Para cerrar el paso a otros exconsejeros electorales, Piedra Ibarra propuso nuevos criterios con un descuido que rayaría en el cinismo
A un mes del relevo de cuatro consejeros electorales, la legalidad del proceso ha quedado en entredicho. Y en la víspera del cierre de registro para los aspirantes, el nombramiento de los siete integrantes del comité técnico que definirá a los candidatos y armará las quintetas que serán sometidas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados desveló las intenciones de algunas facciones por tomar el control del procedimiento.
La intención de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, de imponer un nuevo requisito para los nuevos consejeros electorales —“no haberse (sic) desempeñado en algún cargo en el Instituto Federal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral, en los últimos 14 años— frenó el registro de una docena de aspirantes, quienes valoran acudir ante las autoridades jurisdiccionales para frenar esta intentona.
A la CNDH —de acuerdo con lo estipulado en el apartado A de la fracción V del Artículo 41 constitucional— toca designar a dos de las “siete personas de reconocido prestigio” que integran el comité técnico de evaluación; tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, el resto, por el organismo garante de la transparencia y acceso a la información.
Los nuevos criterios propuestos por Piedra Ibarra para designar a los expertos evaluadores y a los nuevos consejeros electorales —acreditar “participación y compromiso en la defensa del sufragio y la transparencia electoral, y en general en la defensa de los derechos civiles y políticos” sería otro— no fueron aplicados por el INAI, cuyos comisionados acordaron hace una semana la designación de Ana Laura Magaloni (CIDE) y José Roldán Xopa (ITAM) como integrantes del comité evaluador.
El método para designarlos —tres rondas y un consenso improbable— resultó inoperante: de ocho aspirantes, los comisionados debían elegir a los cuatro más idóneos y el pleno definir la dupla, lo que ocurrió efectivamente el pasado miércoles 19 con una votación dividida y la ausencia del comisionado Joel Salas Suárez evidenció su desacuerdo con la imposición del comisionado presidente Francisco Javier Acuña. En el camino, quedó el exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez (ITESM), a quien identificaron como protopanista..
Para cerrar el paso a otros exconsejeros electorales, Piedra Ibarra propuso nuevos criterios con un descuido que rayaría en el cinismo. Y es que si hubiera aceptado el nombramiento como integrante del comité evaluador, Carla Humphrey Jordán enfrentaría críticas e impugnaciones pues no cumplía a cabalidad los criterios propuestos en la víspera. En efecto: en el 2006, antes de llegar al IEDF, trabajó en el extinto IFE como asesora de Sánchez Gutiérrez.
Al margen de la convocatoria expedida por la directiva de la Cámara de Diputados y excediendo sus atribuciones, Piedra Ibarra reafirmó su injerencia. “El compromiso democrático de la CNDH no se agotará en la elección de sus dos integrantes del consejo, sino que será vigilante en su desempeño del papel al que están llamados a cumplir”.
Al cierre de este espacio, la CNDH no había anunciado al remplazo de Humphrey Jordan, quien de paso hizo pública su aspiración por convertirse en consejera electoral. (La otra propuesta es John Ackermann, de la UNAM). El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, relevó que los académicos Blanca Heredia (CIDE), Diego Valadés (IIJ-UNAM) y Silvia Giorguli (Colmex) se integrarán al Comité Técnico de Evaluación.
A menos de 48 horas del cierre de registro, se habían registrado 70 aspirantes al Consejo General del INE. Al menos una tercera parte —de acuerdo con un listado consultado por este espacio— actualmente se desempeña como consejeros en institutos electorales de distintas entidades federativas.
Sin tregua y sin cuartel, la disputa por el INE acumula capítulos estridentes. La designación, en la Cámara de Diputados, del nuevo contralor del instituto, Jesús George Zamora, polarizó las posturas, aunque la rebeldía de los consejeros afines a Lorenzo Córdova por las remuneraciones salariales marcó la pauta.
Apenas si llegó a su nuevo encargo, George Zamora, exfuncionario del Instituto Electoral del Estado de México y autodefinido como cercano al Grupo Texcoco, que encabezan el senador Higinio Martínez y el subsecretario Horacio Duarte, activó auditorías que exacerbaron al aparato burocrático del INE.
Entonces, el presidente consejero decidió adelantar la reelección de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo y dio al traste con las pláticas que avanzaban en San Lázaro y que —según revelaron involucrados en esas negociaciones, contaban con el aval de Gobernación— para asegurar la llegada de dos nuevos consejeros propuestos por Morena; uno por el PRI y otro por el denominado Bloque de Contraste.
La reelección de Jacobo Molina fue considerada con una señal indudable de ruptura. Y endureció las posturas de los puros de Morena, quienes además de pugnar por el arribo del politólogo Gibrán Ramírez al consejo general, estarían por el relevo del secretario ejecutivo y del presidente consejero.
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