Pero justo en esa posición, de acuerdo con las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el exlegislador perredista y excandidato a la gubernatura tenía acceso a millonarios recursos
Catorce meses pasó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sin acceso a una docena de cuentas bancarias, en las que radicaban los recursos que hacían viable su operación cotidiana. Bajo sospecha desde que apareció vinculada con imputaciones en la Estafa Maestra, esa casa de estudios viviría nuevas presiones, no obstante que Gerardo Sosa Castelán sólo mantenía su cargo como presidente del patronato de la institución.
Pero justo en esa posición, de acuerdo con las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el exlegislador perredista y excandidato a la gubernatura tenía acceso a millonarios recursos. La ruta de 156 millones de dólares, generados en las arcas universitarias y que terminaron en 22 cuentas en el extranjero, eran el objeto de la búsqueda.
La oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo procedió a congelar las cuentas. La UAEH se quedó sin acceso a los recursos de sus cuentas en HSBC y Grupo Financiero Banorte desde el 26 de febrero. Hasta el 5 de marzo, el juez segundo de Distrito en el estado de Hidalgo dio trámite al incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 231/2019-2, promovido por Adolfo Pontigo Loyola, contra las acciones promovidas por la UIF-SHCP, como autoridad ordenadora (oficio 110/E/48/2019, acuerdo 33/2019) y contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (oficio 214/4/2536538/2019), ejecutora del congelamiento de al menos seis cuentas bancarias a nombre de la institución.
Una semana después, el juez segundo de Distrito en el estado de Hidalgo resolvió negar la suspensión definitiva y hasta el 28 de marzo citó a una audiencia incidental, para ratificar su negativa. “La determinación de la autoridad de inteligencia financiera está sustentada en el ejercicio de sus facultades de comprobación (sic) que la propia ley le dota”, validó el juez, aunque reconoció que hasta ese momento no había certeza sobre los motivos que originaron los bloqueos.
Si el embargo prevalecía, alegó la parte afectada, no podría cubrir los gastos corrientes, entre ellos el pago de becas a los alumnos, los salarios del personal activo, las jubilaciones y las obligaciones ante el IMSS, el Infonavit y diversas Afores, además del pago a diversos proveedores, entre ellos el constructor de la Torre de Posgrado, estimada a concluir en junio de ese año.
El 11 de abril, la abogada de la institución, Laura Jessica Huerta Godínez, interpuso un recurso de revisión. El caso fue turnado a la ponencia del magistrado José Guadalupe Sánchez González, en el Segundo Tribunal Colegiado del 29° Circuito.
Tras de revisar la resolución del juez y atender los alegatos de los recurrentes, el magistrado atendió un precedente: el amparo en revisión 1214/2016, resuelto por la primera sala de la SCJN, relativo al bloque de cuentas ejecutado en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ese precepto trasgrede el artículo 21 constitucional y la UIF invade competencia del Ministerio Público, en lo que se refería a la facultad de investigar y perseguir los delitos de naturaleza financiera.
Bajo ese razonamiento, por votación unánime, los magistrados hidalguenses devolvieron el manejo de sus cuentas a la UAEH, donde aún sopesan los alcances del fallo que les favoreció. Otra derrota a la Cuarta Transformación, soportada por el Poder Judicial, que esta vez golpea a la línea del supuesto combate a la corrupción y deja al descubierto el revanchismo contra Sosa Castelán. Y como en el caso Bonilla, el acuerdo judicial ya inatacable y de inmediata ejecución legal.
Efectos secundarios
SOSPECHAS. Desde hace una década, Antonio Pérez Garibay quiere incursionar en la política. Inicialmente, de la mano de Nueva Alianza, pero los pleitos de Elba Esther Gordillo con el priismo lo marginaron por un tiempo. Sin mayor opción que Morena, quedó eclipsado ante la figura de Carlos Lomelí, pero nunca ha renunciado a su sueño de ser alcalde de Guadalajara o, como consuelo, delegado de los programas federales en Jalisco. El padre de Sergio Checo Pérez iría sólo en sus aventuras políticas –comentan en tierras tapatías– y es que los promotores del afamado piloto de la F1 no dejarán que su reputación quede manchada por los escándalos en ciernes: operaciones que involucran a las familias Fernández y Rodríguez Morquecho y –más recientemente– el préstamo de aviones privados y reservas en exclusivos resorts, para contactar a poderosos con líderes del partido oficialista.
¿INTERMINABLE? El fallo de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 del IMSS fue diferido por cuarta ocasión, el pasado viernes 22. Las licitantes fueron notificadas del aplazamiento, dado que “aún se concluye la evaluación de las propuestas”. Hermoser, Laboratorios DAI, Distribuidora Química y Hospitalaria GAP e Instrumentos y Equipo Falcón están en espera de la decisión. ¿Será hoy?
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