Con la intención de obtener su registro, Renovación Democrática Nacional avanzaría en el primer semestre del 2019 para aglutinar 5,000 asociados y al menos delegaciones en siete entidades federativas, impuestos por el INE
Faltaba una semana para que concluyera el sexenio peñista y un grupo de funcionarios federales, colaboradores cercanos a Rosario Robles, acudía a Guadalajara. Convocados por Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de Oficina en Sedesol y Sedatu, debatirían sobre una nueva ruta de participación política, al margen de los partidos y —sobre todo— en oposición a la nueva mayoría izquierdista.
El hartazgo ciudadano y los escándalos recientes de corrupción entre la clase gobernante —sostenían— justificaban la articulación de un nuevo movimiento de jóvenes conjuntados con académicos, intelectuales, líderes sociales y “notables actores políticos” en las 32 entidades de la República. La asamblea avaló la propuesta de Sosamontes Herreramoro —militante comunista en sus juventudes, exdirigente del PSUM, del PMS y del PRD; exlegislador y exfuncionario del GDF— de constituir una nueva Agrupación Política Nacional.
Con la intención de obtener su registro, Renovación Democrática Nacional avanzaría en el primer semestre del 2019 para aglutinar 5,000 asociados y al menos delegaciones en siete entidades federativas, impuestos por el INE. Cumplida esa meta, en el 2021 podrían sumarse a una coalición electoral.
La primera mesa directiva de RDN estaría encabezada por Marcos Ibarra Infante, excoordinador de delegaciones en la Sedesol y en la Sedatu mientras Rosario Robles estuvo al frente de ambas dependencias. Adán Gardiazábal García, también exfuncionario de ambas dependencias, quedaría como secretario general y la exlegisladora Norma Esparza Herrera —expresidenta del PRI en Aguascalientes— como secretaria de organización.
Ibarra comenzó a recorrer el país hace dos meses, acompañado de Sosamontes y Simón Pedro de León Mojarro, su mentor político y también cercano colaborador de la exsecretaria. Esta nueva aventura de organización política, empero, podría naufragar por la implicación de sus altos mandos en la Estafa Maestra.
Ibarra y De León —quien lo antecedió como coordinador de delegaciones en Sedesol— fueron citados por el juez de control por primera vez, hace cuatro semanas, tras tramitar un diferimiento, el pasado viernes 29 formalmente notificados de las acusaciones que afrontan, por uso indebido de facultades al firmar un convenio con Universidad Intercultural del Estado de México, por 124 millones de pesos.
Químico egresado de la UAZ —fue condiscípulo de Rocío Nahle, actual secretaria de Energía—, De León Mojarro se especializó en ingeniería electoral y coincidió con Sosamontes en el PSUM. Casado con Margarita Alonso Reyes, apoyó la carrera política de su cuñado Miguel, quien fue secretario particular de Ricardo Monreal y posteriormente alcalde de Zacatecas.
Miguel Alonso lo nombró entonces secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento, pero no pudo concretar su proyecto de nombrarlo como sucesor. En 2010, luego de ganar la gubernatura, impulsó el relanzamiento de la carrera política de su pariente político pero a medias, pues no pudo llevarlo al Senado, en el 2012. Entonces, De León decidió integrarse al equipo de Rosario Robles y desde allí, construir una plataforma que lo llevara a la candidatura al gobierno estatal.
En 2016, De León Mojarro dejó Sedesol para regresar a Zacatecas pero Alonso —quien respaldaría la nominación del senador Alejandro Tello como candidato del PRI a la gubernatura— le cerró el paso a cualquier nominación. Los últimos dos años del sexenio, Robles encabezó Sedatu y dejó que su excolaborador desplegara sus talentos como operador electoral en distintos estados del país, para la causa de Miguel Ángel Osorio Chong. Ibarra Infante ocuparía su lugar.
Ambos habrían autorizado otros ocho convenios denunciados en la Estafa Maestra pero aducen —al igual que los otros exfuncionarios imputados— que fueron falsificadas sus firmas. De León Mojarro también se deslindó de cualquier afiliación a la organización que presiden Sosamontes Herreramoro e Ibarra Infante y sostiene que los señalamientos en su contra buscan minar el proyecto monrealista, al que ahora profesa lealtad.
EFECTOS SECUNDARIOS
ÚLTIMA GENERACIÓN. El gobierno del estado de Hidalgo invertirá 500 millones de pesos para construir el sincrotrón mexicano, una infraestructura tecnológica que permitirá avanzar en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, potencializar la vocación petrolera de México y beneficiar las industrias farmacéutica, agroalimentaria y aeroespacial.
REMANENTES. Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, de Francisco Álvarez Morphy Alarcón, irrumpió entre los proveedores de vacunas para el sector salud a finales del sexenio peñista. Tan sólo a un año de haber sido constituida, esa firma obtuvo 16 contratos que sumaron más de 1,000 millones de pesos. La entrega de lotes no pudo ser concretada, por un aseguramiento promovido por la Cofepris. No obstante los incumplimientos, el nuevo gobierno federal mantuvo los contratos con la farmacéutica: el IMSS le compró lotes de la vacuna Antipertussis, tras erogar 67.3 millones de pesos el 21 de diciembre pasado y tres días después, la Secretaría de Salud le compró vacuna BCG, por 43.4 millones. Álvarez Morphy es nieto del exdueño de El Heraldo, Gabriel Alarcón, y además de las empresas familiares cuenta con un amplio portafolio de inversiones, que incluye la inmobiliaria HV Los Cabos y VVF Oil Gas, en la que está asociado con Victoria Espinosa Jiménez, también copropietaria de Laboratorios Imperiales Pharma, según asientos consultados en el Registro Público del Comercio.
RECAUDALES. En los primeros 11 meses del 2018, las embotelladoras comercializaron 19.1 millones de litros de bebidas saborizadas, 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior. En complemento, el informe de ingresos presupuestarios del gobierno de la Secretaría de Hacienda en noviembre de 2018 reportó una recaudación de 2,170 millones de pesos, 7.7% más que noviembre 2017. Desde enero de 2014, a noviembre de 2018, de acuerdo con cifras de la SHCP, se reporta en IEPS a bebidas saborizadas 110,323 millones de pesos. Este impuesto perjudicó especialmente a los hogares más pobres, consideran los expertos.
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