Como veo que andan muy apurados preparando la convocatoria para los aspirantes a sustituir a las actuales personas juzgadoras, le sugiero que incluyan en la misma lo que podríamos llamar gajes del oficio
LIC. GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA,
PRESIDENTE DEL SENADO:
+No es lo mismo ser torero
que ver los toros desde la barrera.
Refrán popular
Como veo que andan muy apurados preparando la convocatoria para los aspirantes a sustituir a las actuales personas juzgadoras, le sugiero que incluyan en la misma lo que podríamos llamar gajes del oficio.
Desde Palacio Nacional y luego en el Congreso se generalizaron las fallas del Poder Judicial (PJ); que si el nepotismo, que si la lentitud, que si la puerta giratoria para delincuentes, que si la corrupción, como si todos y cada uno de los trabajadores cayeran en esos supuestos. Lo que no vieron, don Gerardo, es lo que México Evalúa (ME) sí investigó y reporta en el documento Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México (2/9/2024).
México Evalúa convocó a todos los poderes judiciales y fiscalías locales, así como a sus pares a nivel federal, a responder un cuestionario y aceptar entrevistas; solo 19 accedieron, pues los demás hicieron como que la virgen les hablaba. La información que recolectó México Evalúa en las casi mil 500 encuestas y 50 entrevistas es para tomarse muy en serio. El meollo de la investigación fue indagar si en los últimos 10 años las personas juzgadoras y el personal que les asiste han sufrido amenazas o agresiones; y, en su caso, de qué tipo y qué se hizo al respecto.
Del total juzgadores (jueces y magistrados federales y locales) y personal que les asiste (actuarios y personal ejecutor), 40% indicó que ha sido objeto de una o más agresiones. Éstas van desde amenazas de lesiones, de homicidio y/o de daño a sus familiares, hasta persecuciones. Ya de suyo las amenazas son para inquietar a cualquiera; el problema es que a veces se las cantan y se las cumplen, pues el reporte da cuenta de la muerte de 21 juzgadores en la década investigada, 14 de ellos durante el presente sexenio.
Los actuarios la llevan peor. 52% de los respondientes indicaron haber sufrido amenazas en más de una ocasión y ya se registraron seis casos de muerte. Al especificar cómo han sido las amenazas de lesiones, tenemos intentos de linchamiento, haber sido rociado con gasolina, levantones, desapariciones y golpes, todo ello durante el ejercicio de sus funciones, las cuales se dan fuera de las instalaciones oficiales. Las agresiones hacia el personal ejecutor son todavía más frecuentes: 68% las ha recibido.
Y no vaya usted a creer que estas agresiones y amenazas se dan nada más con los casos del orden penal y por el crimen organizado; aunque usted no lo crea, también ocurren con la misma frecuencia en los casos mixtos. No hay que ser Einstein para deducir que la mayoría de los ataques provienen del entorno de la persona imputada; lo sorprendente es que también tienen su origen en la parte acusadora y hasta en las fiscalías, cuando los jueces se niegan a determinar la prisión preventiva.
Como usted recordará, don Gerardo, desde Palacio Nacional se insistió en la corrupción del Poder Judicial Federal. Pues déjeme que le cuente que hay otros actores que arremeten contra el PJF, como los cárteles inmobiliarios, “grupos de interés económico y político e integrantes de las propias instituciones del Estado, como miembros y exmiembros de instancias de seguridad como las fuerzas armadas”.
De los servidores públicos agredidos, sólo el 39% de las personas juzgadoras y el 29% de las actuarias reportaron la situación ante el poder judicial. ¿Adivine por qué? Porque en la mayoría de los PJ locales no hay una instancia que se encargue de este tipo de asuntos; a lo mucho se anota por ahí el incidente sin más. Por supuesto, este tipo de hechos prácticamente no trascienden a las fiscalías, lo cual es un indicio de que el personal judicial ha normalizado la violencia que les rodea.
El estudio tiene sus curiosidades, senador Noroña. Por ejemplo, Michoacán reportó cero incidentes, cuando es mundialmente sabido que es una entidad sumamente violenta. Por alguna extraña razón, en algunas entidades solo se registran las agresiones, sin especificar si éstas tuvieron como efecto alguna medida de protección.
Como en todo, hay excepciones. “Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato y Zacatecas cuentan con estrategias institucionales, establecidas en su normatividad, de protección a su personal”.
Así pues, licenciado Noroña, la reforma al Poder Judicial se quedó corta, nada más viendo la paja en el ojo ajeno. No reconoce los riesgos que los funcionarios de todos los niveles corren para impartir justicia, ni hay procedimientos para recibir denuncias, mucho menos para actuar en consecuencia. Para acabar pronto, las fiscalías ni caso hacen a las pocas denuncias que les llegan.
¿Harán los legisladores algo al respecto?
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
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