Los escaños de los parlamentarios blanquiazules están adornados de afiches querellantes. Los secretarios del gabinete lopezobradorista aguantan, estoicos. La bancada morenista reacciona a las diatribas colgando una caricatura del monero Hernández en la que aparece el expresidente Felipe Calderón con casaca verde olivo
Pinocho versus el Comandante Borolas. Apenas si Alfonso Durazo y el almirante José Rafael Ojeda ocupan sus lugares en el salón donde sesionan los senadores integrantes de la comisión de Seguridad Pública, los panistas colocan una cartelera frente a ellos: #DejendeMentir.
Los escaños de los parlamentarios blanquiazules están adornados de afiches querellantes. Los secretarios del gabinete lopezobradorista aguantan, estoicos. La bancada morenista reacciona a las diatribas colgando una caricatura del monero Hernández en la que aparece el expresidente Felipe Calderón con casaca verde olivo.
Faltan apenas unos minutos para que Indira Rosales San Román, acuerpada por una veintena de sus compañeros, suba a la tribuna. Lleva una cuartilla con 10 preguntas cerradas para Durazo y un maletín que abrirá justo cuando acabe de enunciar al capcioso cuestionario.
En el tema del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán —reclamó la parlamentaria— “ha habido tropiezo tras tropiezo, mentira tras mentira”. Entonces, sacó “un símbolo —la marioneta de madera— para que se lo piense dos veces si intenta mentirles a los mexicanos de esta forma, secretario”.
Durazo tardó en reaccionar. La presidenta de la mesa, Lucía Trasviña, bajó al Pinocho de la mesa de debates. Y ante los gritos de la bancada panista, lo abrazó. “Me gustó para mi nieto. ¡Ya lo guardé para regalárselo!”.
En la tribuna, su compañera Lucy Meza Guzmán, arremetía contra la oposición. “Esto no es más que un show mediático”, recriminaba. Con todo, los morenistas reconocían que la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación obliga a una “profunda reflexión” sobre su pertinencia y efectividad.
El culiacanazo llevó a los secretarios Durazo y Ojeda a la Cámara Alta. El ánimo se había visto inevitablemente afectado por los sucesos ocurridos en Sonora, que afectaron a la familia LeBarón.
El operativo fallido obliga a revisar y ajustar protocolos de actuación, aceptó el compareciente. Y conforme avancen las pesquisas sobre los hechos ocurridos en Culiacán, prometió, el gobierno federal informará, pero “no cambiaremos las versiones, si los datos de la investigación no nos obligan a hacerlo (…) decir las cosas con transparencia sólo es posible porque no tenemos nada que ocultar”.
Sin cálculos políticos ni regateos a los ofrecimientos de los líderes opositores, Durazo Montaño recogió la propuesta de convocar a un Acuerdo Nacional para la Seguridad. Y sin aclarar completamente las dudas sobre el operativo fallido, insistió en que el Estado mexicano no renunciará a perseguir a los líderes de los grupos delictivos, evitará el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles.
“Hemos dejado atrás los tiempos en los que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respeto a los derechos humanos eran la moneda corriente”, abrió el titular de la SSPC en su presentación ante la Comisión de Seguridad Pública.
En el fondo es el debate sobre dos visiones distintas —sostuvo— las que quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quién caiga, y la de quienes pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos (…) la estrategia basada en el uso de la fuerza —policial y militar— ya probó sus límites y generó decepciones.
La nueva estrategia, aceptó el secretario de Seguridad Ciudadana, rendirá frutos paulatinamente.
A las dudas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación, se suman cuestionamientos a los manejos administrativos dentro de la SSPC. Allí están, por ejemplo, contratos recientemente otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con la firma de su director general de administración, Óscar Moreno Villatoro.
Este funcionario fue director general de Puertos y Fronteras. Y, entonces, estuvo bajo investigación.
Efectos secundarios
MECANISMOS. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, estuvo hace ocho días en el primer Fibra Day, organizado por Amefibra. Y después de ser presentado por Luis Gutiérrez, de Fibra Prologis, explicó su técnica para dialogar con los sectores productivos: “Actualmente se están realizando mesas con el presidente López Obrador. Por ejemplo, tenemos 50 o 55 mesas con los sectores industrial, agrícola, ganadero, forestal, de tecnología, de nuevas tecnologías (…) cada mesa está liderada por el mismo sector empresarial. La misión de estas mesas es que le digan al gobierno qué tenemos que hacer para quitar todas las burocracias que les impiden crecer y qué tenemos que hacer para tener un mayor contenido norteamericano”. 55 mesas y contando. Ya se instaló una mesa con el sector de vivienda, con la industria de la construcción y en ciernes, con los mineros, que convocará Fernando Alanís Ortega, presidente de la CMM. La reunión —que deberá realizarse a más tardar en una semana— servirá para analizar la situación fiscal y regulatoria de la industria minera, así como la ratificación de su estrategia para fortalecer sus acciones en materia social y ambiental.
RECUPERACIÓN. La reasignación de prioridades en la Cuarta Transformación llevó los 5,000 millones de pesos del Fondo Minero a la SEP, que canalizaría esos recursos a la rehabilitación y el equipamiento de centros escolares. Este año, empero, no pudieron ser entregados por las 22 controversias constitucionales que presentaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y presidentes de municipios de San Luis Potosí y Sonora. Los recursos quedaron congelados y los estados y ayuntamientos mineros simplemente no se benefician de ese dinero para construir infraestructura. Para el presupuesto del 2020, la Secretaría de Economía buscará que la subsecretaría de Minería, a cargo de Francisco Quiroga Fernández, quede a cargo de constatar que los recursos del fondo se apliquen en lo que deben para que realmente generen beneficios a las comunidades en donde hay actividades mineras. ¿Será?
ENCUMBRADOS. Con la intención de invertir 250 millones de euros en los próximos cinco años, Rodrigo Lebois y José Ramón Liñero han adquirido su tercera propiedad en Madrid, para construir viviendas de lujo. Inicialmente, asociados con el inversionista ibérico Blas Herrero Fernández, compraron un inmueble en la plaza de Salamanca, a través de Aralpa Inversiones. Sus nuevas adquisiciones son de la mano de Ramón Hermosilla Gómez-Cuétara y Terralpa, el fondo de inversión, para erigir dos complejos de lujo en el barrio de Chamberí.
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