favoreció a Materiales y Construcciones Camino Real, quien obtuvo el mayor puntaje entre esa quinteta (96.33), no obstante de haber presentado la segunda propuesta económica más elevada, por 140 millones 856,817 pesos. El contrato fue firmado el 28 de junio por Héctor González Orozco, quien se identificó como administrador único de la firma asentada en Villa de Cos.
Dos días después, según el contrato, Conagua entregó 49 millones de pesos, por concepto de anticipo. Los trabajos iniciarían el 31 de julio de ese año y terminarían 159 días naturales después, el 5 de enero del 2019, si el gobierno de Zacatecas —a través del sistema operador del agua potable— cumplía con el convenio de colaboración que suscribió con la Federación.
La administración estatal, encabezada por el mandatario priista Alejandro Tello, se comprometió a entregar a la Conagua los terrenos liberados, permisos ambientales, autorizaciones estatales y municipales para la construcción de la obra; además de cubrir las indemnizaciones por los terrenos y bienes distintos a la tierra requeridos para la presa, y las obras complementarias.
Estas acciones —de acuerdo con fuentes gubernamentales— incluían la adquisición de la propiedad colectiva de los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero. Los pobladores de esas comunidades se opusieron al inicio de los trabajos. Ante el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, las autoridades federales decretaron la terminación anticipada del mismo y la empresa tuvo que regresar 130 millones de pesos, que fueron redireccionados por la Secretaría de Hacienda a otros proyectos, en otras entidades federativas.
De acuerdo con la documentación oficial que consta en los archivos de Conagua, sólo se ejercieron 3 millones de pesos del presupuesto autorizado. No obstante, Materiales y Construcciones Camino Real adquirió 43 toneladas de cemento, que tras del finiquito del contrato, quedarían bajo propiedad y resguardo en una casa comercial, al precio comprado, con vigencia de un año (que expira dentro de tres meses). También adquirió una cantidad indeterminada de varilla, que se encuentra abandonada en el lugar de la obra.
Para el ejercicio fiscal 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación originalmente contemplaba 504 millones de pesos para Milpillas, mismos que ya no aparecen en el sistema de Conagua.
Hace dos semanas, auditores de la Secretaría de la Función Pública realizaron una visita de inspección y corroboraron que los procesos de adjudicación y contratación de contrato para la construcción de la primera etapa del megaproyecto Milpillas se realizaron sin contar con la documentación legal que acreditara la liberación de los predios a ocupar para la construcción de la presa. Además detectaron que Materiales y Construcciones Camino Real estaba inhabilitada.
EFECTOS SECUNDARIOS.
ASENTAMIENTOS. Un tanto trompicado ha sido el primer año de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Por causas de fuerza mayor, tuvo que relevar al vocero, al oficial mayor y al subsecretario de Gobernación, quien con su traspaso al IMSS forzó también un miniéxodo. Algunas vacantes siguen por definirse —entre ellas, la presidencia de la Comisión Especial para la Atención de Víctimas y el Consejo Nacional de Población— mientas que otras fueron solventadas por Ricardo Peralta Saucedo, quien se hizo cargo de la subsecretaría del ramo en sustitución de Zoé Robledo, quien se llevó a Javier Guerrero, Clicerio Coello, Juan Gabriel Coutiño y Héctor Gandini. Entre los relevos que llegaron al Palacio de Cobián están Roberto Duque Roquero, quien se hizo cargo de la Unidad de Normatividad de Medios y comenzó a desahogar las campañas gubernamentales que estaban a punto de colapsar, y Luis Calvo Reyes, quien entró al quite en el área de Juegos y Sorteos, dependencia que ha visto pasar cuatro directores generales en apenas 12 meses. Esa área estratégica debe regular una industria que genera una derrama económica de más de 3,500 millones de pesos anualmente, emplea más de 200,000 trabajadores y paga 4,700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos a nivel federal, y unos 1,300 millones de pesos a nivel estatal y municipal. Desde 1953 existen 37 permisionarios reconocidos por la autoridad con 850 salas autorizadas, pero hoy sólo están abiertas 379 de ellas.
MINORÍAS. Asesorados por Fernando Lerdo de Tejada y un grupo de expertos que les hablarán sobre su visión del país, los diputados federales del PRI definirán su agenda legislativa durante su reunión plenaria, en San Lázaro. Al cónclave acudirán el nuevo presidente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes además participarán en la definición de la posición que el tricolor asumirá ante temas como la reforma político electoral y el desabasto de medicamentos.
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