Un escepticismo justificado, sobre todo a la luz del cúmulo de casos acumulados en el último sexenio de concesionarios que han devuelto sus frecuencias, ante las altas tarifas
Las primeras resoluciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones generaron amplias suspicacias en el sector. Principalmente, la aseveración de que el costo del espectro radioeléctrico en México es más barato que el promedio internacional.
Ni siquiera haber utilizado las mismas fuentes que el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones hace dos años sirvieron para validar el cálculo de la nueva instancia, encabezada por Norma Solano Rodríguez.
El escepticismo se impuso por la notificación de una reducción mayor en los costos para el ejercicio fiscal 2026 que depende de la aprobación de la Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados. La CTR propone, pero quedará en la potestad de los legisladores conformar los nuevos lineamientos para la aplicación de un descuento en el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico.
Un escepticismo justificado, sobre todo a la luz del cúmulo de casos acumulados en el último sexenio de concesionarios que han devuelto sus frecuencias, ante las altas tarifas.
La CRT nació hace un mes, como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Para inhibir esas y otras aprensiones, el titular de esa instancia, José Antonio Peña Merino, anticipó ayer que tales descuentos podrían alcanzar hasta 50% de las tarifas, aunque estarían condicionados.
“Por primera vez se podrán otorgar descuentos de hasta 50% al pago del espectro, a cambio de que las empresas lleguen a donde no hay infraestructura. Y puede haber un descuento significativo para la licitación 5G”
¿El espectro más barato permitirá que haya más mexicanos conectados? “Creemos que los dos objetivos no tienen por qué estar peleados”, rebatió el funcionario, quien prometió no alterar el modelo de negocio de las empresas del ramo. “Es un negocio que requiere muchísimo despliegue e inversión”, reconoció.
La CURP biométrica, las plataformas para la gestión y la consulta de las líneas telefónicas móviles, la consolidación de los registros públicos y los catastros, la depuración del Registro Nacional de Población… la Agencia para la Transformación Digital ha emprendido la ardua ruta de modernizar archivos y trámites gubernamentales.
Una tarea de gran calado, si se cuentan otros proyectos que pronto emprendería el equipo de Peña Merino. Un Sistema Nacional de Pagos Digitales, similar al utilizado por el Banco Central en Brasil a través de la herramienta Pix, según lo establecido ayer en el foro organizado por DPL Live.
¿Adiós al CoDi y a DIMO? También hay un proyecto en ciernes para eficientizar las Aduanas. La coordinación interinstitucional, incluso con los organismos autónomos, se da por descontado. La ATDT cumpliría con sus funciones para dar “acompañamiento técnico” para desarrollar y alojar las soluciones que sean funcionales, para cada caso.
Peña Merino insistió en que cuenta con la capacidad instalada para resguardar esa información. Habrá bases de datos y sistemas —reconoció—que requieran “blindaje adicional” y contratar a proveedores.
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