Con la información que suelte “El Mayo”, EUA tendrá elementos para abrir casos en contra de funcionarios, políticos y militares mexicanos. Más vale que la presidenta se adelante y así evite que la podredumbre le salpique
LIC. JESÚS RAMÍREZ CUEVAS,
COORDINADOR DE ASESORES,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
Soborno: corrupción, compra, cohecho.
Diccionario de la Real Academia
No escatimo el gran esfuerzo que hacen las distintas dependencias de seguridad para que la estrategia en la materia sea exitosa. En la mañanera del miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dio cifras alentadoras sobre lo logrado desde el inicio de la administración a la fecha: 30 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto, 240 toneladas de droga asegurada e inhabilitación de mil 356 laboratorios inhabilitados, entre otras acciones. El golpe al crimen organizado le significa una pérdida de 50 mil millones de pesos. Nada mal.
Sin embargo, todavía no da nombres Ismael “El Mayo” Zambada y ya está generando olas. En la misma mañanera la mandataria fue cuestionada sobre la información que el gobierno tiene sobre la colusión de políticos, militares y policías con el crimen organizado. Es una pregunta peliaguda, pero nuestra mandataria no atina a dar una respuesta satisfactoria, dicho sea con todo respeto. Hace falta asesorarla mejor.
Las respuestas de doña Claudia fueron débiles y todavía más cuestionables. Palabras más, palabras menos, la presidenta afirmó que no tenían datos sobre la colusión de militares y funcionarios, omitiendo tres veces mencionar a los policías. Para dar soporte a lo dicho por la doctora Sheinbaum, Harfuch afirmó que “lo que, en su momento, tuvimos fueron detenciones (…) de autoridades locales. No hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado. (…) Normalmente las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales”.
Ello nos hace suponer que, si se llega a reventar el hilo, será por lo más delgado: las policías estatales. Líbrenos Dios de imaginar que algún militar o marino haya cedido a la tentación de los sobornos de los malandros.
La presidenta afirma que las indagatorias “no se hacen ahora, a partir de lo que dijo (“El Mayo”); esto es algo que se hace todos los días, todos los días. Y todos los días se presentan, si se encuentran pruebas a partir de la investigación, las denuncias al Ministerio Público”.
Caray, Jesús, si todos los días se hacen investigaciones, ¿cómo es que no tienen ningún nombre de algún funcionario o político corrupto? Una de dos: o hacen muy mal las investigaciones o no quieren hacer más olas en el sistema político. Nadie se traga que el crimen organizado opera sin la connivencia de funcionarios y no sólo de las policías.
Por si no lo leíste ayer, El Universal publicó un informe de inteligencia militar que fue hackeado por Guacamaya Leaks. Se trata del Caso Zarigüeya, ocurrido en Sinaloa. El informe hace referencia a un funcionario de mucha confianza del entonces secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo que “le envía información inmediatamente (al Cártel del Pacífico) cuando sucede una situación relevante (…) lo cual le permite reaccionar de manera inmediata”. Según el reporte militar, la infiltración habría tenido lugar durante el gobierno de Quirino Ordaz y el primer año de Rubén Rocha.
Por cierto, Castañeda es militar y ahora se desempeña como secretario de Seguridad en el Edomex; es probable que pueda aducir que ignoraba que la persona de su confianza era un traidor y también es probable que sea cierto. Pero tanto han dicho que Calderón sabía de los pasos de García Luna que la 4T solita se ha puesto la soga al cuello.
La presidenta no debe caer en el mismo error de su antecesor en el sentido de exonerar a priori a militares y marinos, porque su pertenencia a las Fuerzas Armadas no los hace santos. No digo que todos estén coludidos con el narco, sino que no sería de extrañar que unos cuantos hayan caído en la corrupción; la carne -y el bolsillo- es débil.
Lo mismo puede observarse con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Cada vez que le preguntan a la presidenta, responde con la evasiva de que la Fiscalía General de la República es la que tiene la información. Formalmente, eso es lo correcto: que la FGR informe el avance de las indagatorias en Sinaloa. Pero este gobernador cada vez está más hundido y sostenerlo, pese a todos los indicios, solo redundará en un enorme costo para la presidenta Sheinbaum y la 4T. A la fecha, sigue quedando en duda si realmente estaba en California, EUA, cuando tuvo lugar el secuestro de “El Mayo”; es más, no se ha procedido judicialmente por el intento de engaño sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén, asesinado durante el secuestro.
Con la información que suelte “El Mayo”, EUA tendrá elementos para abrir casos en contra de funcionarios, políticos y militares mexicanos. Más vale que la presidenta se adelante y así evite que la podredumbre le salpique.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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