El cuotismo, en la designación de los integrantes de los órganos autónomos, es cosa prohibida en la Cuarta Transformación. Al menos esa es la voluntad presidencial.
El cuotismo, en la designación de los integrantes de los órganos autónomos, es cosa prohibida en la Cuarta Transformación. Al menos esa es la voluntad presidencial.
A juzgar por la designación de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Morena no está dispuesta a ceder espacios a la oposición. En curso, la definición del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, al menos en el trámite en comisiones, quedó bajo la jurisdicción de la senadora panista Kenia López Rabadán.
La ronda de comparecencias de los 24 candidatos está por concluir. Y a más tardar en dos semanas, el pleno votará la terna que proponga la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal Ávila. En medio, la Cámara Alta desahogó el nombramiento del nuevo presidente de la CNH y de los 20 magistrados electorales que ocuparán vacantes disponibles en 16 estados de la República, proceso que apenas pudo concretarse.
Pero el cuotismo, proscrito por instrucciones presidenciales, es práctica vigente. En vísperas de la designación de los magistrados electorales, Monreal Ávila —quien estuvo acompañado en este proceso por Julio Menchaca y Cristóbal Arias— recibió listados de distintas fuerzas políticas, a excepción del PAN.
El PVEM —por citar un ejemplo— manifestó interés por las plazas disponibles en Colima, San Luis Potosí y Yucatán; entidades en las que al menos 11 de los aspirantes contaban con su visto bueno. En pos de una de las 20 magistraturas se registraron 431 aspirantes, tras de que fuera expedida la convocatoria, el pasado 10 de septiembre del 2019. De éstos, fueron admitidos 234 solicitantes.
De los nueve candidatos registrados en Colima, tres fueron “palomeados” por el coordinador verde, Manuel Velasco Coello; otros tres, de los inscritos en Yucatán, y los cinco de SLP.
(El estado con más aspirantes fue Chiapas, con 32, mientras aquellos que menos interés generaron fueron Nuevo León y SLP).
Las 197 solicitudes rechazadas, básicamente fueron por no cumplir con las bases de la convocatoria, específicamente por no aportar algún documento relacionado con los requisitos de elegibilidad y, en la mayoría de los casos, porque se trasladó a los aspirantes la obligación de aportar, testadas, las versiones públicas de sus documentos, para ser publicadas en la página del Senado, aun y cuando en términos del artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las versiones públicas deben ser elaboradas por los sujetos obligados, en este caso, el Senado.
El registro y la entrega de documentos fue mediante un sistema informático alojado en la página de transparencia del Senado. Lo anterior trajo como consecuencia muchas protestas en las redes sociales y la presentación de 52 medios de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual los declaró improcedentes en la sesión pública del 9 de octubre del 2019.
Entre los impugnantes de la convocatoria estuvieron María Enriqueta Burelo y María de Lourdes Concepción Salgado Martínez, integrantes del colectivo 50+1, quienes la combatieron por motivos de género; y por lo que hace a los juicios por motivos del testado de la información, instaron en su mayoría servidores públicos de los institutos y tribunales electorales nacionales y locales, entre ellos: Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México; Antonio Rico Ibarra, secretario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Hertino Avilés Albavera, exmagistrado del Tribunal Electoral de Morelos, entre otros.
Las negociaciones entre los líderes parlamentarios —de acuerdo con funcionarios del Senado involucrados en las mismas— tuvieron un punto de partida: la paridad de género, obligación constitucional. En la propuesta final quedarían 11 hombres y nueve mujeres.
De acuerdo con esas fuentes, Monreal citó a los coordinadores por separado y les preguntó cuáles eran los estados de su interés, y una vez que tuvo el pulso de cada uno, les hizo saber cuáles eran los suyos.
De las tres que pidió, el PVEM solo consiguió colocar a la abogada Dennise Adriana Porras Guerrero, exconsejera electoral y actual directora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en aquella entidad del Altiplano.
Para Colima —donde había nueve candidatos— concursaron el actual secretario general del Tribunal Electoral de Colima, Enoc Francisco Morán Torres, pero el PVEM pugnaba por una mujer; su terna la encabezaba Brenda del Carmen Gutiérrez Vega.
Entre la lista consensuada por Monreal Ávila y el resto de los coordinadores parlamentarios a la propuesta final, hubo ajustes de última hora. Por falta de acuerdo, salieron: Carlos Eduardo Vergara Monroy (Baja California), Juan Antonio Macías Pérez (Guanajuato), Carlos Alberto Villalpando Millán (Guerrero), Óscar José Serrato Quillo (Querétaro), Milton Rodríguez Manzano (San Luis Potosí) y Margarita Concepción Espinosa Armengol (Tabasco), quienes en la etapa previa —entrevistas con los integrantes de las comisiones dictaminadoras— recibieron las evaluaciones más altas.
Fuera también quedaron morenistas de renombre, entre quienes destacaban Francisco Hurtado Delgado, cuñado de Rabindranath Salazar Solorio, director del Banco de Bienestar, y del senador Radamés Salazar Solorio. Y también Adolfo Román Montero, director jurídico y de gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc, quien compitió por la vacante en el Tribunal Electoral de la CDMX, pero tuvo que ceder ante el abogado zacatecano Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta de la exmagistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora.
Las evaluaciones y los acuerdos políticos a menudo no coinciden. Y si no, que le pregunten a Ricardo Garza Espíritu, exalcalde de La Paz y exdiputado federal, quien compitió por la vacante de titular del Órgano Interno de Control del Inegi, convocada por la Cámara de Diputados.
Tras de cumplir con los requisitos de elegibilidad y comparecer ante los integrantes de las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, obtuvo la puntuación más alta y encabezó la terna propuesta a la Junta de Coordinación Política.
Al final, esa instancia —encabezada por el morenista Mario Delgado Carrillo— propuso al pleno a Manuel Rodríguez Murillo, quien ni siquiera había sido contemplado entre los elegibles. Desde hace tres meses, despacha en esa posición. Garza Espíritu acudió a los tribunales.
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