Hasta el 12 de febrero del 2020, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar ocupó esa posición, tras de ser reelecto por los senadores el 3 de octubre del 2017
Hace tres semanas, 25 mandos medios y superiores del Instituto Federal de Telecomunicaciones acudieron a la audiencia que los tres comisionados del órgano regulador concedieron a los representantes de AT&T. El único tema a tratar era, de acuerdo con la agenda pública divulgada en la víspera, la devolución del espectro radioeléctrico.
Una videoconferencia, que duró apenas 25 minutos. Los comisionados Ramiro Camacho Castillo, Javier Juárez Mojica —quien es presidente en suplencia por vacancia— y Sóstenes Díaz González escucharon la breve presentación de los representantes del agente económico: Héctor Vázquez Lezama, encargado de planeación de redes; Daniel Ríos, de asuntos externos y sustentabilidad; Antonio Díaz Hernández, de regulación y Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, abogado de AT&T y quien hasta el 12 de febrero del 2020 presidió al IFT.
El pleno puede sesionar porque hay cuatro comisionados de los siete integrantes del órgano de gobierno, al que también está adscrito Arturo Robles Rovalo. Según lo dispuesto en el Artículo 28 constitucional, el Senado de la República debe nombrar a los comisionados del Instituto, incluido al presidente del pleno, quien ejercerá ese cargo durante cuatro años, renovable por una sola ocasión.
Hasta el 12 de febrero del 2020, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar ocupó esa posición, tras de ser reelecto por los senadores el 3 de octubre del 2017. Tres semanas después, la Junta de Coordinación Política propuso una quinteta para seleccionar al nuevo presidente y resultó electo, en la segunda ronda, Adolfo Cuevas Teja, quien ya no pudo repetir en el cargo.
La audiencia del pasado 20 de diciembre tuvo efectos retardados. Desde el domingo pasado se han dado a conocer graves acusaciones contra varios comisionados, servidores y exservidores públicos —entre ellos Gabriel Contreras—, acusando corrupción, conflictos de interés, desmantelamiento de funcionarios de áreas clave para poner nuevos con el propósito de operar decisiones a modo, cosas que incluso, ha observado la propia Contraloría del órgano autónomo. La prensa especializada ha ventilado resoluciones favorables para a los intereses de AT&T y América Móvil: a la primera le perdonaron 428 millones de pesos y a la segunda nada más y nada menos que más de 22,000 millones de pesos, todo de multas, esto es, por no cumplir sus obligaciones.
Hay un subtexto empresarial y una coyuntura política: la embestida oficial contra los órganos autónomos, que se extiende al INE y al Inai. Contra el IFT además se sumó una comunicación retomada el portal especializado en telecomunicaciones, Hoy en Telecom —que circuló profusamente en las oficinas del órgano autónomo— que refiere los presuntos actos de corrupción de los cuatro comisionados en funciones a favor de AT&T y Telmex.
El IFT cruza por un punto de inflexión. La omisión legislativa se combina con una imparable pérdida del capital humano formado en el organismo desde su fundación.
¿Conflicto de intereses? Ha llamado poderosamente la atención que ante este gran cocktail de problemas impera el silencio sepulcral. Es urgente que estos actos que hasta ahora han carecido de transparencia, se investiguen con toda seriedad y al más alto nivel. No se puede beneficiar a unos en perjuicio del erario que beneficia a todos y poniendo en riesgo la competencia en el sector.
¿O es que cuando el río suena…?
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