La presidenta debiera exigir a los gobernadores es la actualización de los Atlas de Riesgos de sus entidades y, sobre todo, actuar en consecuencia con las obras de infraestructura y políticas públicas que sean necesarias para salvaguardar las vidas de sus gobernados
LIC. JESÚS RAMÍREZ CUEVAS,
COORDINADOR DE ASESORES,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
+Ahogado el niño, tapan el pozo.
Refrán popular
Hace un par de días, la presidenta Sheinbaum afirmó que no hubo método científico que permitiera advertir el desastre meteorológico que ha azotado al país. Anteayer se quejó de que algunos medios “andan zopiloteando” y buscando culpables entre los gobernadores. Me temo que no están informando adecuadamente a la presidenta.
Mira, Jesús, en su solicitud para aplicar a los apoyos por desastres naturales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, a la letra escribió: “Mediante Aviso número 556 del Servicio Meteorológico Nacional de fecha 07 de octubre de 2025, se informó sobre la presencia de dos disturbios tropicales con potencial de desarrollo tropical con 10 y 70%, respectivamente, localizados uno sobre la porción oeste de la Península de Yucatán y otro sobre la porción sur del Golfo de Tehuantepec, originando un temporal lluvioso.” Luego entonces, el mandatario tuvo noticias oportunas y es de suponer que también fueron alertados los demás gobernadores de los estados afectados.
Más todavía, el SMN dio entrevistas los primeros días de octubre al noticiero López-Dóriga Informa. El día 8, en conferencia de prensa convocada de urgencia por el Servicio Meteorológico Nacional, su titular Fabián Vázquez Romaña dio la señal de alerta y no era para menos: en dos días había llovido lo que normalmente se precipita en todo el mes de octubre. Lo mismo hizo el subgerente de Hidrología de CONAGUA, Daniel Arriaga. Pero Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, minimizó la situación y habló de un desbordamiento “ligero” del río Cazones.
Déjame contarte, Jesús, que durante la gestión calderonista tuve ocasión de observar muy de cerca las labores del Servicio Meteorológico Nacional y una de las cosas que llamó mi atención fue el protocolo que tenía para los fenómenos meteorológicos graves. Cuando el SMN detectaba que había una alta probabilidad de ocurrencia, el titular se comunicaba directo con su contacto en CONAGUA y Presidencia, a la hora que fuera. Dicho protocolo tenía como propósito que las autoridades pudieran echar a andar la mayor cantidad posible de medidas de protección, además de movilizar al Plan DN-III.
A lo que voy es que el fenómeno meteorológico no se evitaría, pero sí se podrían disminuir sus efectos y consecuencias. Por lo ocurrido durante el fin de semana pasado es de suponer que dicho protocolo está en desuso, pero no por ello el SMN deja de informar.
Las lluvias torrenciales y sus consecuencias no debieran ser una sorpresa ni para el gobierno ni para los ciudadanos. Por razones de ubicación, Latinoamérica y el Caribe son de los más vulnerables a sequías, inundaciones, propagación de plagas, etc., etc. (OMM, 2023) derivadas del cambio climático. Va el dato: 13 de los 50 países más afectados por el dicho cambio están en nuestra zona (OCDE, 2022).
Pero ni en lo macro ni en lo micro se ha hecho lo suficiente para enfrentar el cambio climático. Empecemos por primero. Dentro de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) que México estipuló a la firma de adhesión al Acuerdo de París, está el siguiente compromiso: “Aumentar la capacidad adaptativa en los 160 municipios más vulnerables del país y establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos en todos los niveles de gobierno”. Lo anterior incluye -en teoría- “aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y los ecosistemas”.
También en teoría, cada entidad debe contar con su Atlas de Riesgos; lo que sí existe es la versión nacional a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Pero me temo que solo marca municipios y no va al detalle de lo que ocurre en cada uno. Cabe preguntar cómo es la comunicación entre el CENAPRED y las entidades, porque no se ve que haya mucha.
Ahora pasemos al nivel micro. En el caso concreto de Poza Rica, desde que elaboró su Atlas de Riesgos en 2007 se reconoció la necesidad de tomar medidas tanto por las lluvias como por la expansión urbana en los cauces naturales de los ríos. El Atlas durmió el sueño de los justos durante 13 años y se volvió a actualizar en 2020; para este año, la mancha habitacional había crecido en un 40%; presidentes municipales fueron y vinieron sin poner un alto a los asentamientos.
En 2022 se reiteró la necesidad de construir un muro de 4.4 kilómetros para contener el río Cazones y la rehabilitación correspondiente al Puente de Cazones II. La obra no se concluyó: “hubo presupuesto y se lo fregaron”, dijo Fernando Remes, alcalde de Poza Rica (Milenio, 15/10/2025).
La presidenta debiera exigir a los gobernadores es la actualización de los Atlas de Riesgos de sus entidades y, sobre todo, actuar en consecuencia con las obras de infraestructura y políticas públicas que sean necesarias para salvaguardar las vidas de sus gobernados. De lo contrario, seguiremos doliéndonos de los muertos que llevan los desastres naturales.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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