Al impasse legislativo pronto se sumará la inacción de los entes colegiados. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las vacantes llevan casi un año sin ser resueltas y amenazan con ralentizar el desahogo de los expedientes acumulados en sus 56 salas regionales
La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 paralizará las actividades escolares y también los trabajos legislativos y las audiencias judiciales. Una suspensión adelantada en ambas cámaras del Congreso federal congelará la agenda de reformas de la Cuarta Transformación y también la designación de un cúmulo de comisionados en los organismos autónomos —IFT, INE e INAI— y de magistrados en el Poder Judicial de la Federación.
Al impasse legislativo pronto se sumará la inacción de los entes colegiados. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las vacantes llevan casi un año sin ser resueltas y amenazan con ralentizar el desahogo de los expedientes acumulados en sus 56 salas regionales.
El 6 de diciembre del 2018, el presidente del entonces Tribunal Fiscal, Carlos Chaurand Arzate, remitió el oficio TFJA/P/0399 al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para informarle que el 14 de enero del 2019, ocho magistrados de Sala Regional concluirían su periodo de 10 años. Atenidos a la legislación vigente al momento de su designación, destacaba, se les podía considerar como magistrados inamovibles. O, en su defecto, se les proponía para un nuevo nombramiento.
Vencido ese plazo, el Ejecutivo federal no accedió a ninguna de esas peticiones, por lo que Martha Gladys Calderón Martínez —junto con sus compañeras Lucila Padilla López, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León– y Julián Casarrubias Pérez tramitaron amparos y mientras los jueces de distrito en materia administrativa desahogaban sus casos, permanecieron en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
El trámite de la magistrada Calderón Martínez fue sobreseído, en primera instancia, hace tres meses. Casi al mismo tiempo —el pasado 26 de noviembre—, el Ejecutivo federal remitió sendos oficios a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, para solicitar la ratificación de Ana Luz Brun lnárritu y Luis Edwin Molinar Rohana como magistrados numerarios de Sala Magistrados Regional, por un periodo de 10 años; y el nombramiento de Natalia Téllez Torres Orozco, Eber Omar Betanzos Torres y Alfonso Pérez Daza, como integrantes de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal.
Tales designaciones enfrentaron el rechazo de los cuerpos legislativos… por tercera ocasión consecutiva. Y por ende, la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción sigue pendiente, en vísperas del quinto aniversario de la reforma constitucional en la materia.
El 18 de julio del 2016 fue publicada la Ley Orgánica del TFJA, que contempla una nueva sección de la Sala Superior —la Tercera—, conformada por tres magistrados de la Sala Superior, y cinco salas especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, cada una integradas por tres magistrados. El 24 de abril del 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto designó a los nuevos titulares de esas instancias, pero el Senado de la República no completó el trámite de ratificación, sino hasta el 31 de julio del año pasado, cuando la Comisión Permanente desechó las propuestas. Con la reforma plenamente vigente, ahora debe ser el Pleno General del TFJA —integrado por las tres secciones de la Sala Superior—, la que apruebe y someta a consideración del Ejecutivo Federal su propuesta para la designación de los 15 magistrados especializados del Sistema Nacional Anticorrupción.
La agenda legislativa, empero, tiene otras prioridades. Y las designaciones de los magistrados propuestos el 26 de noviembre, nuevamente fueron rechazadas. El pasado 18 de febrero también se sobreseyó el juicio de amparo tramitado por el magistrado Casarrubias Pérez. Ambos ya tramitaron un recurso de revisión, mismos que fueron remitidos al Tribunal Colegiado del Primer Circuito.
Son 40 magistrados de salas regionales que concluyen su periodo o deben retirarse al cumplir 75 años de edad, pero que han decidido acudir a los tribunales para permanecer en su cargo. En primera instancia, una docena de magistrados han logrado la suspensión definitiva, pero al menos otros 40 no cuentan con la protección de la justicia federal.
Mientras se resuelven en definitiva esas controversias, secretarios de estudio y cuenta tendrán que fungir como magistrados como ministerio de ley.
Fuentes del Tribunal Federal estiman que al cierre de este trimestre habrá al menos 130 vacantes, incluidos los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior que fueron rechazados por el Senado de la República y los dos magistrados numerarios de Sala Regional que fueron nombrados por el Ejecutivo, pero que aún no son ratificados.
Ayer, en sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordó suspender todas sus actividades jurisdiccionales y administrativas hasta el 19 de abril, incluso. A partir de hoy y hasta esa fecha, no correrán los tiempos procesales en concordancia con las medidas tomadas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Consejo de la Judicatura Federal.
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