Javier Lozano pasó el fin de semana en Tijuana, en el cumplimiento de sus funciones como asesor de José Antonio Meade, junto con Luis Madrazo, José Ramón Martel, Armando Ríos Piter y Aurelio Nuño, participó en los simulacros del debate electoral en los que el publicista Carlos Alazraki llevó mano a la hora de definir … Continued
Javier Lozano pasó el fin de semana en Tijuana, en el cumplimiento de sus funciones como asesor de José Antonio Meade, junto con Luis Madrazo, José Ramón Martel, Armando Ríos Piter y Aurelio Nuño, participó en los simulacros del debate electoral en los que el publicista Carlos Alazraki llevó mano a la hora de definir los “posicionamientos de contraste” con los demás contendientes por la Presidencia de la República.
El Real Inn de la ciudad fronteriza se convirtió el pasado fin de semana en el cuartel de la campaña tricolor. Además del set de televisión donde Meade ensayó, en otra de las suites de ese hotel de Grupo Empresarial Ángeles sesionaba el war room de comunicación, donde los estrategas priistas monitorearon las interacciones en redes sociales sobre el debate en tiempo real.
A diferencia del entusiasmo —que raya en el arrebato— del meadeadismo, el senador poblano estuvo más bien ensimismado, tratando de capotear las borrascas recientes: las redes sociales reaccionaron furibundas al spot contra los viejitos dispersado el jueves pasado vía Twitter por el vocero de la campaña del PRI.
En aquella ciudad fronteriza también le llegó el aviso publicado en el Semanario Judicial de la Federación sobre el caso que lo confrontó con Napoleón Gómez Urrutia hace una década, después de que la STPS negara la nota del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Lozano explicara a los medios que la decisión obedecía a que Napito había evadido la acción de la justicia.
Gómez Urrutia reclamó una indemnización por el daño moral ocasionado por esas declaraciones y después de analizar el caso, la Suprema Corte determinó que los criterios sobre la información emitida por el Estado, sus instituciones o funcionarios, deben ser de interés público, de relevancia pública o de interés general, lo que se cumple si contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan ejercer un cargo público; lleven a cabo actividades socialmente notorias; desarrollen alguna actividad política; por su profesión; por su relación con un caso importante; por su trascendencia en el sistema económico; por alguna relación con la sociedad, así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el desarrollo de la democracia.
La información oficial, de acuerdo con el criterio de la SCJN, debe ser veraz: reflejar una diligente difusión de la verdad, ya sea porque la autoridad emisora de la información utilice investigaciones, datos, informes o estadísticas oficiales que le sean propios o bien de otras autoridades, así como por aquellos hechos notorios para la sociedad. La veracidad —definieron los ministros— no implica la exigencia de comprobar una verdad contundente y absoluta, sino una certera aproximación a la realidad en el momento en que se difunde, aun cuando por el transcurso del tiempo sea desmentida o no pueda ser demostrada.
La información oficial debe ser objetiva e imparcial; esto es, se requiere que carezca de toda intervención de juicios o valoraciones subjetivas que puedan considerarse propias de la libertad de expresión y que, por tanto, no tenga por fin informar a la sociedad sino establecer una postura, opinión o crítica respecto a una persona, grupo o situación determinada. (Tesis: 2a.XXXIV/2018 (10a) Registro: 2016930).
En su momento, al revisar el asunto, en abril del 2016, la Segunda Sala de la SCJN negó el amparo tramitado por Gómez Urrutia, por lo que Lozano no tuvo que indemnizarlo.
Efectos secundarios
¿ESPONTÁNEOS? Más que notoria, la ausencia de los líderes del PRI, del PAN y del PVEM en Tijuana es preocupante. De eso platicaban los líderes políticos que coincidieron en los pasillos de la sala de última espera del aeropuerto de Tijuana. Allí coinciden Manuel Granados, presidente del CEN del PRD; Luis Castro Obregón, mandamás de Nueva Alianza; la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y la lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky. El despegue del vuelo 185 será 70 minutos después de lo programado y en la fila de acceso volverán a esquivarse Ricardo Anaya y Juana Cuevas. El candidato presidencial panista viaja con su esposa, Carolina, y Salomón Chertorivski, mientras que la aspirante a primera dama encabeza el segmento rojo de la cabina del Boeing 767-300 de Aeroméxico, con su suegro, Dionisio Meade y Manlio Fabio Beltrones. En medio, Lorenzo Córdova, presidente del INE, su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y los consejeros Adriana Favela, Dania Ravel y Enrique Andrade.
ESTRENO. La Escuela Nacional de Jueces, auspiciada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, está por estrenar nueva sede. Ese edificio —de acuerdo con el consenso entre los magistrados capitalinos— llevaría el nombre de Edgar Elías Azar, pero existe una férrea oposición por parte de los detractores del ahora embajador de México en Holanda. La controversia dentro del gremio es tal, que el expresidente del TSJDF ya ha mencionado que prefiere no aceptar la distinción y, de hecho, propuso que la obra lleve el nombre de Benito Juárez. Tal postura —dicen sus críticos— pretende esquivar cuestionamientos sobre su desempeño como magistrado presidente y, sobre todo, rehuir de cualquier polémica con el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
¿ESTROPICIOS? Más asuntos jurisdiccionales: un grupo de empleadas del área de equidad de la SCJN está empecinada en obstaculizar los trabajos del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra Margarita Luna Ramos. Sus amagos más recientes tienen que ver con el Encuentro Internacional “Juzgar con perspectiva de género”, sobre el que hacen un boicot silencioso.
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