Las nuevas leyes están estrechamente enlazadas, de tal suerte que si no acotan al ciudadano por un lado, lo acotan por el otro. ¿Para qué quieren tanta información mía o de mi vecino o de mi primo?
LIC. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA,
SENADO DE LA REPÚBLICA:
+Totalitario: absolutista, tiránico, fascista.
Diccionario de la Real Academia
En España, las personas mayores de 14 años acostumbran traer consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI). Es una credencial muy parecida a la del INE, que emite el gobierno y que cuenta con medidas de seguridad visibles, verificables a través de medios ópticos y electrónicos, así como digitales. La DNI incluye con un chip criptográfico el cual contiene los datos biométricos de la persona y es utilizada, además de la identificación, para trámites oficiales e incluso para viajar dentro de Europa en vez del pasaporte.
Usted me dirá que la CURP 2.0 (con datos biométricos) va a funcionar igualito, pero… Siempre hay un pero de desconfianza hacia el gobierno y la impunidad con la cual aquí se cometen los delitos.
Mire, don Gerardo, seguramente a usted le han llamado al celular o al teléfono de casa de la compañía X para ofrecerle el servicio W; cuando no son servicios funerarios es una agencia de viajes o una tarjeta de crédito. Y el que llama pregunta por usted, con nombre y apellido. ¿No se ha preguntado de dónde sacaron su teléfono? Pues de la compra ilegal de una base de datos. Y si se venden dichas bases es porque es altamente probable que el vendedor quede impune. Ahora imagine la base de datos que se conformará con la nueva Ley de Población y el altísimo riesgo de que se haga un mal uso de la CUPR 2.0.
Ahora bien, una cosa es que para un trámite oficial delicado se nos obligue a utilizar la CURP 2.0 y otra muy distinta es que se nos exija usarla para transacciones privadas. ¿Cómo para qué el gobierno quiere saber qué compro en Amazon o qué tan seguido pido algún servicio a Rappi? ¿No les basta que para sacar una factura el ciudadano utilice su RFC y el SAT detecte de inmediato el gasto?
La 4T se queja de que el INE es muy caro; pues uno de los gastos importantes de esa institución es la emisión de la credencial para votar, así como la conformación y la protección de la base de datos del padrón electoral. ¿Ya calculó la 4T cuánto va a costar emitir la nueva CURP para 90 millones de ciudadanos? Varios miles de millones de pesos…
Otro asunto preocupante es la seguridad de la base de datos, cosa que al gobierno no se le da muy bien. Ya ve que hasta a SEDENA le hackearon sus servidores…
Y mediante la Ley de Telecomunicaciones, una autoridad puede solicitar a Telcel que les dé mi geolocalización o mis entradas a WhatsApp. Según José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la nueva ley respeta el artículo 16 constitucional, el cual establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que fundamente y motive la causa legal del procedimiento”.
Si bien en el caso de esta ley la autoridad competente es un juez, mediante la CURP 2.0 el gobierno ya tiene todos los datos de los ciudadanos y si algo le falta, pues ahí está la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Es decir, estas dos últimas sí violan el mencionado artículo, pero como ahora no se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar su constitucionalidad, poco o nada podemos hacer los ciudadanos.
La presidenta Sheinbaum dice que la oposición es hipócrita al no estar de acuerdo con estas leyes cuando en el pasado las promovió. Nada más le quiero recordar que quienes se opusieron a una ley sobre telecomunicaciones muy similar a la recién aprobada fue la izquierda que ahora está en el poder.
Como si todo fuera aprobar normas, la nueva Ley de Telecomunicaciones obliga a los concesionarios a conservar durante dos años los datos “sensibles” de los usuarios, como pueden ser los patrones de uso, los mensajes y las llamadas, por si acaso “la autoridá” se los solicita. Además de forzar a los concesionarios a realizar una tarea que no les compete, ¿ya calcularon cuánto va a costar el almacenaje? ¿Quién va a pagarlo?
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es todavía peor. He celebrado en este espacio el impulso dado a las tareas de inteligencia para combatir a la delincuencia, pero me parece inaudito que, sin mediar la orden judicial, la SSPC pueda acceder a mis (muy pobres) datos bancarios, a mis datos médicos o a cualquier otro que forme parte de mi vida privada.
Las nuevas leyes están estrechamente enlazadas, de tal suerte que si no acotan al ciudadano por un lado, lo acotan por el otro. ¿Para qué quieren tanta información mía o de mi vecino o de mi primo?
Por las leyes recién aprobadas, desde su tumba, Joseph Stalin los manda felicitar…
Con la colaboración de Upa Ruiz
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