¿Habrá justicia? ¿Sabremos la verdad? Por lo pronto, tenemos un poco de circo
¿Qué pasó en el accidente del Río Sonora en 2014? ¿Qué pasó con los trabajos de remediación? Estas dos preguntas cobran vigencia porque la Semarnat acaba de presentar una denuncia penal en contra de Grupo México. Lo acusa de haber incumplido su obligación de remediar el daño ambiental y los daños a la salud de los habitantes de Cananea, Sonora.
En los argumentos que presenta la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, hay una crítica al papel que desempeñaron las autoridades del sexenio pasado, aunque al parecer no hay denuncias penales contra los funcionarios responsables. Los activistas medioambientales, desde hace años, acusan que los funcionarios trataron con guante de seda al grupo minero al establecer la multa por los daños provocados por el derrame. Dicen también que la supervisión gubernamental de los trabajos de remediación fue deficiente y permitió la simulación.
El litigio que anuncia la Secretaría de Medio Ambiente es el más importante del sexenio en materia ambiental. Es noticia por la relevancia del corporativo que estará sentado en el banquillo: es el mayor grupo minero de México y su principal accionista, German Larrea, es el segundo hombre más rico de México, con una fortuna de 26,300 millones de dólares.
El proceso legal contra Grupo México importa porque revive un episodio dramático en un país en el que predomina el olvido, la memoria selectiva o la amnesia. Los hechos conocidos son que el 6 de agosto de 2014 se rompió una tubería en una represa de la mina Buenavista del Cobre. Se derramaron 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos, que terminaron tiñendo de rojo el Río Sonora. Fue uno de los mayores desastres medioambientales en la historia de México. Resultaron directamente afectados 22,000 personas que habitaban en siete municipios. El shock inicial abrió paso a la indignación, movilizaciones y exigencias de reparación del daño.
En el accidente hubo negligencia, dice la titular de Semarnat, María Luisa Albores. En la remediación, no se concluyó la tarea, “los esfuerzos de remediación no han sido suficientes”, asegura Albores. La contaminación en la región persiste, según el diagnóstico ambiental que presentó la Semarnat el 29 de septiembre pasado.
Nueve años después persisten niveles de concentración de metales pesados en el agua del río que exceden los niveles recomendados. Hay presencia de mercurio en el aire, con niveles altos, dice la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Mariana Morales. La experta destaca la disminución de algunas comunidades biológicas, como artrópodos, escarabajos y avispas.
Grupo México defiende sus trabajos de reparación de los daños. El 4 de octubre emitió un comunicado. “La remediación del Río Sonora fue exitosa, plenamente apegada a la legalidad y avalada por estudios científicos y autoridades”, decía el comunicado en sus primeras dos líneas, en letras negritas. Cuestiona el diagnóstico más reciente de Semarnat, porque “contradicen a los que a lo largo del tiempo han hecho públicos la Conagua y la Cofepris”.
Una línea de argumentación de Grupo México es que estos dos organismos son los únicos facultados para revisar la calidad de las aguas. Semarnat se sirvió de trabajos hechos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
En el centro de la crítica a las tareas de remediación hay un problema con las cifras. El acuerdo del Gobierno Federal con Grupo México establecía la constitución de un fideicomiso de 2,000 millones de pesos. De esos recursos, sólo se ejercieron 658 millones de pesos como pago a damnificados y 545 millones en pagos para rehabilitación de pozos, instalación de infraestructura básica como tinacos, apoyo a organismos de agua y pago de estudios técnicos. Había el compromiso de financiar nueve plantas potabilizadoras, que no se materializó. Una de ellas funcionó de 2015 a 2017. El fideicomiso se extinguió en 2017. Si es cierto todo lo que dice Semarnat y la remediación fue incompleta o simulada, ¿vendrán denuncias penales contra los responsables de Medio Ambiente del sexenio pasado?
Imposible no tomar en cuenta el contexto político. Estamos en plena efervescencia electoral y este asunto puede tener rentabilidad política. Grupo México se ha convertido en una de las piñatas favoritas de Palacio Nacional. El 23 de mayo fue la “expropiación” de tres tramos de tren, cerca de Coatzacoalcos. Estos tramos eran cruciales para la operación del Corredor Interoceánico. No fue una expropiación, porque técnicamente el Gobierno recuperó algo que estaba en manos de privados mediante una concesión. Lo que sí, es que la decisión le costó a la empresa de Larrea 28,000 millones en pérdida de valor de capitalización en la Bolsa.
Grupo México no se quedará quieto y tiene argumentos que merecen valorarse. “Los supuestos hallazgos de los muestreos presentados la semana pasada carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en el 2014”, dice el comunicado del Grupo, “omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos e insecticidas”.
¿Habrá justicia? ¿Sabremos la verdad? Por lo pronto, tenemos un poco de circo.
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