Son muchos cambios a una ley que está en vigencia desde 1992. Reducen la vigencia de las concesiones mineras desde los 50 años actuales hasta 15 años
Las iniciativas de Leyes para reformar la minería tienen a los empresarios de ese sector en vilo. ¿Se discutirá en este mes o se irá hasta septiembre? ¿Tendrá cambios o se aprobará sin cambiar un punto ni una coma? ¿Hay espacio real para mejorar el marco normativo de una industria clave?
Estamos hablando de reformas que tocan la Ley Minera; la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Equilibrio Ecológico, entre otras. Implican un cambio profundo de la forma en que opera este sector que invirtió 5,000 millones de dólares en 2022. Aporta el 2.5% del PIB; genera alrededor de 400,000 empleos directos y paga alrededor de 70,000 millones de pesos en impuestos y derechos. La propuesta está en manos de los diputados de las comisiones de Energía y de Economía. Desde el Gobierno, el motor que impulsa la ley está en la Secretaría de Economía, donde se encuentra la Dirección General de Minas.
Son muchos cambios a una ley que está en vigencia desde 1992. Reducen la vigencia de las concesiones mineras desde los 50 años actuales hasta 15 años. Para obtener una concesión, las mineras están obligadas a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades donde se asienta la explotación minera. Se implementa una figura de concesión de agua para uso específico en minería, con lo que el uso de agua por parte de las mineras queda sujeto a disponibilidad y, además, estas empresas tendrán la obligación de medir y monitorear las aguas que descargan.
La propuesta fue presentada el 24 de marzo y desde el primer momento generó mucha preocupación en las empresas del sector minero y apoyo entusiasta entre grupos de defensa del medio ambiente. La industria advierte: Podrían perderse 9,000 millones de dólares de inversiones en el sector. Están en riesgo 23 proyectos que arrancarían entre 2023 y 2028, según la Cámara de la Industria Minera. Podría haber litigios y controversias en el marco del T-MEC, dado que los mayores inversionistas son empresas canadienses.
Los empresarios llaman la atención sobre el acortamiento de los tiempos de la concesión y la incertidumbre jurídica derivada de mayores riesgos medioambientales y de relación con las comunidades. Con 15 años, es muy difícil recuperar las cuantiosas inversiones que requieren las explotaciones mineras. La opción de renovar por otros 15 años, que contempla la ley no les parece suficiente. Argumentan que en otros países mineros las concesiones tienen vigencia por periodos más largos. Ofrecen mayor certidumbre jurídica, dicen.
Los activistas de Medio Ambiente consideran que es un acierto que la ley sea mucho más dura en temas de agua con las mineras. Celebran que la iniciativa refleja la conciencia de que debemos empezar a tratar el agua como el bien escaso que es. Aplauden el incremento de obligaciones relacionadas con el uso y tratamiento del agua. En la cabeza de todos está el derrame de desechos químicos en el Río Sonora, en 2014. Fueron 40,000 metros cúbicos de agua que tiñeron el río de rojo. La responsabilidad fue de Grupo México. El resarcimiento de los daños fue parcial o incompleto.
La iniciativa ha cimbrado a la industria minera. Esta se queja de no haber sido escuchada en la elaboración de una propuesta de cambio que la afecta tan profundamente. Reclama la dureza del lenguaje que tiene la propuesta de ley. En voz baja y off the record critican la carga ideológica y el desconocimiento de la realidad del sector. ¿A qué se refieren? Un botón de muestra está en la exposición de motivos: “Han pasado más de tres décadas de empleos perdidos, despojos, daños ambientales severos, conflictos sociales y prácticamente nulos beneficios económicos para el país, desde que fueron promulgadas las reformas neoliberales en materia minera y de aguas nacionales”.
¿Qué cambios le harían a la iniciativa? El más obvio parece ser el incrementar el tiempo de la concesión. Mucho más complicado parece encontrar un punto medio en las concesiones de agua y las obligaciones con las comunidades. La paradoja es que se trata de zonas muy apartadas donde con frecuencia la mejor actividad posible es la minería. Los sueldos que paga esta industria son 37% superiores al promedio nacional.
¿Qué pasará con la propuesta de Ley? El diálogo entre empresarios y Gobierno ya es una realidad, pero la desconfianza es mutua. Hay duda razonable sobre el margen de maniobra que hay para modificar la iniciativa. ¿Qué instrucciones ha girado el presidente a los legisladores y a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro? El año pasado, la línea era no tocar ni una coma. Quizá algo ha cambiado. Hace unos días, las aerolíneas consiguieron que se eliminara la propuesta del cabotaje en la iniciativa de Ley de Aviación Civil. ¿Qué quiere AMLO con la minería…está jugando al gato y el ratón con la iniciativa?
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