De acuerdo con los registros oficiales, en agosto del 2017, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital y en diciembre de ese año, Focir erogó 25 millones de pesos, mientras que las empresas privadas invirtieron otros 58 millones
Bajo asedio mediático (¿y fuego amigo?), Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, fue señalado como “cacique del agua”, luego de que un consorcio de investigación periodística documentara el daño ecológico provocado por Enerall en la península de Yucatán.
¿Empresa de biotecnología? ¿Megaproyecto? La investigación conjunta no es precisa en este aspecto. El consorcio periodístico tampoco atinó a desentrañar que el gobierno federal es socio minoritario de Enerall, hace casi siete años, a través del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir).
En ese periodo (2013-2018), la compañía obtuvo al menos 23 títulos para la explotación de aguas, de los cuales 14 están a su nombre y el resto fue otorgado a terceros y después puesto a disposición, luego de la compraventa de los terrenos, afirma el reportaje de Proceso-Aristegui Noticias.
Enerall nació en el 2007 y, una década después, su principal socio era Black River, un holding agroindustrial que entonces era propiedad de Cargill, que detentaba 73% de las acciones, mientras que 15% de las acciones era de Grupo Plenus —antes Pulsar—, a través de su filial Agrotecnología Geotel. El resto lo tenía el gobierno federal, a través de Focir, e Inmobiliaria Olfam.
En abril del 2013, de acuerdo con información entregada por los administradores del fondo a la Auditoría Superior de la Federación, inyectaron 89.1 millones de pesos a Enerall Master SAPI, que había buscado financiamiento para un proyecto a desarrollar en Yucatán. La inversión era de 297 millones de pesos, de los cuales 207.9 millones provendrían de empresas privadas.
Enerall —según consta en esos registros— “es empresa de tecnología agroindustrial que desarrolla propiedad intelectual para transformar suelos con gran contenido de roca caliza en suelos productivos mecanizables”. Y el proyecto consistía en la adquisición y transformación de tierra en desuso en tierra fértil para la producción de granos y oleaginosas en Yucatán, además de la adquisición de una planta procesadora de aceite de ricino.
La acumulación de concesiones de agua y la compra de tierras están fielmente reflejadas en el trabajo del consorcio periodístico, que tras de consultar el Registro Público de la Propiedad de Yucatán, identificó a Enerall Terra 1 y Enerall Terra 2 como compradoras de 15,000 hectáreas en 47 predios, por las que erogaron más de 255 millones de pesos entre el 2011 y 2018.
Al menos 41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía de préstamos solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y mejoramiento de suelos. Y seis de éstos fueron hipotecados con Agronegocios Laad, una organización que otorga préstamos a empresas agroindustriales que venden sus productos en mercados internacionales. Otros 26 predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos con la empresa Cargill.
Estos últimos pertenecen al municipio de Tizimín, donde Enerall y Cargill instalaron una planta procesadora de semillas de maíz, trigo y soya en el 2017, que requirió una inversión de 140 millones de pesos. En sus silos podrían almacenar 50,000 toneladas métricas de semillas de maíz blanco y amarillo, así como soya y sorgo, mismos que provendrán de las cosechas de Enerall de los campos que explota en el oriente de Yucatán y que producen 15,000 hectáreas al año, campos que anteriormente eran usados para ganadería y agricultura extensiva.
Para el 2020, de acuerdo con los planes presentados a los accionistas, se ampliaría la capacidad de almacenamiento a casi 130,000 toneladas métricas de granos producidos en la península yucateca. En el ciclo primavera-verano del 2018, Enerall sembraría 4,800 hectáreas de la oleaginosa.
De acuerdo con los registros oficiales, en agosto del 2017, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital y en diciembre de ese año, Focir erogó 25 millones de pesos, mientras que las empresas privadas invirtieron otros 58 millones.
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