En esas instalaciones, un acusado fue diagnosticado con Covid-19 e inmediatamente quedó aislado del resto de los internos
En los juzgados del distrito este de Nueva York, todos los juicios civiles y penales agendados entre el 15 de marzo y hasta el 27 de abril quedaron suspendidos indefinidamente. La Corte federal permitió audiencias, por videoconferencia e inclusive por teléfono, pero prohibió el acceso a los separos y las salas de audiencias a los abogados defensores, sólo aquéllos “cuya presencia sea esencial”, están autorizados a ingresar a los edificios judiciales en aquella entidad, el epicentro de la pandemia del Covid-19.
Tales restricciones impidieron que el abogado César de Castro —designado defensor de oficio por la Corte— se reuniera con su cliente, Genaro García Luna, antes de comparecer ayer ante el juez Ramón E. Reyes, encargado de resolver la solicitud de fianza para el exfuncionario mexicano, retenido en el centro de detención de Brooklyn, acusado de haber recibidos sobornos del Cártel de Sinaloa.
En esas instalaciones, un acusado fue diagnosticado con Covid-19 e inmediatamente quedó aislado del resto de los internos.
Reyes no resolvería sobre el fondo de la causa, radicada en el caso 1:19-cr-00576-BMC. Sólo debía desahogar la petición tramitada por tercera ocasión, el pasado 25 de marzo. Las dos anteriores fueron denegadas. Esta vez, García Luna argumentó que su vida corre peligro, por la propagación del coronavirus y la fiscalía volvió a reiterar que no encontraba una condición —o combinación de condiciones— que aseguraran razonablemente la presentación del acusado ante el juez Brian Cogan cuando arranque el juicio.
“El riesgo de que este acusado huya si es liberado bajo cualquier condición es inaceptablemente alto”, insistieron, “la evidencia de su culpa es condenatoria, incluye el testimonio de numerosos testigos, múltiples testigos de primera mano que sobornaron personalmente al acusado, incautaciones de drogas, registros financieros”.
Ayer, el exsecretario de Seguridad Pública del calderonismo compareció ante el juez Reyes por teleconferencia. Su abogado nuevamente ofreció una fianza de 2 millones de dólares, con su departamento en de South Beach, Florida —valuado en 1.2 millones de dólares— como garantía. Y reveló que la esposa y los hijos de su cliente viven en la capital estadounidense.
Hace dos meses, cuando García Luna tramitó la fianza por primera vez, los fiscales acreditaron que ésa y otras de las propiedades adquiridas por el exfuncionario mexicano en Miami y Dallas estaban en proceso de ser confiscadas por el fisco estadounidense.
Esta vez, la defensa de García Luna informó que Carlos Villar, exagente del FBI, estaría entre los garantes de la fianza. Los fiscales sostuvieron que hace años que no han tenido contacto. Villar, quien combatió en Vietnam, pasó 35 años como agente especial, dentro del Equipo de Negociación de Incidentes Críticos (CINT), especializado en secuestros. En México fue agregado jurídico del buró en la Ciudad de México, hasta su retiro. Era propietario de VR Global Security Consulting, además de ser socio de Home Helpers y Direct Link.
Los fiscales sostuvieron que García Luna “tiene acceso a agua caliente y jabón”, no tiene más de 60 años y no está en la lista de detenidos considerados en peligro por el Covid-19. Y el juez Reyes no encontró evidencia definitiva sobre una enfermedad respiratoria crónica u otro padecimiento de García Luna que lo pusiera actualmente en riesgo mayor.
“No estoy seguro de que, dada la seriedad de los cargos que enfrenta el señor García Luna, si se le encuentra culpable de una sentencia significativa, pueda resistir el impulso de huir”, sentenció, por lo que rechazó la petición.
Efectos secundarios
IMPONDERABLES. Para proteger a su fuerza laboral y aumentar los esfuerzos de contención ante el Covid-19, Ford Motor Company suspendió la producción en sus unidades en sus plantas de Norteamérica, incluida el estampado y ensamble de Hermosillo, Sonora, durante dos semanas. El propósito de la firma trasnacional era reanudar actividades esta misma semana, pero en el inter, sus directivos se encontraron con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por fuerza mayor y la decisión anticipada de la gobernadora priista Claudia Pavlovich de resguardar a los trabajadores de todas las actividades productivas, con excepción de las esenciales.
RIGUROSOS. Frustrado su intento de aprobar, fast track su iniciativa para modificar el marco legal que rige la subcontratación en los contratos laborales, Napoleón Gómez Urrutia decidió prescindir de los servicios del staff que lo asesoraba en la Comisión del Trabajo del Senado de la República, incluido el secretario técnico de ese órgano parlamentario, quienes ante tan tajante decisión, reclamarán resarcimientos. ¿Y la solidaridad en tiempos del Covid-19?
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